El martes se aprobó la nueva estrategia de cuidados, que marca la hoja de ruta para transformar el modelo de dependencia de aquí a 2030. ¿Cómo debería estar el sistema en unos años si se sigue bien esa estrategia? 
Entendemos la estrategia como un horizonte y como una transición, como un proceso de transformación. En función de los recursos, la voluntad política y también del cambio de mentalidad y del empuje ciudadano que haya para que esto suceda, el logro de la estrategia será mayor o menor. Nos imaginamos un horizonte de políticas públicas que permitan que cuando tú necesitas cuidados en los últimos años de tu vida o por circunstancias especiales, una discapacidad, porque eres una persona sin hogar o un niño dentro del sistema de protección infantil, que responda a tus necesidades y a tus deseos de cómo vivir esa vida. Y que puedas hacerlo cerca de los tuyos, como en casa o en tu casa. Ahora mismo eso no es posible, y a lo que aspiramos es a tener una plaza en una residencia, en una institución. Que exista la capacidad de tener un proyecto de vida ya sería un éxito.

El objetivo final es acabar con las macrorresidencias. Pero en ese proceso se pretende dar mayor poder de decisión a las personas dependientes... 
Sobre todo, responder a los deseos. Que esté la posibilidad de decidir si yo quiero quedarme a vivir en el pueblo y no irme a una residencia a 150 kilómetros. Si prefiero tener una persona en casa que ir a un centro de día. La posibilidad de elegir, desde qué desayunas a con quién compartes esa habitación. Entendemos que puede parecer un modelo ideal, pero creo que es posible y que supone una reorganización, tanto de recursos como de los apoyos que provee el sistema. ¿Por qué en los últimos años de tu vida o por qué si tienes una discapacidad no tienes las mismas oportunidades para tener tu proyecto de vida o para decidir cuestiones básicas en tu día a día? 

¿Hasta qué punto ha influido la pandemia en todo ese cambio de perspectiva?
Hay países que llevan trabajándolo muchos años, que no tienen macrorresidencias, sino que tienen otro sistema de cuidados. Lo que evidenció la pandemia fue que el sistema, tal como lo estábamos planteando, con macrorresidencias segregadas, con una atención cero personalizada, que da prioridad a las cuestiones logísticas y organizativas frente al bienestar, fallaba. Se demostró que era inhumano y que en algunos momentos era casi contrario a los derechos y a la dignidad, pero sobre todo a los deseos de las personas. La pandemia ha contribuido a impulsar ese cambio de mentalidad, y ha facilitado que el debate esté encima de la mesa, que se vea esa necesidad y que se acepten y que se acojan bien este tipo de iniciativas.

Si el modelo actual ya está saturado ahora, con las previsiones de envejecimiento iba a ser insostenible. Pero, ¿cómo le damos la vuelta al sistema con toda la movilización de recursos que implica?El sistema de dependencia necesita actualización, financiación y responder a los retos del futuro, que ya en 2024 son distintos a los de 2006. Con el cambio de modelo estamos diciendo que tenemos un problema y que hay generaciones que van a ir envejeciendo, que van a ir necesitando cuidados y apoyo, con otras necesidades y con otra visión de lo que quieren para sus últimos años de vida, y que implica también el bienestar emocional. Hay que dar también respuesta a las condiciones laborales del sector. Porque no va a haber cuidados sin profesionales, y ahora mismo hay déficit en muchos lugares y las proyecciones dicen que vamos a necesitar más profesionales en un sector que a día de hoy es muy poco atractivo.

¿Será suficiente todo eso con la partida inicial de 1.300 millones de euros que se aprobó con la estrategia?Lo que es importante es que los recursos que tenemos para apoyos y cuidados vayan orientándose hacia este modelo. Es decir, si yo tengo una partida, en vez de construir una nueva residencia, puedo destinarlo a aumentar las intensidades del servicio a domicilio. No es tanto poner más recursos, sino que, con los que hay, no ir perpetuando un modelo que queremos cambiar. Es todo un poquito más complejo que poner solo dinero. Reorientar programas, reorientar los servicios, cambiar la manera en lo que en la que se atiende a las personas... porque hablamos de cambio cultural. Hay muchos pasos que no necesariamente necesitan de gran financiación, sino ir reorientando lo que ya existe.

¿Puede abordarse ese cambio sin perspectiva de género?
En el momento en el que tú haces políticas de cuidados públicos, estás introduciendo la perspectiva de género, porque lo que estás haciendo es que el Estado sea corresponsable del trabajo de cuidados que las mujeres realizan en el seno de la familia. También las trabajadoras del sector profesional son mayoritariamente mujeres, un 80% de las trabajadoras de servicios sociales y de ellas un 40% migrantes, con lo cual: perspectiva de género e interseccionalidad. Insisto, las políticas de cuidado son políticas feministas. La perspectiva de género está en el momento que tú dices de mejorar las condiciones de trabajo de estas mujeres y que su trabajo se vea reconocido por la sociedad, porque es un trabajo invisibilizado y no reconocido, que se da por hecho. 

¿Cómo hacemos para identificar todo el trabajo no remunerado que suelen hacer las hijas, hermanas o madres en materia de cuidados?
Cuando los hombres asuman su corresponsabilidad, estaremos diciendo que una parte de la sociedad asume ese valor y esa necesidad de contribuir al sostenimiento de la vida, porque es verdad que hablamos mucho de quién está cuidando, pero no hablamos de quién no cuida. Y no cuidan los hombres, no cuidan las instituciones en toda la medida que deberían y las empresas tampoco cuidan facilitando horarios y conciliación. Ahí hay también un cambio cultural por hacer, que será tan lento como el cambio cultural que estamos llevando en otras cuestiones.

La puesta en marcha de toda la estrategia depende de las comunidades. ¿Cómo garantizarán que siguen las directrices del documento?
Aquí pondría en valor que hay un consenso generalizado sobre el espíritu y el horizonte que dibuja la estrategia. Nadie, ni las comunidades, como el tercer sector y personas expertas, está en desacuerdo con lo que dice la estrategia. A partir de aquí la atención directa, la dependencia, la atención a las personas, es competencia de las comunidades. Cada una tendrá que decidir su presupuesto, sus políticas. De lo que se trata es de ir avanzando y, desde la financiación estatal, ir marcando y orientando hacia ese cambio de modelo, pero esto es una responsabilidad colectiva de todas las instituciones y creo que esa voluntad existe. 

El sistema se sustenta sobre una red de residencias que son en su gran mayoría privadas, solo el 14% son públicas. El apoyo de las empresas será crucial para acometer ese cambio...
Aquí el sector privado también tiene mucho que decir. Creo que han entendido también que la sociedad demanda otro tipo de cuidados y que tendrán que ir adaptándose. En acuerdo con las comunidades, se aprobó la pasada legislatura el acuerdo de acreditación de centros residenciales, que va precisamente hacia este modelo, hacia unidades convivenciales, otros ratios. Con lo cual el sector privado también está obligado a ir virando. Como ha hecho en otros sectores y en otros momentos y actividades económicas, tendrá que ir adaptándose a las exigencias, a lo que es de sentido común y a lo que vemos que es bueno para las personas.

Han pasado ya dos años desde ese acuerdo que obliga a que los nuevos centros residenciales que se construyan no cuenten con más de 120 plazas. ¿Han podido monitorizar o evaluar el cumplimiento de ese pacto?Tenemos previsto realizar un proceso de evaluación para ver qué impacto ha tenido y a partir de ahí revisar. La evaluación es una parte fundamental de las políticas públicas y al final dos años en políticas públicas en un proceso de transformación no es tanto tiempo, pero sí queremos hacer una evaluación que se trabajará además con las comunidades y dentro de un grupo de trabajo de calidad, que tiene que ver con los indicadores de inversión.

La estrategia es la hoja de ruta que se tendrá que concretar luego en una ley que tienen previsto mandar al Consejo de Ministros en verano... 
Se concretará en planes operativos, y una de las cuestiones fundamentales es la reforma de la ley de dependencia, que va a ir junto con la ley de reforma de la ley de discapacidad. La ley va a introducir algunos cambios que van en esta dirección, por ejemplo, eliminar la incompatibilidad de prestaciones y servicios, es decir, que puedas tener varios servicios que complementen tus diversas necesidades; o la teleasistencia como derecho subjetivo; incluir la asistencia personal como servicio y no solo como prestación económica. Son cuestiones que van a facilitar la diversificación de apoyos más allá de atención a domicilio, centro de día y residencia. Es el primer paso. Estamos trabajando en el texto y esperamos también que haya consenso en la ley.

En esa misma ley se reformará la ley de dependencia. Uno de los compromisos del Gobierno era reducir el tiempo de resolución de las solicitudes de prestación de dependencia: de los 329 días actuales a 30. ¿Cómo se va a hacer esa reducción? 
El plan de choque de la anterior legislatura puso también el foco en la reducción de la lista de esperas y va un poco en esa línea, en continuar y hacer que el aumento de financiación que esperamos para esta legislatura en dependencia pueda ir orientada tanto a la resolución de la prestación como a que te llegue. Es una de las prioridades y con aumento de financiación podremos permitirnos poner recursos para que efectivamente esto sea así.

Las nuevas tarjetas monedero se pusieron en marcha hace poco, pero muchas comunidades han mostrado reticencias sobre su implantación y han pedido prorrogar la gestión del Gobierno, de 2024 a 2025. ¿Se lo han planteado?
Todas las administraciones somos conscientes de que los cambios y las transiciones son complejas y necesitan ajuste y tiempo. Nosotros hemos tomado nota de la petición de las comunidades de prolongar el actual modelo de gestión. Estamos estudiando hasta qué punto es posible y en qué condiciones. Dicho esto, nosotros hemos cumplido con nuestra parte, y nos llama la atención que después de estos meses en los que ha habido un fuerte debate de que se estaba haciendo todo mal, ahora se nos pida continuar. No vamos a entrar en guerra política de quién lo está haciendo bien o mal. Si es bueno para las familias que el Gobierno continúe gestionando esto y es posible técnicamente, pues lo estudiaremos y lo veremos. El lunes que viene tenemos Consejo territorial y ahí lo hablaremos con las comunidades.

¿Qué impacto esperan de esta medida a medio plazo? 
El hecho de que la Comisión Europea lo pidiera fue por reducir los números de pobreza infantil que en España eran especialmente altos. Este programa es una parte muy pequeña presupuestariamente de todo el montante que tanto los servicios sociales locales como autonómicos dedican a la privación material y a la lucha contra la pobreza. La virtud que tiene es que supone un cambio de paradigma, de repartir las bolsas de alimentos a que con una tarjeta las familias puedan ir al supermercado, elegir la los alimentos que ellos quieran, comprar productos frescos y productos de higiene. Es un instrumento más. 

¿Qué otras medidas barajan para reducir la pobreza infantil en España?
La mejor herramienta para la lucha contra la pobreza infantil es la prestación universal por crianza. Es, además, un reconocimiento que la sociedad hace a todas las familias del esfuerzo que supone criar a hijos. El hecho de que sea universal asegura que llegue a todo el mundo. Nosotros vamos a seguir defendiendo esta medida, vamos a seguir negociando y tratando que el Gobierno la haga suya. Además, la ley de familias incluye la consolidación de dos medidas que se pusieron en marcha en la anterior legislatura, que es la deducción por hijo a cargo de las madres trabajadoras y el complemento de la infancia del IMV.

¿Y esa renta por crianza se concedería mediante ayudas directas?El debate ahora mismo está en si queremos asumir ese reto como país. Al final, cómo hacerlo, es lo de menos. Pero la realidad es que tenemos un estado de bienestar robusto que cubre muy bien las necesidades materiales en los últimos años de la vida, con el sistema de pensiones, por ejemplo; pero que en los primeros años de vida no está funcionando. Tenemos un 27% de pobreza infantil en nuestro país y no tenemos herramientas para atajarla, con lo cual creo que la prestación universal por crianza es clave, es urgente y es un deber que tenemos en nuestro estado de bienestar. 

No se consiguió impulsar en la pasada legislatura. ¿Qué les hace pensar que ahora sí es el momento?
Tenemos el deber político. Si hay una medida que creemos que es buena para el país, para reducir la pobreza, hay que pelearla. Y la vamos a ir peleando en las distintas negociaciones que tengamos dentro del gobierno. Esa es nuestra hoja de ruta: insistir en su pertinencia hasta que podamos conseguirla. 

¿Sería una renta hasta los ocho años?
Al final eso también es una cuestión de presupuesto. ¿Lo ideal? Hasta los 18 años. Pero entendemos que puede haber distintas prioridades o distintos márgenes y maneras de implementarla. Insisto, es una buena medida. Miraremos atrás dentro de unos años y diremos cómo no la hemos hecho antes. Es solo cuestión de tiempo. Si no es esta legislatura será en otra legislatura. 

¿Qué les gustaría incluir en la tramitación de la ley de familias?Hay una cuestión que está sobre la mesa que es el doblaje de los permisos de las familias monomarentales, la retribución de los permisos, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad. Hay cuestiones que van a mejorar la vida de las familias y creo que puede haber una tramitación parlamentaria rica en cuanto a aportaciones. La prestación universal podría ser una de ellas, pero bueno, esperemos a la tramitación y ver qué podemos hacer. 

Según la directiva europea, el plazo para hacer retribuidos los permisos por maternidad y paternidad vence el 2 de agosto... No da tiempo a hacerlo mediante la ley, ¿lo impulsarán desde el seno del Gobierno?Ahora mismo lo que estamos es negociando la retribución y qué esquema de retribución, número de semanas, calendario de implementación… y cuando eso esté cerrado, se verá la manera. Pero nuestro deseo es que eso se haga cuanto antes, porque además creemos que es una medida que preocupa a muchísimas personas en nuestro país y que llegan directamente a la gente y hacen sentir la utilidad del Gobierno.

¿Qué otras tareas pendientes quedan por reformar para fortalecer nuestro estado de bienestar?
El tema de los servicios sociales. Tienen un papel fundamental de acompañamiento, desde el acceso a la dependencia, a la protección de la infancia, a la inclusión, y, sobre todo, a la lucha contra la pobreza. No se les dedica políticamente la atención para el lugar central que ocupan y cuando hablamos de fortalecer el cuarto pilar del estado de bienestar, estamos hablando de servicios sociales. Necesitamos repensar los servicios sociales del siglo XXI y ahí superar esa cultura asistencialista. Ese es uno de los temas que nos gustaría abordar a lo largo de la legislatura y que en algún momento abordaremos.