El coto al crecimiento descontrolado de los pisos turísticos en Valencia no se limitará únicamente a la moratoria de un año anunciada por el Ayuntamiento. La propia alcaldesa, María José Catalá, ha avanzado este lunes una medida específica para Ciutat Vella, el distrito más saturado por este tipo de inmuebles, donde ya representan el 10% respecto al total de viviendas residenciales: la prohibición permanente de construir o habilitar nuevos alojamientos de este tipo, con dos excepciones: el barrio de Sant Francesc y la plaza del Patriarca, donde sí se permitirán siempre que se trate de edificios destinados íntegramente a estos usos.
En concreto, según ha adelantado Catalá en una entrevista en la Cadena Ser, la comisión de Urbanismo aprobará este miércoles una modificación del Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella del año 2020 ante la finalización de la moratoria específica para este distrito que aprobó el Gobierno local anterior.
Tal y como explicó la alcaldesa, esta nueva ordenación responde al hecho de que un 10% de las viviendas de Ciutat Vella están destinadas a apartamentos turísticos, un porcentaje que, dijo, "nos parece equilibrado con respecto a la vivienda habitual". Por ello, a excepción de los dos puntos mencionados, "en el resto de los barrios de Ciutat Vella, el resto de la Xerea, el Pilar o la Seu, por ejemplo, ya no se podrán hacer más apartamentos turísticos", señaló.
La responsable municipal destacó que el centro histórico necesita "una nueva regulación que sea acorde a lo que nos han dictado también los tribunales" para que cuente con "la mayor de las garantías y la seguridad jurídica". Al respecto, recordó que el PEP de 2020 "fue llevado a los tribunales" y el Ayuntamiento "perdió el recurso", pues el TSJCV "inhabilitó esa ordenación que se hizo en el PEP de los apartamentos turísticos". "En el año 2023 se estableció una moratoria de licencias, pero esa moratoria finalizará", añadió. Una vez validada por la comisión de Urbanismo, la modificación se enviará a la Generalitat para ser después aprobada definitivamente por el pleno municipal.
Respecto a la moratoria general de licencias para la apertura de viviendas turísticas en la ciudad, Catalá defendió que esta medida busca "ordenar bien", "poner las reglas del juego claras" y "que haya seguridad jurídica para todos". "Lo que en ningún caso veo era el modelo anterior, sin ordenanza, sin inspecciones", manifestó. Además, señaló que el Gobierno municipal ha puesto en marcha cuatro equipos inspectores, ha realizado 300 inspecciones y ha decretado 200 órdenes de cierre.
"Actividad irregular"
La alcaldesa dijo que "lo que más preocupa en este momento" al Ayuntamiento es la "actividad irregular" de los apartamentos turísticos. "Si no regulas esa no puedes pedirle tampoco al sector legal, al que paga sus impuestos, exigencias", añadió. "Nosotros no estamos en contra de los edificios enteros de apartamentos turísticos, ni siquiera estamos en contra de los apartamentos turísticos", afirmó Catalá, quien se mostró "a favor del sector turístico". "Quiero ayudar al sector turístico a que aquí no llegue esa ola populista", finalizó.
El plan de vivienda pública roza las mil proyectadas
El Ayuntamiento de Valencia ha elevado la previsión de su plan de vivienda social, que ha bautizado como Plan + Vivienda, al alcanzar las 954 VPP, es decir, un centenar más de las que gestionaba hace un mes. Tal y como informó entonces 20minutos, once barrios copan las próximas zonas de edificación y el área de Urbanismo ha activado distintas fórmulas para acelerar las obras ante la escalada de precios y la caída de la oferta. Esta cifra total representa, tal y como ha destacado durante una visita a las obras de un edificio de 75 viviendas para alquiler asequible en la avenida Tarongers la alcaldesa María José Catalá, el 91% de lo que la popular prometió en campaña electoral para todo el mandato.
En concreto, el Consistorio ha optado por cinco vías para lograr la rápida puesta a disposición de viviendas para alquiler y compra por parte de los demandantes: adquisición de viviendas ya construidas (con un total de 129); constitución de derechos de superficie sobre parcelas de propiedad municipal (221); construcción directa de viviendas por el Ayuntamiento (427); cesión de parcelas a la Generalitat (82) y permuta de cuatro solares municipales para la construcción de vivienda pública.
Uno de los aspectos más novedosos es la permuta de solares. Según avanzó Catalá, el Boletín Oficial de la Provincia publicará esta semana el anuncio para intercambiar cuatro solares municipales para la construcción de VPP, "por 75-100 viviendas que ya se encuentran en construcción para adjudicarlas a la mayor brevedad en régimen de alquiler asequible".
Con la permuta de estas cuatro parcelas, que se localizan en Malilla, en el sector Fuente San Luis, y que suponen 2.813 metros cuadrados de suelo, se podrán construir 400 nuevas viviendas de protección pública de promoción privada, es decir, destinadas a la compra. Con esta actuación, destacó la alcaldesa, "se moviliza la gran bolsa de suelo municipal destinada a uso residencial que lleva años paralizada, incorporando la colaboración privada a las iniciativas públicas municipales en materia de vivienda de protección pública, con el objetivo final de aumentar la oferta de vivienda asequible existente en la ciudad, tanto en compra como en régimen de alquiler".
La iniciativa municipal también contempla la construcción directa de 427 viviendas en la Font de Sant Lluís, Na Rovella y el Cabanyal-Canyamelar, la compra de viviendas ya construidas (en Safranar y la Torre) y la cesión a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de dos parcelas en Malilla y Arrancapins para la construcción de 82 viviendas de alquiler asequible y energéticamente sostenibles. "Hemos pisado el acelerador y no vamos a parar", afirmó Catalá.
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