La entrada en vigor de la ley de amnistía este martes ha dado paso a un goteo de decisiones judiciales. Ahora que los tribunales dan los primeros pasos en la aplicación de la amnistía, la sensación es de máxima incertidumbre. Es posible que algunos tribunales decidan aplicar la amnistía directamente a causas vivas o ya concluidas. También es posible que otros lo rechacen de plano. Y por último se contempla que algunos jueces o tribunales pregunten al Tribunal de Justicia de la UE o al Constitucional por el encaje de la norma en el Derecho europeo o en el nacional.
En consecuencia, es posible que algunos beneficiarios sean amnistiados en cuestión de dos meses. Pero también puede quedar gente fuera de la amnistía y algunas causas pueden paralizarse durante meses, o incluso años. Sea como sea, varios tribunales han dado ya sus primeros pasos: el Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por el momento, las órdenes de detención nacionales contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira -todos fugados de la justicia- siguen vigentes.
El Supremo pregunta en la causa del 'procés'
El Tribunal Supremo ha dado el primer paso hacia la aplicación (o inaplicación) de la amnistía en la causa del procés. La Sala que juzgó a los líderes independentistas condenados por el 1-O, presidida por Manuel Marchena, dio este martes un plazo de cinco días a la Fiscalía, la acusación popular y las defensas de los condenados para que presenten sus alegaciones. Previamente, los 37 encausados de ERC, entre ellos Oriol Junqueras, presentaron a primera hora sus peticiones de aplicación de la ley.
En los próximos días se tendrán que pronunciar, además de ellos, las acusaciones populares y la Fiscalía. Esta última institución debe pasar por un proceso delicado antes de responder al tribunal. Los fiscales del procés ya comunicaron hace semanas su postura. Reunidos con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le trasladaron que, a su juicio, la malversación que se cometió en el procés no encaja en los supuestos amnistiables de la norma. Por tanto, consideran que no se debe amnistiar ni a Puigdemont ni a Junqueras, sobre el que aún pesa una pena de inhabilitación.
Este martes por la mañana, García Ortiz se reunió con dos de estos fiscales: Javier Zaragoza y Jaime Moreno. Dado que la Fiscalía tiene cinco días para adoptar una posición respecto al procés, García Ortiz pidió a los fiscales del procés que entreguen un informe en 24 horas. Ellos indicaron en la reunión que su postura es la misma que adoptaron en aquel primer informe genérico, y el fiscal general tendrá que valorarla a partir de este miércoles.
Si no está de acuerdo, ordenará cambiar el criterio. Si los fiscales del procés no asumen esta orden, podrán convocar a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo para que este órgano, formado por los fiscales de más alto rango, llegue a una conclusión que, en todo caso, no será vinculante. En definitiva, el fiscal general tendrá la última palabra.
La amnistía y el terrorismo: Tsunami Democràtic
Junto a la malversación del procés, el presunto terrorismo de Tsunami Democràtic es la gran incógnita en la aplicación de la amnistía. La investigación de las acciones de esta plataforma contra la sentencia del procés -esencialmente una protesta masiva en el aeropuerto de El Prat- llevaba años dormida en la Audiencia Nacional. Pero a finales del año pasado, el juez instructor Manuel García Castellón la reactivó y al avanzar en sus pesquisas, apreció indicios de terrorismo en aquella manifestación. Además, identificó a Carles Puigdemont como uno de los posibles responsables de aquellas movilizaciones.
El siguiente paso fue pedir al Tribunal Supremo que investigase al expresident y a un diputado de ERC también presuntamente involucrado, Rubén Wagensberg. Dado que ambos están aforados, la Audiencia Nacional no tiene potestad para investigarlos. El Tribunal Supremo aceptó abrir una causa contra estos dos políticos a finales de febrero, unas pesquisas que cayeron en manos de la magistrada Susana Polo.
Tanto ella como García Castellón -que dirige la causa contra los no aforados, entre ellos Marta Rovira- han dado diez días a las partes para que se pronuncien sobre la aplicación de la amnistía. Lo que tendrán que determinar, una vez hayan oído a la Fiscalía, los acusados y la acusación popular, es si los hechos que investigan son susceptibles de ser amnistiados.
El TSJC y la amnistía a Mas, Torra, Jové y Salvadó
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha iniciado el mismo proceso que el Supremo y García Castellón: la Sala Civil Penal del tribunal ha pedido a la fiscalía y las demás partes que razonen en el plazo de 10 días si procede aplicar la amnistía a cinco procesos judiciales, entre ellos la condena al expresident Artur Más, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau por la consulta del 9 de noviembre de 2014.
El tribunal también ha emplazado las partes a posicionarse sobre la revisión de la condenas firmes impuestas por desobediencia al exconseller y exalcalde de Agramunt (Lleida) Bernat Solé y al exdiputado de la CUP Pau Juvillà. Todas están liquidadas, pero la amnistía puede tener efectos en la cancelación de sus antecedentes penales. El TSJC también debe decidir sobre la amnistía a Josep María Jové y Lluís Salvadó, de ERC, asó como a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, pendientes de juicio por malversación por los preparativos del 1-O.
El Tribunal de Cuentas y la cuestión prejudicial
En caso de que todos estos tribunales consideren que la amnistía afecta a causas que investigan o a otras ya juzgadas, se plantea una segunda cuestión, vital para el futuro de los posibles beneficiarios de la ley. Porque pese a ser de aplicación para un hecho concreto, la amnistía podría no aplicarse si resulta contraria al Derecho de la Unión Europea o al Derecho español. En caso de que un juez o un tribunal dude del encaje europeo de la ley de amnistía, su obligación será trasladar estas dudas al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Entre tanto, la ley dicta que se deben alzar inmediatamente las medidas cautelares, pero la jurisprudencia del TJUE establece que mientras se dirime una cuestión prejudicial se debe paralizar la causa aludida, así que no está claro lo que puede pasar. De momento, Pablo Llarena ha confirmado que mantiene vigentes las órdenes de detención contra los encausados.
El Tribunal de Cuentas ha sido el primero en contemplar la posibilidad de una cuestión prejudicial ante el TJUE. De hecho, ha dado un plazo de diez días a las partes para que digan si procede plantear una prejudicial. La consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento ha indicado en su providencia que la ley "puede oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea".
Los jueces podrán acudir también al Tribunal Constitucional si consideran que la amnistía -o alguna parte concreta de la norma- es inconstitucional. Además de los jueces, podrán acudir al órgano de garantías partidos políticos con más de cincuenta diputados, en el caso de la oposición, únicamente el PP.
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