La Comunidad de Madrid ha planteado este lunes al Gobierno de España reducir el IVA al 0% en los alimentos para la población vulnerable que utiliza el nuevo sistema de las tarjetas monedero. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha trasladado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, durante el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que solicite esta medida al Ministerio de Hacienda.
"El IVA cero no solo es para ayudar a esta población, sino para que el Estado no se enriquezca con este sistema", ha manifestado Dávila. La consejera ha recordado al ministro que desde que se puso en marcha este modelo en diciembre de 2021 el precio de los alimentos se ha incrementado un 25,7%. Por esto, considera que al tratarse de una medida social financiada con fondos europeos y enfocada en un sector de la población muy concreto, el Ejecutivo nacional no debería sacar beneficio alguno. Asimismo, han solicitado renegociar con Bruselas los fondos destinados a este programa para incrementar el importe.
Las tarjetas monedero reemplazaron a las bolsas de alimentos para familias con hijos. Con este sistema, se asigna una cantidad de dinero, entre los 130 euros a 220 euros al mes, a las familias para que ellas mismas puedan adquirir los productos de primera necesidad. Para ello, Cruz Roja, entidad que colabora con el Ministerio, licitó un contrato con siete cadenas de supermercados —Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol— para implementar el programa.
Desde la Comunidad de Madrid han resaltado las deficiencias del sistema que dificultan su plena implantación, como la insuficiencia de supermercados adheridos al convenio que genera que algunas personas no tengan una tienda cerca de su domicilio. Dávila han mostrado su preocupación sobre el funcionamiento del modelo a largo plazo: "El Ministerio no ha garantizado que pueda prorrogar su acuerdo con Cruz Roja para la gestión de las tarjetas medio año más, hasta junio de 2025". El Gobierno central se comprometió a hacerse cargo de la gestión de las tarjetas monedero de manera transitoria hasta 2025 y así resolver posibles fallos, para después dejar en manos de las comunidades autónomas su administración. Sin embargo, varias regiones han manifestado la imposibilidad de implementar el sistema hasta el 1 de enero del año que viene y han pedido que se amplíe la prórroga.
El Ejecutivo autonómico trasmitió problemas técnicos a la hora de introducir el modelo, haciendo hincapié en cuestiones relativas a la política de protección de datos, incompatibilidades con el Ingreso Mínimo Vital o lagunas sobre cómo registrar a las personas indocumentadas. A pesar de esto, desde la Consejería indican que comenzarán a repartir las tarjetas a finales de junio y ya están "tramitando la licitación de la tarjeta autonómica para el año 2025, a pesar de las incertidumbres".
Financiar el 50% de las prestaciones por dependencia
Junto a las reclamaciones sobre el modelo de las tarjetas monedero para asegurar el suministro de productos básicos a las familias vulnerables. Dávila ha recordado al Ministerio que "está obligado por ley a cofinanciar el 50% de las prestaciones de dependencia, y en 2023 su aportación a la Comunidad de Madrid solo llegó al 30%". Asimismo, recriminan que a Cataluña se le entregue un "cheque en blanco" a la hora de fijar la partida que le corresponde en esta materia por razones "meramente políticas".
Desde la Consejería consideran que estas actuaciones generan una mayor desigualdad entre los españoles y una desprotección de las personas con discapacidad. "El Gobierno de España no puede escudarse en la prórroga de los presupuestos porque los ciudadanos en situación de dependencia tienen que seguir recibiendo los mejores servicios y prestaciones", ha señalado Dávila.
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