Turull, Rull, Junqueras y otros 36 encausados por el procès piden que se les aplique la ley de amnistía

Tras publicarse la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los políticos independentistas que han sido condenados por el procès han pedido que se les aplique la norma para poner fin a sus causas. De un lado, las defensas jurídicas de los 37 encausados de ERC, incluido Oriol Junqueras, han presentado este martes por la mañana sus peticiones formales para reclamar la aplicación de la ley. Por la parte de Junts, la defensa del recién nombrado presidente del Parlament, Josep Rull, ha pedido aplicarle la amnistía para borrar sus antecedentes penales, mientras que el exconseller y secretario general del partido, Jordi Turull, la ha reclamado para terminar "inmediatamente" con la inhabilitación de 12 años que le impuso el Tribunal Supremo (TS) en la sentencia del 1-O.

Los tres políticos soberanistas, indultados en 2021, han sido los primeros en manifestar la aplicación de la ley orgánica para sus causas. Las defensas jurídicas de Esquerra ya lo han formalizado, al haber presentado "todos los escritos pidiendo que se aplique la ley", con la intención de "cerrar las 37 causas que afectan a dirigentes del partido". Entre los procesados de ERC que piden la amnistía se encuentran el exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó y Meritxell Serret; la secretaria general de ERC fugada en Suiza, Marta Rovira; o la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El diputado electo como presidente del Parlament gracias a un pacto entre Junts, ERC y CUP, Josep Rull, ha pedido que se le aplique la amnistía con el fin de borrar sus antecedentes penales. Rull ha asegurado en una entrevista a Rac1 que tener antecedentes penales tiene efectos negativos para desarrollar su vida con normalidad. "Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y yo, que tenemos penas extinguidas, tenemos antecedentes penales muy graves que nos dificulta la posibilidad de viajar a determinados países", ha aseverado.

Mientras, el exconseller de Junts, Jordi Turull, ha reclamado que se le aplique la medida de gracia para poner fin "inmediatamente" a la inhabilitación que le impuso el Supremo en la sentencia del 1-O por desobediencia en concurso con malversación, y que se extiende hasta 2030. La defensa de Turull esgrime que su caso está amparado por la ley de amnistía y que su condena por malversación cumple el requisito de que no haya existido intención de enriquecerse, algo que ya viene respaldado en el propio fallo que lo condenó. La inhabilitación por esta causa es la única condena que le queda pendiente después de que en 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez le otorgara el indulto y perdonase la condena de 12 años de prisión.

Blindaje ante posibles recursos

A partir de ahora, la aplicación de la ley, que se aprobó el pasado 30 de mayo por la mayoría del Congreso, queda en manos de los tribunales que tengan que dirimir sobre las causas vinculadas al procés, como es el caso del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y más de 300 causas en juzgados y tribunales de Cataluña. Los jueces tienen un plazo de dos meses para aplicarla, sin perjuicio de que puedan plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Aunque los jueces aún tengan dos meses para aplicar la ley, se prevé que las comunidades autónomas gobernadas por el PP presenten ante el Tribunal Constitucional sus respectivos recursos de inconstitucionalidad, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) o Juanma Moreno (Andalucía). A los 'populares', se unirá el socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que también prepara un recurso.

Sin embargo, la vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirrepresiva de ERC, Marta Vilaret, ya ha adelantado que en los casos en los que los jueces "entorpezcan o ralenticen" la aplicación de la amnistía, ERC pedirá que se levanten las medidas cautelares. 

La formación independentista optaría por esta vía en tanto que el texto de la ley de amnistía trata de blindarse frente a los recursos en su articulado. La norma, de "carácter singular", "deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, así como la finalización de la ejecución de las penas impuestas".