El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, prevé convocar la Junta de Fiscales de Sala, órgano que reúne a los miembros de la carrera de más alto rango, para debatir la posición del Ministerio Público sobre la amnistía que se debe aplicar a los líderes del procés encausados en el Tribunal Supremo. Es, por tanto, esperable que García Ortiz esté en contra de la posición de los cuatro fiscales de la causa del Tribunal Supremo que no están de acuerdo en amnistiar el delito de malversación.

Según han informado desde la Fiscalía General del Estado, el jefe del Ministerio Público ha pedido a los fiscales de Sala que, "en previsión de la activación de los mecanismos estatutarios", se reserven el próximo martes, 18 de junio, "para la posible celebración de una Junta de Fiscales de Sala".

La Junta de Fiscales de Sala servirá para fijar criterio dentro del Ministerio Público de cara al informe que deberá presentar la Fiscalía al Supremo. Tanto el juez instructor Pablo Llarena -que lleva la causa que afecta a Carles Puigdemont y el resto de huidos de la justicia- como el tribunal que ya juzgó el caso y condenó a doce líderes independentistas pidieron a las partes personadas opinión sobre el alcance de la ley de amnistía. La semana que viene tendrán que haber entregado sus informes.

La reunión tendría lugar después de que los fiscales Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena entregaran un informe en el que se oponían a amnistiar la malversación de, entre otros, Puigdemont y de que avisaran de que elevarían la cuestión a la Junta de Fiscales si el fiscal general se mostraba a favor de aplicar la ley en este punto.

Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo se mostraron en contra de amnistiar dicho delito al entender que los encausados del procés sí tuvieron ánimo de lucro y que su actuación afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.

También avisaron a García Ortiz de que si no estaba de acuerdo con este criterio y consideraba que sí debía aplicarse la ley de amnistía a dichos encausados, debería "ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada" e invocarían el artículo 27 del Estatuto Orgánico para elevar el asunto a la Junta de Fiscales para que se pronuncie sobre las dos posturas.

Eso sí, el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, tal y como fija el Estatuto. En caso de que eso ocurriera, los fiscales del procés apuntaron que si García Ortiz impone que se debe aplicar la amnistía a esos casos, ellos no firmarán el decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe.