El Gobierno ha acodado este martes con las comunidades autónomas un fondo de 15 millones de euros para fortalecer la atención a los menores migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en Canarias, Ceuta y Melilla. Lo han hecho en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que, sin embargo, la ministra Sira Rego no ha conseguido aprobar los otros 20 millones de euros que tenía previstos para desplegar el reparto voluntario de los en torno a 400 niños migrantes que se preveía repartir por todo el territorio en base a unos criterios ponderados.
Así, la reunión de este martes ha concluido con una de cal y otra de arena para el Ministerio de Juventud e Infancia. Se ha dado luz verde a esa partida de 15 millones —6 para Canarias y 4,5 para Ceuta y 4,5 para Melilla, procedentes de los presupuestos prorrogados—para apoyar la acogida de los menores migrantes no acompañados en los territorios de mayores llegadas; pero el Ejecutivo no ha conseguido que las comunidades autónomas del PP diesen su visto bueno al otro fondo de 20 millones de euros con los que se pretendía repartir a 400 niños (300 de Canarias y 100 de Ceuta) por todo el territorio nacional, según se debatió en la Comisión Sectorial de Infancia y Juventud celebrada el pasado 24 de abril.
"La verdad es que sorprende, en cualquier caso, que no hayamos sido capaces de aprobar los otros 20 millones que teníamos asignados y trabajados previamente, completamente de acuerdo con las comunidades autónomas para el reparto de niños y niñas por todo el territorio", ha lamentado la titular de Juventud e Infancia en declaraciones a los medios tras reunirse con los consejeros del ramo. Rego ha reprochado a las comunidades gobernadas por el Partido Popular que hayan tumbado una medida que "ya se había consensuado en 2022" y mediante la cual se establecía un reparto voluntario de esos menores según una serie de indicadores, como el número de plazas que han tenido que satisfacer en los últimos meses, la tasa de paro del territorio o la dispersión poblacional.
En todo caso, Rego ha manifestado la intención de "seguir trabajando" esos criterios de reparto en una siguiente Conferencia Sectorial, para la cual todavía no hay fecha fijada. "Supongo que también que la presencia de algunos gobiernos de extrema derecha en algunos gobiernos supone también una cuestión que ha operado en este caso. Pero yo insisto mucho en que los criterios se habían aprobado previamente, y seguimos con vocación de seguir acordando", ha insistido.
Reforma de la ley de extranjería
En paralelo, el Ministerio de Juventud e Infancia sigue negociando con el Gobierno de Canarias una reforma de la ley de extranjería que haga ese reparto vinculante y obligatorio para todas las comunidades autónomas. Estamos todavía trabajando en ello. "Estamos trabajando en ello, todavía no tenemos el acuerdo cerrado", ha detallado Rego, quien también ha defendido que se trata de un proceso de negociación en el que se está acabando de "vertebrar" y "plantar la política migratoria con un enfoque que ponga en el centro los derechos humanos y el interés suprior del menor.
En los meses que llevan sucediéndose esas conversaciones entre ambos gobiernos sí se han conseguido cerrar algunos flecos, como que esa distribución "solidaria" y vinculante se haga cuando las comunidades de llegada excedan el 150% de su capacidad. Pero faltan todavía detalles por pulir, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay varias comunidades que se han posicionado en contra de esa modificación y porque aún no se ha concretado cuál será la fórmula legislativa para impulsar esa reforma, si mediante una proposición de ley o a través de un real decreto.
Estas negociaciones han sido, de hecho, una de las razones por las cuales las comunidades del PP han "bloqueado" —en palabras de Rego— la otra partida presupuestaria de 20 millones que tenían pensado poner ene marcha este martes. Según ha contado la consejera de Madrid, Ana Dávila, han decidido posponer el reparto de los menores migrantes tras conocer que el Ejecutivo central había llegado a un acuerdo con Canarias "para realizar un reparto adicional, con carácter de obligatoriedad, bajo la fórmula de un cambio legislativo de la ley de extranjería, sin tener en cuenta a ninguna de las comunidades autónomas afectadas".
En ese sentido, Dávila ha pedido una modificación de unos criterios de reparto, que se acordaron en 2022 cuando "no estábamos inmersos en esta crisis migratoria" y las autonomías no estaban sometidas a la "presión" que considera que sufren ahora. "Exigimos que el Gobierno de España siga actuando, actúe en origen, que no lo está haciendo y que siga coordinando de una forma eficaz, los repartos con información y por supuesto con la financiación que llevamos más de seis meses solicitando al Gobierno, que no existe y que estamos asumiendo las comunidades autónomas en solitario", ha reivindicado.
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