El recurso de inconstitucionalidad que presentará la Comunidad de Madrid a la ley de Amnistía sigue cumpliendo trámites en el seno del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero aún carece de fecha aproximada de presentación, aunque necesariamente deberá ser antes del 11 de septiembre para cumplir con los plazos legales. El Consejo de Gobierno madrileño, que se ha reunido este miércoles de forma extraordinaria en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, ha conocido el dictamen de la Abogacía General que avala la pretensión de acudir al Tribunal Constitucional (TC) contra la totalidad de la norma.
Tal y como ha explicado la presidenta madrileña, el Ejecutivo solicitó un informe a los abogados autonómicos a finales de mayo, tras la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, y los servicios jurídicos han concluido que el texto que se publicó este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "afecta" a los pilares básicos sobre los que se asienta la Constitución de 1978.
"No se puede admitir una ley que crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con la igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución", han traslado desde el Ejecutivo de la Puerta del Sol, que ve en la amnistía una "violación" de los principios de "seguridad jurídica, de la separación de poderes y de la igualdad de todos los españoles ante la ley".
"Nuestro Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales", se ha valorado desde la Puerta del Sol, Ejecutivo que igualmente señala que la ley de Amnistía "supone una ruptura con la separación de poderes". "El poder legislativo invade las funciones del judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", se ha precisado.
"Frente al escándalo de la amnistía, no nos vamos a quedar de brazos cruzados", ha advertido Díaz Ayuso, "actuamos con la Constitución en la mano", ha aseverado. La presidenta no ha avanzado si la Comunidad interpondrá el recurso antes del parón vacacional de agosto o si lo dejará para principios de septiembre, ya que estaría dentro del plazo legal de tres meses. "No hace falta correr, sino hacer las cosas debidamente", ha afirmado Díaz Ayuso preguntada sobre los tiempos que maneja, una prudencia en la que también se ha movido Alberto Núñez Feijóo en las últimas horas.
Hace unos días, cuando la presidenta madrileña avanzó que ya estaba activada la maquinaria para presentar el recurso, fuentes del Ejecutivo regional explicaron que el calendario con el que trabajaban suponía no presentar ese recurso antes de que llegaran al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) las primeras cuestiones prejudiciales que van a plantear los jueces y tribunales que tienen alguna causa afectada por la Amnistía.
Estas cuestiones prejudiciales son una herramienta a disposición de los jueces que está prevista en el Derecho Comunitario y cuyo fin último es garantizar la aplicación efectiva y homogénea de la legislación en toda la Unión Europea. En virtud de ellas, los jueces y tribunales pueden dirigirse al TJUE para pedirle una aclaración sobre la interpretación que ha de hacer para aplicar una ley en un caso que estén juzgando.
Se sabe que hay magistrados que ya han ido preparando estas cuestiones prejudiciales sobre la ley de Amnistía, pero se desconoce cuándo las registrarán. Su presentación y posterior estudio paralizaría la aplicación de la ley hasta que hubiera un fallo del TJUE, tal y como se trasladó hace semanas desde la Comisión Europea, de ahí que este sea la primera instancia que valoran los detractores de la ley publicada este martes.
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