Acudir a los tribunales, calentar las calles y exhibir músculo territorial. El PP de Alberto Núñez Feijóo se plantea repetir la estrategia contra la financiación singular de Cataluña que la que inició hace ya ocho meses contra la ley de amnistía. La nueva cesión al independentismo catalán ha puesto en alerta al principal grupo de la oposición que, como con el borrado del procés, ve en la financiación que plantea el Gobierno para Cataluña otro pago por mantenerle en el poder. De ahí que en Génova no cierren ninguna puerta ni renuncien a optar por todas las herramientas a su alcance para evitar otra "injusticia" entre españoles.
Por un lado, amenazan con ir a los tribunales como harán pronto con la amnistía, una vez que tengan listo el recurso. Así lo anunció este lunes el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo: "Si se aplica una financiación ad hoc para comprar la Presidencia de Pedro Sánchez, quedará la vía del Tribunal Constitucional y todas las fórmulas jurídicas para intentar que eso no suceda", avisó en una entrevista en Cope. Tal y como recordó Bravo, el reparto de la financiación debe de hacerse en del Consejo de Política Fiscal y Financiera tras haber convocado a la Conferencia de Presidentes que tantas veces han reivindicado los barones populares.
A la denuncia que pueda liderar el PP nacional se podrían sumar las decenas de recursos que presenten las comunidades autónomas que alegarán un trato "injusto" entre españoles, tal y como lo calificaban varios barones populares la semana pasada. De este modo, como ocurrió hace meses con el rechazo de los territorios a la amnistía, los presidentes autonómicos volverían a protagonizar una ofensiva conjunta contra la nueva cesión al independentismo catalán en medio de las negociaciones para presidir la Generalitat.
Los barones populares volvían este lunes a censurar la decisión del Gobierno. Desde Madrid tildaron la medida de "disparate" propio de "un autócrata". En Aragón anunciaron un debate en el Parlamento autonómico para retratar a todos los partidos. La Xunta de Galicia habló de una "reacción" ante una medida que "perjudica" a los gallegos y en la Comunidad Valenciana tacharon de "insulto" la cesión. En Murcia ya amenazaban con acudir a los tribunales al entender que "jurídicamente incumple totalmente el artículo 2 de la LOFCA, donde dice que el sistema de ingresos de las comunidades autónomas no puede estar basado en privilegios sociales o económicos".
Por su parte Feijóo llegó a retar a los presidentes socialistas a rebelarse contra Ferraz. "No creo que haya un solo presidente socialista que esté dispuesto a renunciar a lo que le toque en beneficio de una comunidad autónoma", ha señalado en relación a Adrián Barbón (presidente de Asturias), María Chivite (Navarra) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha). De hecho, el popular avisó de que la financiación singular de Cataluña está "abocada al fracaso" al pactarse al margen del resto de comunidades.
La dirección nacional también baraja activar el pulso de las calles que calentó hasta en cinco ocasiones en el último año en contra de la amnistía. Génova avala la fórmula que reivindicaba este lunes el ex presidente del Gobierno José María Aznar y no descarta aplicarla. "La financiación singular implica que se da un golpe de Estado y que la decisión del Gobierno es aceptar los votos de Puigdemont y de los golpistas, entre los que se encuentra ERC, porque sin esos votos no se mantiene en el Gobierno", lanzó el presidente de FAES en un coloquio en el que sacó su baza más habitual. "Todavía es posible mantener nuestro sistema democrático con buena salud; es deseable que la ciudadanía se movilice". De este modo, Aznar llamó a protestar en las calles, una fórmula que el propio Feijóo ha convertido en su santo y seña de su liderazgo en la oposición.
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