El sindicato CSIF, el más representativo en las administraciones públicas, exige al Gobierno que apruebe "de inmediato" la subida salarial del 2% para este año acordada con el Ministerio de Hacienda. La mejora retributiva pactada para 2024 debería haber entrado en vigor con los Presupuestos Generales del Estado, pero la ausencia de cuentas públicas provoca ya un retraso de medio año en su aplicación.
"Llevamos seis meses esperando a que se nos aplique la subida salarial que corresponde a este año. La exigimos de manera inmediata y por decreto, como ya hizo Sánchez cuando llegó al poder en su primera legislatura". Así lo ha expresado Miguel Borra, presidente de CSIF, en una rueda de prensa celebrada este lunes en la que el sindicato ha denunciado la situación de "parálisis" que vive la administración pública por culpa de la inestabilidad parlamentaria.
Borra ha anunciado que el sindicato se concentrará en la sede del Ministerio de Hacienda —que es quien tiene la llave de la subida junto a Función Pública, ahora en manos de Escrivá— el próximo jueves 27 de junio para protestar. Una movilización en la que también se exigirá agilizar las ofertas de empleo público y poner en marcha las reformas pendientes que afectan a los empleados públicos, pero que han quedado en un cajón por la parálisis administrativa, denuncia el sindicato. Si no se logran estas reivindicaciones, el sindicato vaticina que el conflicto se "agravará" después del verano, con más protestas en distintos puntos del país.
El Gobierno ya anunció a mediados de marzo que se subirá al sueldo a los empleados públicos aunque no se hayan presentado Presupuestos. El Ejecutivo optó por tramitar la subida como una enmienda al decreto de medidas urgentes para luchar contra la crisis originada por la guerra de Ucrania. Sin embargo, la iniciativa lleva tres meses paralizada, aunque desde el departamento de Función Pública confían en que salga adelante "pronto".
Desde Comisiones Obreras se han sumado a la demanda de CSIF y han exigido también que se aplique ya la subida del 2% pactada para este año. "La situación parlamentaria que ha llevado a una prórroga presupuestaria no puede ser impedimento cuando otras subidas sí se han realizado con la misma prórroga presupuestaria", sostiene el sindicato en un comunicado difundido este lunes.
Hacia un nuevo acuerdo salarial
La mejora retributiva que reclaman los sindicatos forma parte de un acuerdo a tres años que se cerró en 2022, en plena vorágine inflacionaria, y que concluye este año. Transcurridos ya seis meses de 2024, todavía no se ha empezado a negociar un nuevo marco de subidas salariales para los próximos años.
En este sentido, el presidente de CSIF ha reclamado al Gobierno que se siente a negociar un nuevo acuerdo que no solo sea salarial, sino que trate cuestiones como la financiación de Muface, la carrera laboral, la evaluación del desempeño de los empleados públicos y que establezca cómo recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010. Miguel Borra ha incidido en que si el Gobierno pretende agotar toda la legislatura, el pacto debería ser a tres años.
Reunión con Escrivá sobre los interinos
Otro de los temas que se han discutido durante la rueda de prensa es cómo queda la situación de los empleados públicos interinos en fraude de ley tras la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El tribunal luxemburgués volvió a señalar que convertir a estos trabajadores en indefinidos puede ser una solución válida para resarcir el daño causado por el abuso de la temporalidad.
Para CSIF la decisión supone un nuevo tiró de orejas a la administración por los abusos en la temporalidad y la solución debe pasar por acabar con las tasas de reposición, un indicador que limita la contratación de empleados públicos a un porcentaje de las bajas que se producen. En este aspecto, el sindicato ha reclamado también agilizar los procesos selectivos y amenaza con llevar a los tribunales a las administraciones que incumplan con los plazos fijados. En todo caso, CSIF ha pedido una reunión al ministro Escrivá para conocer la interpretación que hace el Gobierno de la sentencia del TJUE.
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