El choque entre el fiscal general del Estado y los fiscales de la causa del procés en el Tribunal Supremo en torno a la aplicación de la amnistía a esta causa se debatirá este martes en la Junta de fiscales de Sala del Tribunal Supremo. La última palabra la tendrá el fiscal general, Álvaro García Ortiz, pero la escenificación de un nuevo enfrentamiento con los fiscales del Supremo ahondará en el desgaste de su figura, que pasa por su momento más delicado.
Se avecina, por tanto, un debate más que tenso entre los fiscales que ocupan el más alto escalafón de la carrera. Algunos de sus miembros siempre se apresuran a dejar claro que en estas reuniones se tienen discusiones jurídicas de altura, donde cada parte expone sus argumentos puramente técnicos, pero el intercambio de escritos de los últimos días entre el fiscal general y los cuatro fiscales de la causa del procés no avecinan una discusión amigable. De hecho, los últimos ya adelantan que si García Ortiz se empeña en imponer su criterio de amnistiar todos los delitos, no firmarán el decreto que han de entregar al Supremo.
Es un episodio más, quizá de los más graves, en el cuestionamiento de la figura del fiscal general. En los últimos meses, García Ortiz ha recibido dos varapalos del Tribunal Supremo por proponer a la ex fiscal general Dolores Delgado para ocupar dos cargos. El tribunal ha anulado ambos nombramientos y ha acusado al fiscal general de incurrir en "desviación de poder". Además, durante el debate entre los fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo sobre la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo se extendieron los rumores de su influencia en el fiscal que elaboró la ponencia.
Y finalmente, García Ortiz ha reconocido que dio "orden expresa" de publicar una nota de prensa sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La difusión de la nota de prensa se investiga en el TSJM como un posible delito de revelación de secretos. Entre todas estas polémicas, los acontecimientos de la última semana no dejan espacio a la duda: el debate de este martes será tenso a más no poder.
Tras la entrada en vigor de la amnistía el martes pasado, García Ortiz dio un plazo de 24 horas a los fiscales Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza para reflejar en un informe su postura respecto a la amnistía en la causa del procés. El informe, según opina en un decreto el fiscal general, se extralimitaba de lo "meramente jurídico" y ponía en un compromiso "la imagen de neutralidad de la institución". "Contiene muchas valoraciones políticas", señalan a este periódico fuentes cercanas al fiscal general.
García Ortiz ordenó a los fiscales obrar en contra de su criterio: deben informar a favor de la amnistía a la malversación del procés y pedir el alzamiento de las órdenes de detención dictadas por el juez instructor Pablo Llarena. Los cuatro fiscales señalaron en su informe que la malversación del 1-O no es amnistiable porque incluye ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la UE.
Ante las discrepancias del fiscal general, los fiscales decidieron acudir al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Público, ya que no piensan acatar su orden. En tal caso, lo que procede es la celebración de una Junta de fiscales de Sala, que el fiscal general ha convocado este martes a las 9.30h. El previsible choque de García Ortiz con los fiscales del Supremo no será el primero que ocurre este mismo año. Allá por febrero, el debate de la Junta de fiscales de la Sala de lo Penal del alto tribunal sobre la causa de Tsunami Democràtic ya levantó un polvorín bajo la sombra del fiscal general.
El debate sobre la imputación de Puigdemont
El 23 de enero de este año se encomendó a un fiscal del Tribunal Supremo llamado Álvaro Redondo que analizase el escrito de un juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que pedía imputar a Puigdemont y al diputado de ERC Rubén Wagensberg por terrorismo. Según informaron varios medios, Redondo se puso manos a la obra y avaló, en un primer borrador, que la petición del juez instructor.
Ya en febrero, Redondo mantuvo una reunión con Álvaro García Ortiz y, acto seguido, cambió el sentido de su ponencia. El propio Redondo admitió la existencia de un primer borrador y dijo que "tras un profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos relatados" por García Castellón, concluyó que no había indicios de terrorismo. Pero los rumores sobre la posible influencia de García Ortiz se expandieron entre los fiscales del Supremo, pese a ser desmentidos por la Fiscalía General del Estado.
El informe se sometió a debate en la Junta de fiscales de lo Penal, que apoyó mayoritariamente la imputación de Carles Puigdemont. Sin embargo, la decisión final quedó en manos de la número dos de García Ortiz, la teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde. El criterio de Conde fue contrario al de la Junta y la Fiscalía pidió devolver la causa a la Audiencia Nacional.
La polémica nota de prensa sobre el novio de Ayuso
Mientras las tensiones se agravan en el seno de la Fiscalía por la aplicación de la ley de amnistía, el fiscal general lidia en estos días con otro asunto que podría llevarlo a estar imputado por el Tribunal Supremo. Se trata de la publicación de un comunicado sobre la situación procesal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, imputado por fraude fiscal y falsedad documental.
En el marco de esta investigación, varios medios informaron de un pacto que la fiscalía había ofrecido a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid para evitar la prisión. La Fiscalía Provincial de Madrid desmintió esta información a través de un comunicado de prensa y González Amador se querelló contra los dos fiscales que lo firmaron por un delito de revelación de secretos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió a trámite la querella y el juez instructor, Francisco José Goyena, pidió identificar al "máximo responsable en rango" tras la publicación de la nota. Fue el fiscal general del Estado, que según admitió esta semana dio orden "expresa y directa" de difundir el escrito. Por eso mismo, García Ortiz ha pedido a Goyena que se abstenga de continuar la instrucción, dado que le corresponde hacerlo al Tribunal Supremo.
Para más inri, el fiscal general llega a esta situación después de recibir dos varapalos del alto tribunal, que ha anulado dos nombramientos realizados a propuesta de García Ortiz. Cuando anuló el ascenso de Dolores Delgado a fiscal Togada del Tribunal Supremo, el alto tribunal indicó que García Ortiz, al proponerla en contra del criterio del Consejo Fiscal, había incurrido en "desviación de poder". Más adelante, el Supremo anuló también el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática, que también se ejecutó a propuesta del fiscal general.
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