La fiscal superior de Madrid confirma que García Ortiz le ordenó publicar la nota de prensa sobre el novio de Ayuso

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que investiga como un posible delito de "revelación de secretos" la publicación de una nota de prensa sobre la situación procesal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y sus comunicaciones con el Ministerio Público. Lastra ha confirmado que fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien le trasladó el "imperativo" de difundir aquel comunicado el pasado 14 de marzo. 

Así lo han confirmado fuentes jurídicas una vez ha culminado la declaración de la fiscal superior, que estaba prevista para las 10.30 horas de este jueves. Se trata de la primera testifical en la instrucción que dirige el magistrado Francisco José Goyena tras admitir a trámite una querella de González Amador contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de la sección de delitos económicos Julián Salto. García Ortiz asumió esta misma semana que él dio la orden "expresa y directa" de sacar la nota de prensa. Por tanto, sostiene que la investigación debería trasladarse al Tribunal Supremo, que es el órgano ante el que está aforado. 

El comunicado de prensa sobre el que gira toda la causa se publico a mediados de marzo con la intención declarada de desmentir informaciones periodísticas que afectaban a la investigación del posible fraude fiscal del novio de Ayuso. Concretamente, varios medios habían publicado información sobre un posible pacto que la Fiscalía había ofrecido a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía Provincial de Madrid emitió una nota de prensa desmintiendo estas informaciones: según la institución, había sido el abogado de González Amador quien había ofrecido un acuerdo a los fiscales. Aquel 'desmentido' supuso a ojos de González Amador un delito de revelación de secretos y el TSJM aceptó su querella y decidió investigar el posible delito. Paralelamente, el fiscal general del Estado asumió públicamente la responsabilidad por ese comunicado, si bien no confirmó que él mismo había dado la orden.

Hasta que este pasado lunes envió al instructor un escrito confirmando esto último y señalando que el TSJM "carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota". Es el Supremo quien debe instruir la causa, pues a él solo le puede investigar este tribunal. García Ortiz sostiene que aquel comunicado fue necesario "para poner fin a un bulo y amparar a un compañero". En ningún caso fue delictiva, según el fiscal general, dado que no incluía "datos que no fueran públicos".