La organización Manos Limpias se ha querellado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La querella, a la que ha tenido acceso este periódico, denuncia ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo que García Ortiz ha "asumido el mea culpa" por la filtración de un comunicado sobre la situación procesal de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Ese comunicado ya se investiga como un posible delito de revelación de secretos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que admitió a trámite una querella del propio González Amador contra dos fiscales que firmaban la nota de prensa. Pero la semana pasada, Álvaro García Ortiz envió un escrito al TSJM en el que afirmaba que había dado "orden expresa y directa" de emitir aquella nota. El propio fiscal general indicaba en aquel escrito que el TSJM no tenía competencia para imputarlo y que por tanto debía ser el Tribunal Supremo quien quedara a cargo de la instrucción.  

Así ocurrirá si la Sala Segunda admite a trámite la querella de Manos Limpias, la misma organización que se querelló contra la esposa de Pedro Sánchez y dio pie a una investigación contra ella en el los juzgados de Madrid. El querellante recoge, además del mea culpa de García Ortiz, las declaraciones que ofreció esta semana la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ante el juez Francisco José Goyena, que instruye la causa. Lastra reconoció que fue el fiscal general del Estado quien le ordenó que se publicara el comunicado y que ella no estuvo de acuerdo con la orden. 

El fiscal general, a pesar de todo, mantiene que la difusión de la nota fue legal e incluso necesaria para desmentir un bulo. Todo comenzó en el mes de marzo, cuando varios medios informaron de un pacto que la fiscalía había ofrecido a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid para evitar ir a prisión por un delito de fraude fiscal. La Fiscalía Provincial de Madrid desmintió esta información a través de un comunicado de prensa y González Amador se querelló contra los dos fiscales que lo firmaron por un delito de revelación de secretos.

El juez que instruye la causa pidió identificar al "máximo responsable en rango" tras la publicación de la nota y, el pasado lunes, García Ortiz asumió que la nota "no se habría publicado" sin su "previa autorización e instrucciones expresas y directas". Defendió, de todos modos, que el escrito no añadió "datos que no fueran públicos" y sirvió "para poner fin a un bulo y amparar a un compañero.