Los vecinos de Valencia se lanzan a cambiar los Estatutos de su comunidad para frenar los pisos turísticos antes del final de la moratoria

Rafael Gil es vecino del barrio de Benimaclet y propietario de dos pisos en la calle Valladolid, cuyas comunidades han decidido modificar sus estatutos para frenar la "invasión" de apartamentos turísticos. En Valencia, la proliferación de este tipo de alojamientos ha empujado a las asociaciones vecinales a la movilización porque, tal y como explica a 20minutos Paco Guardeño, portavoz de la Asociación Vecinal de Benimaclet, "suben el alquiler, provocan molestias de convivencia y degradan la calidad de vida en el barrio". Como expone Visit Valencia, el portal oficial turístico del Ayuntamiento, la capital valenciana a 31 de diciembre de 2023 contaba con 10.286 alojamientos turísticos de los que la Agencia Valenciana de Turismo solo tenía registrados 5.747. Por lo tanto, 4.539 estaban funcionando de forma irregular.

A raíz del malestar ciudadano, María José Catalá, alcaldesa de Valencia, anunció que, desde el pasado martes 28 de mayo, el Ayuntamiento no daría nuevos permisos para habilitar apartamentos turísticos, independientemente de los estatutos de cada comunidad. La moratoria contará con una vigencia de un año, prorrogable a un segundo, periodo que algunas comunidades vecinales están aprovechando para modificar sus estatutos y limitar la instalación de alojamientos temporales en un futuro. Desde la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal en 2022, las comunidades de vecinos pueden poner restricciones o prohibir por completo la instalación de apartamentos turísticos con un 60% de votos a favor.

Desde el anuncio de Català, las peticiones de licencias turísticas se han multiplicado por cuatro, alcanzando las 344. Sin embargo, el Ayuntamiento aseguró que estas solicitudes, aun habiéndose tramitado antes de la entrada en vigor de la moratoria, podrían no concederse. Sobre esto, Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, cuenta que, desde la Ley de Propiedad en 2022, los cambios de estatutos en general se han disparado, pero que, en este último año, se han visto principalmente motivados por acabar con las molestias que causan los turistas a los vecinos. Fuentes registrales de la Comunitat respaldan este hecho y afirman haber notado que, desde ya 2023, la mayoría de modificaciones en Valencia han sido por la creciente preocupación por las consecuencias económicas y de convivencia de este tipo de inmueble. 

"Frenar la inmoralidad y velar por la convivencia"

Los dos edificios donde Rafael Gil es propietario son dos de las fincas de Benimaclet donde se ha aprobado limitar la apertura de nuevos apartamentos turísticos por distintos motivos, pero con el mismo objetivo: frenar "la inmoralidad y velar por las buenas condiciones de convivencia y habitabilidad". Uno de los edificios es de protección oficial y el otro de construcción reciente. El valenciano explica que, en la finca de reciente edificación, les empujó a tomar la decisión el poco control de entrada, el constante flujo de inquilinos no habituales y la degradación de las zonas comunes como el ascensor, que "siempre estaba sucio", o la azotea, que utilizaban como lugar recurrente para hacer "botellón".

"Nos parecía mal que un edificio de VPO se convirtiese en una pensión con estancias de máximo siete meses"

Mientras que, en el edificio de protección oficial, la decisión fue tomada por obras no autorizadas y por el abuso en los precios. A los vecinos les parecía "inmoral" que un edificio VPO se convirtiese en "una pensión con estancias de máximo siete meses" en las que convertían el salón y zonas comunes en habitaciones para alojar a los máximos inquilinos posibles, en su mayoría trabajadores temporales o estudiantes, por 550 euros la habitación. El vecino narra el proceso de aprobación vecinal como "fácil", pero asegura que también hubo debate por la presencia de locales comerciales que contemplaban convertirse en hospedajes turísticos en el futuro.

La actividad ilegal continuará "si nadie lo impide"

Por esto último, Sebastián Cucala considera estas modificaciones como una "medida importante" a reflexionar porque limita decisiones futuras de vecinos a través de regulaciones "autoimpuestas". El presidente aclara que los pisos turísticos gestionados de forma legal y responsable no son problemáticos y, por ello, no asegura que la moratoria del Ayuntamiento vaya a cumplir sus objetivos porque los inmuebles sin licencia "van a seguir sin tenerla", pero su actividad va a continuar "si nadie lo impide".

"La solución es un aumento de inspecciones y un endurecimiento de las sanciones"

Cucala ve necesario un aumento de personal para hacer inspecciones y un endurecimiento de sanciones que evite que la moratoria se quede "en una simple declaración de intenciones". "Los administradores de fincas aconsejamos y acompañamos, pero muchas veces nos encontramos con que el respaldo del personal administrativo es nulo. Esto ya no solo crea frustración en nosotros, sino en los vecinos que ven comprometida su calidad de vida".

Una "mancha de aceite de especulación e incomodidad"

De esta frustración se hace eco el portavoz vecinal Paco Guardeño, que define con "profunda" preocupación la tendencia creciente en distintos barrios de la capital valenciana como una "mancha de aceite de especulación e incomodidad". A raíz de esto, varios ciudadanos de Benimaclet decidieron crear esta asociación para "concienciar" a los vecinos y recomendarles modificar sus estatutos para acabar beneficiando de forma colectiva al barrio y, así, a la ciudad. Fuentes registrales apuntan a 20minutos que un 80% de los cambios de estatutos realizados desde enero de 2023 (casi 4.000 de los 5.000 realizados) habrían sido incentivados por problemas con pisos turísticos.

"Nos negamos a bajar la guardia por miedo a que la moratoria se quede en palabras vacías"

El informe municipal en el que se sustenta esta medida basado en otros estudios de Exceltur, la Universitat de Valencia y Castro Consulting, expone que el impacto de las viviendas turísticas en la subida de los precios de alquiler de vivienda es de un 3,3% de media, pero alcanza hasta el 10% en zonas turísticas de la ciudad como Ruzafa, el Carmen o Ciudad Vella. Por ende, también se han organizado en asociaciones con el objetivo de que los máximos vecinos posibles denuncien los alojamientos turísticos ilegales presentes en sus fincas y, así, presionar a las autoridades a intensificar la vigilancia y el control. El activista describe como "bendita" la moratoria del Ayuntamiento, pero cree que llega tarde. Por ello, él y sus compañeros se niegan a bajar la guardia por miedo a que consista en un simple intento de desmovilizar a "vecinos enfadados", pero que no se materialice en medidas reales.