La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez que abrió una investigación contra ella que aclare qué hechos conforman la causa. La solicitud se ha realizado después de que la Fiscalía Europea decidiera quedarse con la parte relativa a los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es. Gómez, está investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios.
En el escrito, el abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, explica que el procedimiento quedó acotado por orden de la Audiencia Provincial de Madrid "exactamente" a los hechos que se queda la Fiscalía Europea e invoca la tutela del derecho de defensa para requerir al juzgado que "aclare cuáles son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia" del mismo. Si bien la defensa es consciente de que no puede tener acceso al contenido total del auto que da respuesta al requerimiento del órgano comunitario, justifica su petición en "la tutela del derecho de defensa".
El letrado comparte en su escrito la parte dispositiva del auto firmado por Peinado el 7 de junio. En él, el juez Juan Carlos Peinado señala que se inhibe "de las diligencias previas 1146/2024" de su juzgado, exclusivamente respecto a los hechos y delitos relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE en la que participaba el empresario Juan Carlos Barrabés, y que contó con cartas de recomendación de la mujer del presidente. En esa parte dispositiva, Peinado matiza que acuerda esto "sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos".
Suspensión de declaraciones
Precisamente, este martes trascendió que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 también acordaba suspender las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía parte de la investigación. Por el momento, mantiene la declaración de Gómez agendada para el 5 de julio.
La decisión de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) de emitir el decreto para asumir parte de la causa se dio a conocer una semana después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en la sede de la sociedad pública Red.es. Dónde se recopiló información con contratos que adjudicó a Barrabés y que están relacionados con la investigación por orden de la Fiscalía Europea.
La UTE bajo sospecha
Cabe recordar que el 26 de abril este órgano comunitario se interesó por la causa y preguntó a Peinado, el juez que admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Gómez, si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos. En ese decreto la EPPO pidió al juez que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento "estaría implicada la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley", integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las "recomendaciones o avales" de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea "podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia" para investigar dichos contratos si así lo estimaban pertinente, por lo que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna. En una providencia, el juez de Madrid contestó que en los hechos que investiga constaban "procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros, a la UTE compuesta por las entidades Innova Next -sociedad del Grupo Barrabés--, SLU Escuela de Negocios, y The Valley".
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