Los fiscales del 'procés' comunican a García Ortiz que se niegan a amnistiar la malversación: "Es contrario a la ley"

Los cuatro fiscales de la causa del procés han entregado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el informe que recoge su negativa a amnistiar la malversación que se atribuye, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont, al entender que sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE. En su opinión, es "improcedente" y "contrario a las leyes", por lo que aseguran que si el jefe del Ministerio Público está a favor de aplicar la amnistía en este sentido, deberá plasmarlo por escrito y convocar a la Junta de Fiscales para debatirlo.

En el documento, al que ha tenido acceso 20minutos, los fiscales defienden que es "indudable" que tanto Puigdemont como el resto de encausados por malversación en el proceso independentista -ya sean los huidos o los indultados por el Gobierno en 2021 y que permanecen inhabilitados- "sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar, contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un proyecto inconstitucional de desintegración de España".

Los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno inciden, además, en que "esos fondos no han sido restituidos". Por otro lado, para los cuatro fiscales "es evidente que la ley de amnistía afecta directamente a los intereses de la Unión Europea". Defienden, en este sentido, que la finalidad del procés fue "la desintegración de España", "con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto". 

Así las cosas, los cuatro informan al jefe del Ministerio Público de que se oponen a amnistiar la malversación atribuida a los encausados del procés. "Su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma", apuntan.

Como ya adelantaron el pasado 30 de mayo al jefe del Ministerio Público, los fiscales del procés entienden que Puigdemont y el resto de encausados por malversación sí tuvieron ánimo de lucro y sus actuaciones afectaron a los intereses financieros de la UE. Por ende, dichos actos quedarían fuera de la amnistía porque así lo fija la propia ley, añaden.

Ahora, en su informe, avisan al fiscal general de que si no está de acuerdo con su criterio y considera que sí debe aplicarse la ley de amnistía a dichos encausados, "deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada". El delito de malversación afecta a Puigdemont, los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros condenados Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Si el fiscal general no está de acuerdo con esta conclusión que hacen los cuatro fiscales, se convocará estos días una Junta de Fiscales de Sala en la que la cúpula de la carrera se posicionará sobre este asunto. En cualquier caso, García Ortiz tendría la última palabra, aunque está por ver si estaría dispuesto a ir en contra de la opinión mayoritaria de los fiscales de más alto rango. Zaragoza, Madrigal, Moreno y Cadena sostienen también en su escrito que si García Ortiz impone que se debe aplicar la amnistía, ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general.

Tanto si el fiscal general concuerda con el informe como si se opone a él, la Fiscalía debe establecer un criterio sobre la aplicación de la amnistía a la malversación del procés en cinco días. Este es el plazo que establecieron este martes tanto el juez instructor Pablo Llarena, que investiga al propio Carles Puigdemont, como el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó a los indultados. Tras escuchar al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, Llarena y el tribunal presidido por Manuel Marchena deberán determinar si los delitos del 1-O son amnistiables. 

"Es necesario" acudir al TJUE y el Constitucional

Tras comunicar al fiscal general su postura respecto a la amnistía en la causa del procés, los fiscales dedican un último bloque de su escrito a señalar que "es necesario plantear" una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE y una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

La norma "puede ser inconstitucional al vulnerar principios, valores y derechos constitucionalmente reconocidos, en cuanto al delito de desobediencia, y subsidiariamente en el delito de malversación", indica el informe. Por tanto, los fiscales instan a presentar una cuestión ante los tribunales y a acordar "la suspensión del procedimiento" hasta que este resuelva.