El PP rechaza el órdago que le ha lanzado el presidente del Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los de Alberto Núñez Feijóo no están dispuestos a aceptar la amenaza de un PSOE que cede ante ERC y que además ha perdido las últimas elecciones europeas. "No aceptamos ultimátums de nadie. Si no se los da a ERC o a Junts para la investidura de Salvador Illa, con menos razón se lo puede dar al PP, que le ha derrotado en las urnas tres veces en un año", han señalado fuentes del PP.

De este modo, la oposición rechaza la fórmula de Sánchez, que amaga con retirar al órgano la facultad de nombrar a magistrados del Tribunal Supremo si no pactan antes de fin de mes, ya que "no rebaja el control de los partidos" sobre el órgano. "El planteamiento del PSOE de dejar todo como está no es válido".

El presidente del Gobierno ha anunciado este miércoles en una entrevista en TVE que está dispuesto a tomar medidas ante el bloqueo del CGPJ que lleva más de un lustro caducado. Así, ha lanzado un ultimátum al PP, con el que lleva años negociando: o acepta la propuesta del PSOE para renovar el órgano antes del próximo mes de julio o el Gobierno "dará una respuesta". Tal y como ha explicado, pasaría por "revisar" la capacidad del órgano de hacer nombramientos discrecionales de magistrados para hacerla "más objetiva".

Así, el PP censura la "chulería" de un presidente con "precariedad parlamentaria" y un descenso de apoyos en las urnas. Fuentes de Génova entienden que la intención de Sánchez es "controlar a los jueces para poder evitar que tomen decisiones que le lleven, después, a tener que insultarles".

Si bien el equipo de Feijóo rechaza las formas, no renuncian a sentarse en la mesa de negociación bajo las mismas exigencias de siempre: que jueces elijan a los jueces para profundizar en la independencia judicial. "Nos sentaremos con la persona que designe la Comisión cuando nos diga la Comisión, y nos dirigiremos a ellos a la mayor brevedad. El planteamiento de Sánchez es contrario al método de trabajo fijado entre PP, PSOE y el supervisor designado".