Madrid ultima su Ley de Capitalidad para tener más competencias y financiación

Una de las medidas que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, llevaba en su programa electoral era la reforma de la Ley de Capitalidad. Un año después del inicio de su mandato con mayoría absoluta, el regidor ha anunciado que ya han finalizado su trabajo los grupos que estaban estudiando esta reforma. "Finalizado estos grupos de trabajo, ya está en elaboración el borrador de la Ley de Capitalidad para iniciar de la manera más rápida posible los trámites para poder aprobarla", ha indicado. La intención es llevarla "de manera inmediata" al Congreso de los Diputados, que debatirá su aprobación definitiva. 

El alcalde quiere actualizar esta ley para mejorar la financiación de la capital, asumir mayores competencias, ampliar el margen de maniobra en temas como la seguridad o tener más capacidad para dotarse con nuevas infraestructuras. La norma fue promulgada en 2006 durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón para atender a las necesidades de la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea. Ese año, Madrid tenía 3,1 millones de habitantes. Ahora, la capital supera por primera vez las 3,4 millones de personas empadronadas, la cifra más alta hasta la fecha en el siglo XXI. Por eso, Almeida quiere "adaptar el marco normativo y fiscal de Madrid a las exigencias de una gran ciudad en este siglo y que nos permita competir con otras grandes ciudades del mundo". 

El primer paso para su modificación se produjo en noviembre de 2023, tras crear la Comisión para la Reforma del Régimen de Capitalidad de Madrid, el nuevo órgano para estudiar la futura actualización de la ley. En ese momento también se constituyeron cuatro grupos de trabajo encargados del análisis y elaboración de diferentes propuestas de modernización de la ley a través de cuatro ámbitos: organización y régimen jurídico, competencias y regulación del nuevo distrito 22, financiación y gestión presupuestaria y recursos humanos, contratación y patrimonio. 

Los resultados de esta comisión se tienen que elevar ahora a la Junta de Gobierno local y los partidos políticos con representación presentarán sus alegaciones, para después enviar el dictamen definitivo al Gobierno de España. La normativa tiene que pasar finalmente por el Congreso de los Diputados para obtener el visto bueno. En este sentido, el alcalde de la capital ha pedido "que sea aprobada con la misma celeridad que la de amnistía" y que la Cámara tenga "la misma deferencia hacia los ciudadanos de Madrid que hacia los golpistas catalanes".