Nuevo varapalo de la justicia europea a la Administración pública española. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado de nuevo a favor de transformar en indefinidos a los funcionarios interinos que han ido acumulando contratos temporales en fraude de ley. 

Una decisión que choca con una sentencia reciente del Tribunal Supremo español que rechazó las conversiones automáticas en esos casos al considerar que contradice los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública española. El Alto Tribunal anunció el pasado 7 de marzo que preguntará a la justicia europea cómo se debe interpretar una sentencia anterior del TJUE que abría la puerta a conceder la fijeza. 

La decisión del TJUE de este jueves responde a una cuestión prejudicial que le planeó un juzgado barcelonés sobre tres empleadas públicas catalanas que han ido encadenando contratos de interinidad en la Generalitat y que reclamaban obtener la fijeza. El tribunal luxemburgués insiste en los argumentos que ya dio en febrero en otra sentencia similar y vuelve a subrayar que la conversión a indefinidos es una opción válida para subsanar los abusos de temporalidad.

El Supremo rechaza la conversión automática de interinos públicos en indefinidos

"En el supuesto de que el juzgado remitente considere que el ordenamiento jurídico interno de que se trata no contiene, en el sector público, ninguna medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada (...) la conversión de estos contratos o relaciones en una relación de empleo por tiempo indefinido puede constituir tal medida", reza el texto de la sentencia.

En este caso, el TJUE va más allá que en la anterior ocasión y pide abiertamente al juzgado barcelonés que ignore la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Este es un punto importante porque las dudas jurídicas que tienen los juzgados se basan precisamente en que las conversiones a fijo pueden ir en contra de la Constitución y de la doctrina del Supremo. 

En este sentido, el TJUE sostiene lo siguiente. "Si el juzgado remitente considera que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo se opone a la conversión deberá entonces dejar inaplicada dicha jurisprudencia del Tribunal Supremo si esta se basa en una interpretación de las disposiciones de la Constitución incompatible con los objetivos de la Directiva 1999/70 y, en particular, de la cláusula 5 del Acuerdo Marco". 

Es decir, el TJUE da carta de libertad al juzgado barcelonés —y a otros que le puedan seguir después— para que haga su propia interpretación, aunque esto implique ignorar la doctrina del Supremo. Y refuerza una vez más la vía a la fijeza, al insistir en que las conversiones a indefinidos son una opción viable. 

Además, en reclamación al juzgado barcelonés, una de las empleadas públicas solicitaba que se le concediese condición de funcionaria de carrera o bien transformar su situación en "una relación fija equiparable a la de los funcionarios de carrera". Sobre esta cuestión, el TJUE reconoce que la solución puede ser convertir estos contratos temporales en indefinidos sujetos a las mismas causas de cese y despido que los funcionarios de carrera, pero sin adquirir la condición de funcionario.

Escrivá defiende las estabilizaciones

El Gobierno puso en marcha en 2021 un proceso de estabilización de plazas interinas para tratar de reducir la rampante temporalidad en el sector público, que todavía roza el 30%. Interrogado por esta segunda sentencia del TJUE, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, ha comentado que las medidas que impulsó el Ejecutivo están dando "resultados extraordinarios", en declaraciones recogidas por Europa Press. 

Escrivá ha defendido que ya se han cumplido el 75% de las regularizaciones de interinos que se propusieron para este año (unas 300.000) y ha señalado que la sentencia del TJUE "atañe fundamentalmente a los tribunales y cómo los tribunales tienen que resolver esos conflictos".