La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se abre por fin a elevar el umbral actual de inversión en redes eléctricas como le reclaman desde hace meses comunidades autónomas y las empresas del sector para poder adaptarlas y ampliar su capacidad a las nuevas necesidades, no solo por la generación eléctrica con fuentes renovables como la energía eólica o fotovoltaica, sino también para poder dar suministro eléctrico a nuevas empresas e industrias, que los gobiernos autonómicos consideran clave para el desarrollo económico de sus territorios.
Hasta ahora, Ribera se había negado a modificar unos límites que marcó hace ya más de una década el Gobierno de Mariano Rajoy para intentar frenar contra la burbuja inmobiliaria que, entre sus efectos, dio con una gran petición de conexiones eléctricas, en las que se hacían millonarias inversiones pero que luego quedaban sin utilizar porque los desarrollos inmobiliarios que las motivaron terminaban por no hacerse. Con esta ley en vigor, la asociación que agrupa a las eléctricas, AELEC, advertía recientemente que no es posible abastecer entre el 15 y 20% de la demanda, lo que "limita el crecimiento económico" y conlleva "un riesgo de fuga" de empresas que, en lugar de establecerse en España, elijan otro país con más facilidades en este ámbito.
En 2013 se estableció que no sería posible invertir más del 0,13% del PIB al año en redes de transporte -del generador a la subestación- y 0,065% para redes de distribución -de la subestación al consumidor final- y Ribera había defendido hasta ahora esta posición frente a la insistencia de comunidades y sector energética. Hace apenas dos meses, su secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, advertía de que un aumento de la inversión hará aumentar la factura de la luz, porque se repercutirá en los cargos, uno de los costes fijos del recibo de la electricidad. Como excepción, contemplada en la normativa actual que ahora se abre a modificar, en uno de los decretos ley de la Covid en 2020 dio luz verde a elevar para 2022 y 2021 el volumen de inversión de la red de distribución hasta un máximo de, 0,14% del PIB, es decir, una centésima más.
Cambio de normativa para el nuevo contexto
Sin embargo, esta postura acaba de cambiar y la semana pasada, el Ministerio para la Transición Ecológica que todavía dirige la previsiblemente próxima comisaria europea convocó una consulta pública que plantea elevar estos límites.
Las partes interesadas tendrán ocasión hasta el 3 de julio para participar en una consulta que es el primer paso para modificar la normativa, en un texto que reconoce que "puede resultar necesario revisar la regulación que establece la nueva inversión anual" para "acompasarla al nuevo contexto de transición energética y dotarla de mayor flexibilidad".
"Más de una década después [de que se aprobasen los actuales límites], el sector energético en general, y el eléctrico en particular, se encuentran inmersos en una transformación estructural, impulsando una transición energética cuyas manifestaciones principales son el despliegue de las renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo de nuevos combustibles y la aparición de nuevos modelos de negocio asociados al despliegue de los recursos distribuidos", dice el Ministerio en el texto de la consulta.
"Se busca adaptar la regulación a las nuevas oportunidades industriales y económicas que la transición energética representa para España a través de una mayor inversión en redes de transporte y distribución con la máxima eficiencia económica", dice la consulta, que de esta manera escucha la petición que desde hace meses le hacen tanto gobiernos autonómicos como las empresas eléctricas para contar con más recursos para digitalizar y hacer más flexibles las redes, además de permitir que se conecten a ellas nuevas industrias y centros empresariales, como los proyectos de centros de datos que proliferan por todo el país.
De hecho, la decisión que había tomado Ribera con respecto a los centros de datos fue introducir el pasado mes de enero la obligación de que empresas grandes consumidoras de electricidad que quieran tener una conexión al suministros eléctrico paguen una garantía económica, al estilo de la que se reclama por el derecho de acceso y conexión a red de los promotores de parques eólicos y fotovoltaicos, convertido en muchas ocasiones en un mercado especulativo.
Desde principios de este año, los centros de datos, la producción de hidrógeno o el almacenamiento, que demandan mucha electricidad y requieren un acceso a una red eléctrica que corre el riesgo de saturarse, tendrán que pagar una fianza que no recuperarán si cinco años después de serles concedida no se han conectado a la red, de modo que no acaparen el acceso.
Al introducir esta medida, Ribera reconoció el "crecimiento extraordinariamente rápido" de las peticiones de empresas o proyectos que necesitan grandes cantidades de electricidad antes de abrirse, seis meses después, a elevar los límites de inversión que aumenten su capacidad.
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