El Gobierno central y Canarias llegan a un acuerdo sobre el reparto de menores migrantes: "Vemos la luz al final del túnel"

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, María Candelaria Delgado.
Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias.
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La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, María Candelaria Delgado.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, ha señalado este martes que su Gobierno está "un poquito más contento" ante el acuerdo con el Ejecutivo central para la reforma legal que obligue a las comunidades al reparto de menores migrantes. "Por fin vemos la luz al final del túnel", ha asegurado.

La consejera ha hecho estas declaraciones antes de entrar a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra este martes. Será presidida por la ministra Sira Rego, que abordará un nuevo reparto de menores desde Canarias y Ceuta por el mecanismo de solidaridad vigente. El acuerdo ha sido anunciado también este martes por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Aunque este no ha dado detalles del acuerdo, el Gobierno y Canarias trabajaban desde hace meses en un texto para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Su objetivo sería obligar a las comunidades a acoger a menores migrantes no acompañados llegados a zonas tensionadas, como Canarias, Ceuta o Melilla. La consejera ha recordado que la situación en las islas es "alarmante". "Seguimos sin encontrar más sitios donde albergar a los menores", ha señalado, antes de recordar que su Gobierno está estudiando la posibilidad de habilitar colegios en desuso para este fin.

Delgado ha dicho desconocer los trámites que seguirán ahora para sacar adelante el texto -que pasan por recabar el apoyo de los grupos políticos- pero ha mostrado su deseo de que "se apruebe cuanto antes". Así, podría disponer de esta "herramienta jurídica" que permitiría a Canarias y al resto de comunidades tener "suficiencia financiera" para atender adecuadamente a los menores.

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