¿Y ahora qué? La amnistía puede seguir paralizándose e incluso no aplicarse finalmente

Diez días después de recibir la luz verde definitiva del Congreso de los Diputados, la ley de amnistía se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la mañana de este martes tras ser firmada por el Rey Felipe VI. Aunque la norma haya quedado negro sobre blanco en el diario oficial estatal y, por tanto, cobre vigencia de inmediato, aún no ha llegado a su meta: se espera que desencadene una oleada de movimientos políticos y judiciales, como los recursos de inconstitucionalidad que ya ha venido anunciando el PP desde hace meses. 

Partiendo del plazo de dos meses que los jueces y tribunales aún tienen por delante para aplicar la ley, hay varios supuestos en los que la amnistía puede acabar paralizándose e incluso no aplicarse finalmente. Por un lado está la posibilidad de que un juez considere que la ley de amnistía puede entrar en conflicto con la Constitución española, en cuyo caso deberá trasladar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

Y no solo un juez puede acudir al tribunal de garantías: también pueden hacerlo, entre otros, los grupos parlamentarios con más de 50 diputados, como ya ha anunciado que hará el PP. Varios líderes regionales del partido de Alberto Núñez Feijóo han avanzado durante las últimas semanas que recurrirán la medida de gracia, a quienes se sumará el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. 

Cuando una norma es recurrida ante el Tribunal Constitucional o cuando un juez presenta una cuestión de inconstitucionalidad cabe la posibilidad de que el órgano de garantías adopte medidas cautelares, llegando a paralizar su aplicación hasta que el asunto quede zanjado. Sin embargo, la propia proposición de ley de amnistía trata de blindarse frente a este supuesto en su articulado, puesto que establece que "el carácter singular" de la norma "deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, así como la finalización de la ejecución de las penas impuestas".

Por otro lado, un juez puede dudar sobre el encaje de la ley de amnistía en el Derecho europeo. Si esto ocurre, debe presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dirimirá sobre esta cuestión. Si este tribunal considera que una norma nacional es contraria a una normativa comunitaria, el juez tiene que dejar de aplicarla y atenerse a la interpretación del tribunal europeo. Y, según dicta la jurisprudencia de la UE, la causa correspondiente quedará en suspenso hasta que el tribunal europeo resuelva.