El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los fiscales del procés amnistiar todos los delitos de la causa que lleva el Tribunal Supremo, incluyendo la malversación. Los cuatro fiscales remitieron esta semana un informe al fiscal general en el que argumentaban por qué, a su juicio, la malversación del procés no es amnistiable. Pero García Ortiz considera que sus argumentos "desbordan el ámbito jurídico" y "comprometen la imagen de neutralidad de la institución".
Según García Ortiz, el informe que remitieron estos fiscales confunde el "ánimo de lucro" con "el enriquecimiento personal de carácter patrimonial". El fiscal general considera que no hubo enriquecimiento en la malversación del procés y por tanto ha ordenado incluirla entre los delitos a los que afecta la medida de gracia. También ha ordenado que los fiscales informen en favor de levantar las órdenes de detención contra Carles Puigdemont y el resto de huidos.
"El perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial", subraya el decreto remitido por García Ortiz a los fiscales Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza. Por otro lado, el fiscal general indica que, a su juicio, los hechos no afectaron directamente a los intereses financieros de la Unión Europea, una condición que también habría impedido amnistiarlos.
Dado el desacuerdo entre los cuatro fiscales y García Ortiz, se prevé que los primeros invoquen ahora el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Público. Este recoge un mecanismo ideado para solucionar las discrepancias de los fiscales con sus superiores. En este caso supone la celebración de una Junta de fiscales de Sala, el máximo órgano consultivo del fiscal general.
Fuentes de la Fiscalía General anticiparon ya este jueves la convocatoria de la Junta el próximo martes. "El fiscal general del Estado ha pedido a los fiscales de Sala que, en previsión de la activación de los mecanismos estatutarios, se reserven el martes, 18 de junio, para la posible celebración de una Junta de Fiscales de Sala", indicaron las mencionadas fuentes.
De todas formas, las conclusiones que se extraigan de la Junta de fiscales de Sala no serán vinculantes. Es decir, que a pesar de los criterios jurídicos que se expresen en su seno, Álvaro García Ortiz tendrá la última palabra sobre la amnistía a los imputados o juzgados por el procés. Esto no quitará tensión al debate del próximo martes, en el que García Ortiz y los fiscales del procés defenderán posturas antagónicas y se lanzarán, previsiblemente, reproches como los contenidos en estas comunicaciones.
No corresponde a la Fiscalía "hacer de legislador"
Fuentes cercanas al fiscal general han explicado a este periódico que el informe remitido por los cuatro fiscales contiene "muchas valoraciones políticas". Así lo expresa también el fiscal general en el decreto que ha remitido este viernes. En referencia a estas "valoraciones políticas", el fiscal general hace referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional según la cual no corresponde a la Fiscalía "hacer las veces de legislador, constriñendo su libertad de disposición haya donde la Constitución no lo haga de manera equívoca".
García Ortiz no ha encontrado en el informe de los fiscales "un solo argumento objetivo que permita concluir que esta norma no contribuya a la consecución del objetivo que el preámbulo claramente dice perseguir: la normalización institucional, política y social en Cataluña". Al contrario, solo ha encontrado en el escrito "meras observaciones que exceden el análisis jurídico y que, por consiguiente, carecen de trascendencia en el juicio de constitucionalidad de la ley".
El Ministerio Público es, según su Estatuto, un órgano comprometido a los principios de "unidad de actuación y dependencia jerárquica". Por tanto, el más alto rango de la institución, Álvaro García Ortiz, tiene el papel de "coordinar la actuación de la institución en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias" y asegurar que la Fiscalía ofrezca una respuesta uniforme a todas las causas susceptibles de ser amnistiadas. Se trata de hasta 82 procesos penales en los que están encausadas hasta 486 personas, según los cálculos que ofreció este miércoles la propia Fiscalía.
En cuanto a la causa del procés, el instructor Pablo Llarena y el tribunal de la Sala de lo Penal que se encargó del juicio a los líderes independentistas ofrecieron este martes un plazo de cinco días a la Fiscalía y a las partes para presentar sus alegaciones. Lo que deben plantear es si los hechos son amnistiables o no. Más adelante, será el propio tribunal quien determine la aplicación de la amnistía a los condenados y los investigados. Podría considerar que los hechos encajan en la medida de gracia o descartar este extremo.
En el primer caso, el Supremo podría dudar de que, por mucho que los hechos encajen, la norma sea acorde al derecho de la Unión Europea o al nacional. En este caso, deberá presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE o una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
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