La Fiscalía General del Estado estima que la amnistía puede afectar a 82 causas penales en las que están encausadas "aproximadamente 486 personas". Estos son los procedimientos penales "relacionados con el procés" recopilados por el Ministerio Público, que sin embargo señala que "no a todos puede serle de aplicación la ley de amnistía al existir delitos que no se incluyen en el texto legal".
De todas estas causas judiciales, el Ministerio Público destaca en primer lugar la causa del procés que se lleva en el Tribunal Supremo por delitos de malversación y desobediencia. Por un lado está el juicio por el que un tribunal de la Sala de lo Penal condenó a los líderes independentistas que después fueron indultados por el Gobierno. Pero también se tiene en cuenta la investigación que dirige el instructor Pablo Llarena contra Carles Puigdemont y el resto de huidos.
En segundo lugar se recogen las dos causas que dirige la Audiencia Nacional: la investigación por terrorismo a los Comités de Defensa de la República (CDR) y, por el mismo delito, a la plataforma Tsunami Democràtic. Esta última instrucción se dirige también en el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg, ambos aforados y huidos en el extranjero.
Además, la Fiscalía incluye en su listado dos procedimientos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, malversación y prevaricación. Más allá de estos cinco procedimientos centrales, el Ministerio Fiscal ha identificado causas susceptibles de la aplicación de la amnistía en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
Además de cinco causas de la Audiencia Provincial de Barcelona, entran en el listado otros 18 procesos correspondientes a los juzgados de instrucción y de lo Penal de Barcelona. También se han identificado causas en L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Martorell, Sant Feliú de Llobregat, El Prat de Llobregat y Vilanova y la Geltrú. Otros procesos se encuentran en los juzgados de instrucción de Sabadell, de Cerdanyola del Vallés, de Mataró, de Granollers y de Terrassa.
En Girona, la Fiscalía ha apreciado 19 procesos a los que podría afectar la medida de gracia. Uno de ellos se dirige en la Audiencia Provincial de Girona, otros 12 en los Juzgados de Instrucción de Girona, uno en los de Bisbal d'Empoderà y cinco más en Figueres. En Lleida existen, según esta estimación, siete causas posiblemente amnistiables, todas en los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de Lleida, excepto una en los de Solsona.
Por último, el escrito de la Fiscalía General del Estado recoge 12 causas amnistiables en Tarragona, de las cuales ochos se dirigen en los juzgados de Instrucción de la capital de provincia. Otra de ellas corresponde a los juzgados de Instrucción, dos más a los de Tortosa y el último, a los de Valls.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó hace meses a los fiscales del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y del TSJC que hiciesen un recuento de las causas relacionadas con el procés. Un trabajo complejo que ha dado lugar a estas conclusiones. Sin embargo, el verdadero reto para el fiscal general será coordinar la posición de la Fiscalía en las diferentes causas en las que sea posible su aplicación.
Fuentes de la institución confirmaron a este periódico que la instrucción de García Ortiz es no actuar de oficio, es decir, no pedir de motu proprio que ningún juez o tribunal estudie aplicar la amnistía a una causa concreta. Al contrario, los fiscales tienen orden de esperar a que sean los jueces o los acusados quienes pongan esta cuestión sobre la mesa.
Dos días después de la entrada en vigor de la ley, esto ha ocurrido ya en muchas causas. El martes, el Tribunal Supremo dio un plazo de cinco días a la Fiscalía y las partes personadas en la causa del procés para presentar alegaciones. Los fiscales del caso no creen que la malversación del 1-O encaje en los límites de la medida de gracia, y así se lo han trasladado este miércoles al fiscal general. Álvaro García Ortiz debe decidir si está de acuerdo con esta tesis o, en caso contrario, dar orden de informar a favor de la amnistía.
Si opta por lo segundo, es posible que los fiscales del procés se nieguen a acatar la orden y la lleven a debate en la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo. En todo caso, la conclusión de la Junta no será concluyente y García Ortiz tendrá la última palabra.
Procesos como este se pueden suceder a lo largo de los próximos dos meses en cada uno de los tribunales que debe decidir sobre la aplicación de la amnistía. También en el Supremo, la magistrada Susana Polo ha dado diez días a las partes para que se pronuncien sobre el encaje de la amnistía en la causa de Tsunami Democràtic. Se trata de un procedimiento separado: Polo investiga a Puigdemont y Rubén Wagensberg y Manuel García Castellón a Marta Rovira y al resto de imputados en la Audiencia Nacional.
El instructor de la Audiencia ha dado plazo idéntico a las partes. Por otro lado, diez agentes de la Policía Nacional acusados por las cargas del 1 de octubre de 2017 han pedido al Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona que se les aplique el olvido jurídico.
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