Declaran culpable de asesinato y de homicidio al autor del crimen de Santovenia

Un jurado ha declarado a Pablo Antonio S.H. culpable del asesinato cometido contra un vecino suyo, Dionisio A.P. y del homicidio doloso llevado a cabo contra un jefe de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil (UEI). Los hechos ocurrieron el 1 de julio de 2022, en Santovenia de Pisuerga, Valladolid. 

El jurado ha desechado un delito de asesinato en grado de tentativa cometido contra el hijo de Dionisio A.P., aunque sí lo ha considerado tentativa de homicidio. Ha rechazado, también, que el encausado secuestrara al novio de su hijastra, que permaneció con el procesado voluntariamente en la vivienda en la que se atrincheró. Sí ha apreciado una circunstancia atenuante de arrebato u obcecación, como había solicitado la defensa.

 El procesado carecía de licencia de armas de fuego, aunque poseía un fusil Mauser con el número de serie parcialmente borrado. Esto supone un delito de tenencia ilícita de armas. Según las acusaciones de la fiscal, el procesado, tras una discusión la tarde previa, disparó esa madrugada con el rifle a su vecino, de 45 años, que murió. El jurado ha considerado probado también que con el mismo fusil mató al teniente coronel de la UEI, Pedro Alfonso Casado, de 50 años. El agente mandaba la fuerza enviada desde Madrid para resolver el atrincheramiento y recibió un disparo a través de la puerta de la vivienda en la que estaba encerrado.

44 años de cárcel

Tras conocer el veredicto, el Ministerio Público ha reclamado quince años de prisión por el asesinato de Dionisio A.P, cinco por tentativa de homicidio, veintidós y libertad vigilada por homicidio doloso del teniente coronel, además de dos por tenencia ilícita de armas. Así, por todos estos cargos sería condenado a 44 años. La defensa, no obstante, ha pedido la aplicación de las penas mínimas establecidas para cada uno de los delitos que el jurado ha considerado probados.

El abogado del encausado, Agustín Martínez Becerra, ya ha anunciado su intención de recurrir el veredicto, aunque se felicita a sí mismo por el trabajo realizado durante las sesiones. Según ha recordado, antes del juicio se partía de dos delitos de asesinato y una tentativa de asesinato, junto con secuestro y una detención ilegal. Al final, la muerte del agente ha sido considerada como homicidio doloso muy cualificado por su condición de militar, el tercero de los delitos ha quedado reducido a una tentativa de homicidio y, además, "han desaparecido los otros dos".

"Por eso digo que, jurídicamente, el trabajo de la defensa ha sido un éxito que, sin embargo, va a tener poco recorrido a efectos de la pena", ha insistido Martínez Becerra aludiendo a que la condena era muy complicado minimizarla. Sí ha lamentado, no obstante, que el jurado no estimara el atenuante de la drogadicción, algo de lo que ha responsabilizado al abogado que se hacía cargo del caso en un inicio. 

El jurado, por el contrario, se ha mostrado contrario a la posibilidad de suspensión de la pena y de la opción de solicitar el indulto para el procesado. Ahora será el magistrado presidente el encargado de dictar sentencia tras un juicio que se ha desarrollado desde el 31 de mayo en la Audiencia Provincial de Valladolid y en el que han estado personadas cuatro acusaciones particulares, una popular y la defensa, además de la Fiscalía. "Mi valoración, por tanto, es que me queda un sabor agridulce porque en la parte técnica veo que ha sido positiva pero en lo práctico es poco el resultado", ha concluido el abogado.