El Tribunal Constitucional ha comenzado este lunes a abordar los recursos de amparo presentados por 12 de los condenados en la llamada pieza política del caso de los ERE y ha rechazado ya uno de ellos, el del exconsejero José Antonio Viera, condenado a siete años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación, pero que disfruta del tercer grado penitenciario por motivos de salud desde hace un año.
Según ha manifestado el alto tribunal en una nota, la decisión se ha tomado por unanimidad en una sentencia de la que ha sido ponente la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán. Esta considera que la demanda de Viera plantea una "vulneración de derechos fundamentales", pero dicha "queja" se ha expresado en "términos genéricos", sin que vaya acompañada de "explicación alguna o desarrollo argumental".
El TC explica que se trata de un "defecto insubsanable", ya que el "deber" del recurrente es proporcionar al tribunal la fundamentación jurídica y fáctica que soporte su pretensión, en este caso, la anulación de la condena. Por todo ello, el tribunal "no puede reconstruir de oficio" las demandas, por lo que concluye en la "imposibilidad de contestar quejas que carecen de justificación".
Cabe recordar que el que fuera responsable de la Consejería de Empleo durante el Gobierno de Manuel Chaves, y también secretario general del PSOE de Sevilla, entró en una prisión de la provincia de Huelva el 2 de enero de 2023, tras cumplirse el plazo concedido por la Audiencia de Sevilla para el ingreso voluntario de los condenados a cárcel en la pieza política.
Sin embargo, apenas seis meses después, salió de prisión al serle concedido el tercer grado por "motivos de salud". Desde entonces, ha quedado sujeto al Centro de Inserción Social (CIS) de Huelva, del que puede salir durante el día y regresar solo para pernoctar.
Magdalena Álvarez
El siguiente recurso que va a estudiar el TC es el de la exconsejera y exministra socialista Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Y, según fuentes jurídicas, la ponencia que se va a debatir apuesta por anular la condena bajo una tesis que coincidiría con los criterios ya manifestados por la Fiscalía. Esta apunta a la "elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos" de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico. Para el Ministerio Público, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa.
Ante la posible anulación de la condena de Álvarez, que abriría la puerta a la misma decisión en el caso del resto de los condenados solo por prevaricación, como el expresidente Manuel Chaves, la Junta ya manifestó hace una semana su "preocupación" por "esa sensación permanente de intromisión que tiene el PSOE y el Gobierno de España en los procedimientos judiciales". Y advirtió que desde el Ejecutivo andaluz estarían "muy atentos" a los jueces del TC y sus decisiones en este aspecto.
Unas palabras que este mismo lunes ha criticado el PSOE-A, que las califica de "inaceptables, rechazables y antidemocráticas", al considerar que "no se puede poner permanentemente en cuestión a los tribunales, como hace el Gobierno del PP".
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