El presidente del Gobierno mantiene el ultimátum al Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes del mes de julio. "Se acabó", ha pronunciado Pedro Sánchez, que insiste en que el Ejecutivo estudiará una reforma para revisar la capacidad de hacer nombramientos discrecionales de magistrados de este órgano si el PP no accede a renovarlo. Sánchez no ha dado más detalles al respeto y ha asegurado que no lo hará hasta no saber el resultado de las negociaciones con el PP. Solo ha indicado que su propuesta respetará la "independencia" judicial y que su objetivo es "despolitizar" este órgano: "Paso a paso, ya explicitaremos", ha indicado.

"El día de la marmota ha durado demasiado. Más de 2.000 días y cinco años incumpliendo la Constitución son demasiado. El partido de la oposición tiene que decidir si es constitucional o no y no hay excusa que valga", ha pronunciado en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en Moncloa. 

Los populares critican que esta propuesta "invade las competencias del poder judicial" y el presidente del Consejo, Vicente Guilarte, ha pedido que Sánchez la aclare, pero ya ha advertido de que el Gobierno no debe "influir" en ningún caso en el CGPJ. El presidente, por su parte, ha asegurado que la misma se ha "inspirado" precisamente en propuestas como las de Guilarte, "y ahí nada tiene que ver el Gobierno". "Lo que queremos es despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que no hace el PP con su secuestro político", ha defendido.

Esta reforma que el Gobierno implementará si no alcanza un acuerdo con el PP será "respetuosa" con el poder judicial, así como "constitucional", acorde con la normativa europea y "un paso importante para regenerar un órgano de gobierno que lleva demasiado tiempo sumido en la parálisis", ha apuntado sin avanzar más detalles porque, tal y como ha insistido, "el detalle es importante plantearlo una vez sepamos los resultados de la negociación" con los populares.

"El bloqueo cuesta 12,5 millones al año"

Sánchez ha dado algunos datos para respaldar la importancia de desbloquear este órgano. "La ciudadanía puede pensar que esto es una lucha de poder, pero este bloqueo cuesta a las arcas públicas una media de 12,5 millones de euros al año", ha pronunciado, para añadir que cada año que el CGPJ no se renueva el Tribunal Supremo acumula 1.000 "asuntos de retraso" y hay "sin cubrir el 30% de las plazas del alto tribunal, además de 72 en tribunales superiores de justicia y en audiencias provinciales". También ha influido, según ha plasmado, en la parálisis de las carreras de "cientos de jueces y magistrados". 

De esta forma, ha reafirmado su intención de renovar el órgano de forma inmediata con o sin contar con el PP. Esto se produce después de que los populares hayan rechazado el órdago de Sánchez, aunque sin renunciar a sentarse en la mesa de negociación bajo las mismas exigencias de siempre, esto es, con un supervisor europeo y con el compromiso de un cambio de modelo en la elección de los jueces.

La Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a retomar la mediación, pero con la condición de que presenten una propuesta sobre la que trabajar a partir de ahora. Félix Bolaños por la parte socialista y Esteban González Pons por la popular mantuvieron un total de tres reuniones entre Bruselas y Estrasburgo, y la cuarta, prevista en Madrid, terminó por no celebrarse.

Con la salida de la Comisión del belga Didier Reynders, hasta ahora comisario de Justicia, el papel de mediadora recae ahora en manos de Vera Jourova, vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, que es de quien sale la idea de que Ferraz y Génova tienen que acordar un punto de reinicio de las conversaciones.