El Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde a la prórroga hasta 2028 de la suspensión de desahucios hipotecarios para familias vulnerables y también ha permitido continuar con la tramitación del proyecto de ley para la creación de una oficina de derechos de autor. Esta última norma contaba con dos enmiendas a la totalidad que pedían la devolución del texto al Gobierno, una de Vox y otra de Junts, pero los últimos han retirado la suya a última hora del miércoles, tras la negociación con el PSOE, que consigue así empezar la tramitación de esta norma salida del Consejo de Ministros y evitar así un nuevo varapalo por no reunir los apoyos suficientes en la Cámara Baja.

Todos los grupos de la Cámara han apoyado la ampliación hasta el 15 de mayo de 2028 las medidas antidesahucio, que provienen de una moratoria aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 para la protección de las personas vulnerables ante los desahucios. En concreto, la norma protege a las familias numerosas, a las monoparentales con un hijo a cargo, con menores de edad, con algún miembro con discapacidad igual o superior al 33%, o en situación de dependencia o incapacidad permanente. Así como a las desempleadas, a las víctimas de violencia machista o a los mayores de 60 años.

La última moratoria que se aprobó fue en mayo de 2020, en plena pandemia de la covid y a iniciativa de Podemos. Cuatro años más tarde y solo un día antes de que expirase el plazo, el Consejo de Ministros aprobó esta nueva prórroga. Con el visto bueno del Congreso de los Diputados, los grupos ya podrán introducir enmiendas al texto.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendió la necesidad de ampliar esta protección para evitar situaciones de "exclusión social" de las personas que pueden perder su vivienda "si no pueden pagar la letra de la hipoteca", teniendo en cuenta el futuro "incierto" con los tipos de interés. "No se trata de apoyar al Gobierno o a una opción política, se trata de velar por los intereses de la ciudadanía", argumentó. 

El diputado socialista Arnau Ramírez añadió que esta medida también sirve para "revertir" los "estragos causados" por las políticas del PP: "Hay muchas más posibilidades de que te desahucien que de que te okupen cuando vas a comprar una barra de pan", advirtió.

Desde el PP, el diputado Joan Mesquida recordó que fue Rajoy el que la aprobó en 2013 para "impedir que los españoles que no podían pagar la hipoteca fueran obligados a entrar las llaves de su casa" y como medida "extraordinaria" para paliar la crisis del 2008. Y el resto de grupos parlamentarios también mostraron su apoyo a este decreto, aunque aludieron a que es un "parche" y plantearon hacer permanente esta medida que lleva más de una década encadenando moratorias.

Continúa el trámite de la ley de derechos de autor

La mayoría del Congreso de los Diputados también ha tumbado la enmienda de Vox con devolución al Gobierno a la ley para crear una oficina de derechos de autor, por lo que la norma, impulsada desde el Consejo de Ministros, continuará con su tramitación parlamentaria. 

Junts también había presentado una enmienda a la totalidad, pero la retiró a última hora de este miércoles. Su diputado Eduard Pujol justificó la decisión antes del comienzo del Pleno alegando un acuerdo alcanzado con el Gobierno para "respetar las competencias catalanas". De esta forma, la norma seguirá con su tramitación en la comisión correspondiente, donde se debatirán las enmiendas parciales de Junts.

Es la segunda vez que el Ejecutivo de Sánchez tramita este proyecto de ley, en esta ocasión, impulsado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El objetivo es la creación de una oficina de derechos de autor y conexos para adaptar la legislación sobre propiedad intelectual al consumo de contenido audiovisual mediante plataformas de streaming.

Según expuso Urtasun, la aprobación de la ley permitirá contar con un organismo autónomo, "flexible y de máxima eficiencia" que sitúa a España "en la estela de países de influencia en esta materia". También dará cobertura al trabajo cultural que se desarrollo en el país "con pleno respeto a las comunidades autónomas", puntualizó.

El anterior proyecto, impulsado por Miquel Iceta en 2022 y muy parecido al actual, decayó por el fin de la legislatura. En este sentido, el PP ha reprochado al ministro de Sumar que su actividad legislativa se limite a "traer a la Cámara un texto que había promovido el PSOE".