La Guardia Civil pedirá próximamente a Marruecos su colaboración para detener a Karim, el presunto piloto de la narcolancha que mató a dos agentes el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate, en Cádiz, tras embestir a una patrullera del instituto armado y huir a ese país, donde permanece oculto. Por su parte, la Audiencia Provincial de Cádiz ha rechazado nuevamente la petición de libertad planteada por el piloto de otra de las embarcaciones.
Karim ha sido señalado por algunos acusados, testigos y defensas como el piloto de esa narcolancha, después de que se descartara la autoría de otra embarcación, pilotada por Francisco Javier M.P., alias Kiko el Cabra, en los hechos.
Según han indicado fuentes consultadas por EFE, no se descarta que el tío de Karim -Abdellah El Merabet, conocido como 'Pus Pus' y muy ligado al narcotráfico- estuviera dando protección al sospechoso desde que este se fugara a Marruecos, al ser, en este sentido, el jefe de la organización a la que pertenecían los ocupantes de la narcolancha y dueño de la misma.
Por eso, las fuentes consultadas consideran que la detención de 'Pus Pus' supondría la caída de uno de los mayores traficantes 'capos' de hachís que operan en la actualidad.
'Pus Pus' posee varias propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol, además de coches de alta gama, motos acuáticas, barcos recreativos e, incluso, un yate que suele fondear en un pantalán de Puerto Banús en Marbella, de color blanco y de dos plantas valorado en unos 500.000 euros.
Avanzan las pesquisas para detener a los autores
Las fuentes han precisado que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz están avanzando en la identificación de los verdaderos autores del atropello que causó la muerte a los agentes David Pérez y Miguel Ángel González.
Sobre todo después de que se haya identificado plenamente a quienes los investigadores creen que pilotaba la lancha que arrolló a la Zodiac de la Guardia Civil en la noche del pasado 9 de febrero, horas antes de que detuvieran a seis personas, entre ellas a 'Kiko el Cabra', que acabaron en prisión por orden judicial.
Como resultado, las pesquisas determinaron que la narcolancha que pilotaba 'el Cabra' e intervenida al día siguiente de los hechos no fue la que embistió y mató a los agentes, pues esta última tenía la intención "clara e inequívoca" de causarles un "grave daño" o "quitarles la vida".
La narcolancha cuatrimotora (la que embistió a la patrullera) "no portaba droga, ni petacas de gasolina, ni migrantes", como ocurre en otras ocasiones en las que los narcos protegen la carga huyendo de las fuerzas de seguridad, destacaba el informe.
"Más allá de patronear un género prohibido, nada tenían que 'defender' y, por tanto, la única explicación hallada para dar sentido al brutal ataque 'gratuito' acometido contra la embarcación de la Guardia Civil es la intención de causarles un grave daño quitarles la vida", añadía.
Denegada la petición de libertad
Precisamente, a raíz de este informe de la UCO, La defensa de uno de los investigados interpuso un recurso de apelación que concluye que la embarcación en la que su defendido viajaba junto con el resto de investigados no fue la que embistió la lancha del Instituto Armado. Sin embargo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha rechazado nuevamente, en un auto fechado el día 11 de junio, la petición de libertad planteada por el acusado, quien se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado febrero.
En el auto de la Audiencia, los magistrados recogen entre los fundamentos de derechos que, habida cuenta las características de la embarcación que el apelante reconoce pilotar -de alta velocidad con cuatro motores de 300 CV cada uno- nos hallaríamos ante indicios de un delito de contrabando que conllevaría una pena de entre tres y cinco años de cárcel que podría elevarse hasta los siete años y medio de prisión en caso de aplicarse el artículo 3.2 de la LO 12/1995.
Asimismo, exponen que "constan indicios" de un delito de organización criminal, ya que el investigado, "en su declaración prestada ante el juez instructor, reconoció ser el piloto de la embarcación, que se embarcaron en Sanlúcar tras un cambio de tripulación, que iba con pasamontañas y que llamaron a tierra al propietario de la embarcación porque no iba bien, que llamó a los mecánicos para repararlo, los cuales se embarcaron", a lo que se suma, igualmente, que "existen indicios" de un delito de resistencia, y ello a la vista del contenido del atestado.
Además, la Sección Cuarta de la Audiencia explica que solamente el delito de contrabando "conlleva penas que pueden alcanzar siete años y medio de prisión", pena que "implica un elevado riesgo de fuga, sin que el arraigo alegado sea suficiente para enervarlo ni tampoco el tiempo de permanencia en prisión, notablemente inferior al de las penas que pudieran recaer".
En este sentido, los magistrados añaden que el investigado "es una persona aparentemente vinculada a una organización que usa embarcaciones en la zona del Estrecho, de modo que su fuga es sencilla usando tales medios, sin que las medidas cautelares alternativas planteadas (comparecencia apud acta, entrega de pasaportes, fianza o GPS) garanticen que no se sustraiga a la acción de la Justicia".
Finalmente, el tribunal de la Sección Cuarta asevera que "no es momento procesal para valorar la posible concurrencia de circunstancias atenuantes o la suspensión de la pena de prisión que pudiera recaer", por lo que desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del encausado.
¿Posible colaboración de Marruecos?
La Guardia Civil pedirá ahora la colaboración de Marruecos para detener a los sospechosos. No sería la primera vez que el país norteafricano aceptase una requisitoria de España y podría proceder a las detenciones.
Y aunque existen protocolos de colaboración entre ambos países para la extradición, esta se antoja complicada, han subrayado los expertos consultados por EFE, que recuerdan que la práctica más habitual es que los detenidos en aquel país sean juzgados en Marruecos y allí cumplan íntegramente la condenas, que suelen ser más altas que en España.
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