El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este lunes el recurso promovido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón. Esta decisión conlleva, por tanto, la suspensión cautelar de esa derogación hasta que los magistrados del órgano de garantías se pronuncien sobre el fondo del asunto. El Gobierno aragonés ha trasladado este lunes "su respeto a las decisiones judiciales aunque no las comparta" y ha dicho estar convencido "de que la ley de derogación es plenamente constitucional". Por tanto, el Ejecutivo de Jorge Azcón solicitará "de manera inmediata" el alzamiento de la medida suspensiva. 

Las Cortes de Aragón derogaron la ley de Memoria Democrática impulsada por el socialista Javier Lambán, que desarrollaba la norma estatal, el pasado 15 de febrero. Fue gracias a los votos de PP y Vox, que gobiernan en coalición y contra el resto de la Cámara, integrada por PSOE, Podemos, CHA, Teruel Existe e IU. El portavoz de Vox en la Cámara cargó duramente contra la norma en aquel pleno. 

Dijo que la ley era "una herramienta política de agitación social", una norma que abría "heridas" y tenía por objetivo "enfrentar a la sociedad". La portavoz popular, Ana Marín, defendió la derogación como una forma de "reconocer a todas las víctimas". 

El pasado 20 de mayo, meses después de aquel bronco debate parlamentario, el Consejo de Ministros aprobó la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra  la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. "Recurrimos a la Constitución para impedir que nadie reescriba la historia", anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. 

Según detalló en la rueda de prensa posterior a aquel Consejo de Ministros, en los tres meses que pasaron desde la aprobación de la ley, el Ejecutivo había tratado de alcanzar un acuerdo con el Gobierno autonómico y había fracasado. El ministro denunció que la ley del Ejecutivo aragonés incluye medidas como la retirada de placas de señalización de campos de concentración, de lugares de memoria e incluso del mapa de fosas comunes. 

El Ejecutivo dirigido por Jorge Azcón defiende que la norma "se tramitó desde la más escrupulosa legalidad y las Cortes de Aragón tienen autonomía y derecho para derogar sus propias normas". Asimismo, ha destacado que la norma recibió "informes favorables del Consejo Consultivo de Aragón y de los letrados de las Cortes de Aragón". 

Ahora será el Tribunal Constitucional quien deba determinar la validez de la derogación. Al tratarse de un recurso presentado por el presidente del Gobierno, la suspensión cautelar de la norma es obligada. Lo establece el artículo 161.2 de la Constitución, que para las impugnaciones del Gobierno ante el tribunal prevé "la suspensión de la disposición o resolución recurrida". En todo caso, el tribunal deberá ratificar o levantar esta medida cautelar en el plazo de cinco meses.