El PP y el PSOE se alían en el Congreso y dan el primer paso para reformar el Código Penal con el fin de endurecer el castigo a la multirreincidencia en hurtos y estafas. El punto de partida es una proposición de ley de los populares para que se tengan en cuenta los antecedentes penales por delitos leves, aunque los socialistas ya ha expresado algunos reparos y ha anunciado enmiendas. Con la votación de este martes, se ha vuelto a dividir el voto de los partidos del Gobierno de coalición y algunos de sus socios: por un lado, el PSOE, que se ha alineado con el PP esta vez, y por otro, Sumar, ERC y Bildu, que han rechazado la propuesta.
La iniciativa ha sido defendida por la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, quien considera que la multirreincidencia se ha convertido en una "lacra creciente" para nuestro país y es necesario proporcionar un instrumento jurídico que mejore la respuesta penal contra estos delitos. "Así que mejorará la convivencia que se está deteriorando en las ciudades y alejará la amplia sensación de inseguridad", ha insistido.
Una postura que ha respaldado Vox, aunque Javier Ortega Smith cree que llega tres años tarde, y también UPN, cuyo diputado, Alberto Catalán, ha defendido que "no se puede mirar para otro lado" cuando en España, según ha asegurado, existen los datos "más altos" de la historia de nuestro país en materia de criminalidad.
Pero también Junts quiere abrir este debate. Su diputado Josep Cervera ha situado la multirreincidencia como uno de los problemas "más importantes" a los que se enfrenta Cataluña. Igualmente, el portavoz de Justicia e Interior del PNV, Mikel Legarda, ha tildado de "necesario" trabajar para mejorar las penas, pero sin dejar de lado "otras medidas sociales de acompañamiento".
Por su parte, la diputada del PSOE Mamen Sánchez ha avanzado que desde su formación votan a favor de la toma en consideración de la propuesta para buscar "soluciones compartidas", aunque ha advertido de que no están de acuerdo con muchos de los puntos de la iniciativa y consideran además que no solo hay que reformar el Código Penal. Además, ha lamentado que al PP solo le preocupe este asunto cuando hay elecciones.
Tras la votación, desde el PP han recordado los proyectos impulsados por el PSOE que decayeron o que el propio Gobierno tuvo que retirar por falta de apoyos, como la ley contra el proxenetismo y la del suelo. Ahora, dicen, los socialistas se ven "obligados a apoyar la proposición de ley sobre multirreincidencia para protegerse de una nueva derrota parlamentaria". "La debilidad del Gobierno es tal que para poder estar en el bando de los que ganan votaciones en la Cámara tiene que validar las iniciativas del Partido Popular", han criticado.
En el lado opuesto, desde Sumar, ERC y Bildu han aprovechado sus intervenciones para expresar su rechazo a la toma en consideración de la norma por considerarla "desproporcionada" e "ineficaz". "Lo que pretenden no es solucionar problemas, sino alimentar los conflictos y el miedo", ha afeado la diputada de ERC Teresa Jordá, en línea muy similar a la del diputado de Bildu, Jon Iñarritu, quien ha calificado de "bulos" los datos aportados para defender la iniciativa.
Según recoge la iniciativa registrada por el PP, el Código Penal ya se cambió en 2015 para tipificar como delito agravado la multirreincidencia en el hurto (artículo 235.1.7.), cualquiera que fuera su gravedad, de manera que cuando el responsable ya estuviera condenado tres o más veces en firme por delitos contra el patrimonio, el tribunal podía imponerle una pena de entre uno y tres años de prisión. Este tipo agravado de multirreincidencia comprendía los antecedentes de condenas por delito leve de hurto, sin sujeción a una cuantía mínima relativa al valor de lo apropiado, informa Ep.
Sin embargo, en 2017 el Tribunal Supremo dejó sin efecto la reforma de 2015 en relación con la multirreincidencia por delito leve de hurto. Por un lado, avisó de la imposibilidad de considerar los antecedentes penales por delito leve mientras no se modificara el Código Penal para aplicarlos al tipo agravado de multirreincidencia; y, por otro, destacó la desproporción punitiva resultante cuando todos los delitos que concurren en la multirreincidencia son leves.
En 2019, el Supremo dictó similar doctrina respecto al tipo agravado de estafa, cuando todos los delitos que integran la multirreincidencia son leves (impagos en gasolineras, restaurantes y hoteles, están entre los más frecuentes). Asimismo, los populares recuerdan que en 2022 se reformó el artículo 234 del Código Penal para establecer normas que facilitasen el uso de información financiera y de otro tipo para a la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, pero sin terminar de dar una respuesta para estos delitos.
Proporcionalidad de las penas
Por eso, desde la bancada popular consideran que esta iniciativa plantea adaptar de forma precisa el Código Penal a las exigencias de las sentencias dictadas por el Supremo con el objetivo de resolver los problemas que no atajó la última reforma. A tal fin, proponen modificar los artículos 22.8., 66.1.5. y 80.2.1. del Código Penal para permitir la consideración de los antecedentes penales por delitos leves en caso de multirreincidencia.
Por otro lado, el texto aboga por modificar los artículos 234.2, 235.1.7, 235.1.10 y 250.1.8 para asimilar la pena por multirreincidencia de delitos leves de hurto y estafa, respectivamente, a la prevista para los tipos básicos de ambos delitos en los artículos 234.1 y 249.
Con estas modificaciones, esgrimen, se despejan las dudas sobre la consideración de los antecedentes penales por delito leve para su integración en los respectivos tipos agravados por multirreincidencia; y de proporcionalidad, en tanto la multirreincidencia integrada por delitos leves no supera la pena prevista por el legislador para el tipo básico de hurto o estafa.
Finalmente, incluyen una modificación del artículo 235.1.10 para que si los objetos sustraídos fueran dispositivos electrónicos susceptibles de contener datos personales el aumento de la pena estuviese justificado por la especial protección de los datos.
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