Así funciona la financiación autonómica: sus diferencias con el cupo vasco y por qué los expertos rechazan el modelo catalán

La financiación autonómica vuelve a estar en el debate político y público. La polémica ha resurgido de la mano de Esquerra Republicana (ERC), que ha condicionado su apoyo a una hipotética investidura de Salvador Illa, ganador de las elecciones catalanas del 12 de mayo, a través de una "financiación singular" para Cataluña. Una medida que el president en funciones, Pere Aragonès, ya avanzó en marzo y que pone de nuevo sobre la mesa en negociaciones con los socialistas, quienes están abiertos a considerar el acuerdo, tal como dijo hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los socialistas descartan un enfoque económico como el que hay en Navarra y País Vasco. El Ejecutivo insiste en que "nunca se ha hablado de conciertos", aunque sí se abre a un acuerdo dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Así lo subrayó este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien defendió la compatibilidad de una financiación "singular" con la "multilateralidad" entre las comunidades, asegurando que atenderá a las "singularidades" de los territorios, pero con "seriedad y serenidad".

Por su parte, ERC ve insuficiente el plan del PSOE y exige la "soberanía fiscal". La portavoz del partido, Raquel Sans, subrayó este lunes la necesidad de que Cataluña salga del régimen común de financiación autonómica, igual que País Vasco y Navarra. "Hablamos de soberanía fiscal, de tener la llave de la caja, de recaudar el 100% de los impuestos", trasladó Sans al añadir que quieren "ser muy claros" para evitar "tentaciones de confundir".

Este "privilegio" -como ha sido calificado por varias figuras públicas y expertos- no convence al resto de autonomías, que piden un sistema de financiación que distribuya los recursos de forma igualitaria. En este sentido, exigen una renovación del modelo actual, establecido en 2009 y caducado desde 2014, ya que no se adapta a las necesidades y capacidades reales de las comunidades. 

Y es que este reparto tiene como objetivo proporcionar a las regiones los fondos necesarios para cubrir sus competencias y responsabilidades. Entre ellas se incluyen áreas como la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales y otras políticas públicas. Para ello, España cuenta con dos sistemas de financiación: el régimen foral, que se aplica a País Vasco y Navarra, y el régimen común, utilizado por el resto de comunidades y dentro del cual Canarias y Ceuta y Melilla tienen características propias debido a sus particularidades.

En qué consiste el sistema de financiación

La financiación autonómica es el medio que utiliza el Estado para distribuir los ingresos tributarios entre todas las comunidades, a excepción de las dos mencionadas anteriormente. Se compone de una hucha común que se nutre por el conjunto de impuestos pagados por los ciudadanos. En concreto, el dinero procede de los impuestos estatales (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los especiales) y los cedidos a las autonomías, como Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, entre otros.

El reparto de esas cuantías es, precisamente, la cuestión que genera controversia. La distribución no es homogénea, sino que se calcula en parte a través del Fondo de Garantía, que sirve para compensar a las comunidades que más dificultades tienen para ofrecer servicios públicos de calidad. Así, para conocer las necesidades de cada territorio, se tienen en cuenta siete variables que determinan la "población ajustada", entre las que se encuentran el número de habitantes mayores de 65 años y en edad escolar o la dispersión de los residentes y la superficie.

Por otro lado, existen otros fondos, el de Suficiencia y Convergencia, que operan como recurso de cierre del sistema para corregir desequilibrios territoriales y su cálculo depende de variables internas. La finalidad es asegurar que las necesidades de financiación de cada comunidad se cubren cada año con independencia de su capacidad recaudatoria. No obstante, en la práctica el sistema genera ciertas desigualdades.

Según un informe de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) de 2021, año de la última liquidación disponible, la diferencia entre las regiones mejor y peor financiadas fue de casi 730 euros por persona. Cantabria, la primera de la lista, registró una financiación efectiva por habitante de 3.417 euros, mientras que Murcia ocupó la posición más baja con 2.691 euros per cápita.

De media, las autonomías recibieron 2.963 euros por habitante, por debajo de lo cual se sitúan cuatro regiones, entre ellas Murcia, y todas ellas denuncian estar infrafinanciadas: la Comunidad Valenciana (2.730 euros per cápita), Andalucía (2.793 euros)  y Castilla-La Mancha (2.814 euros). Además de Cantabria, las que mejores números presentaron fueron Baleares (3.397 euros por habitante), La Rioja (3.340 euros), Extremadura (3.286 euros), Canarias (3.174 euros)  y Castilla y León (3.150 euros).

Otra cuestión denunciada por los Ejecutivos autonómicos tiene relación  con las comunidades que poseen una mayor capacidad recaudatoria, como la Comunidad de Madrid, Cataluña y Baleares. Y es que estos territorios fueron los únicos que aportaron al sistema de financiación más dinero del que recibieron en 2021, según el estudio de Fedea.

El cupo vasco y la propuesta de la Generalitat

País Vasco y Navarra tienen su sistema propio de financiación basado en acuerdos bilaterales entre sus gobiernos y el Ejecutivo central. El régimen foral les permite gestionar sus impuestos, su recaudación y su financiación con cierta autonomía; mientras que contribuyen a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas a través de una cantidad denominada "cupo" o "aportación".

La fórmula propuesta por el Govern recuerda a este modelo. Su sistema plantea que la Generalitat recaude la totalidad de los impuestos en Cataluña y se haga cargo del coste de los servicios, transfiriendo una partida al Estado por el mismo concepto que el cupo vasco. Además, añade otra cuantía -que no aportan Navarra y el País Vasco- para "contribuir a la cobertura de los servicios públicos a las comunidades con menor capacidad fiscal y así garantizar el principio de equidad horizontal".

Según explicó ERC, las partidas se revisarían en el marco de "un mecanismo bilateral" con el Estado. Con este sistema, Cataluña recaudaría y gestionaría todos los impuestos y no solo el 9% actual. Esto implicaría que de los poco más de 25.600 millones recaudados en 2021 -al margen de los casi 4.900 millones de tributos propios-, la Generalitat podría ingresar hasta casi 52.000 millones, según sus previsiones. 

Ahora bien, para llevar a cabo la propuesta se requeriría de tres reformas: de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), de la norma que regula la financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de la ley de cesión de tributos.

Los expertos y la oposición, en contra de la medida

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) rechaza la propuesta de la Generalitat. Considera que es inconstitucional, rompe con los principios de solidaridad y dejaría a Cataluña en una situación de privilegio respecto al resto de territorios, que verían mermados sus servicios públicos, según indicó en un informe en marzo. De igual modo, defiende que podría perjudicar la lucha contra el fraude, ralentizar procesos y entorpecer la recaudación de impuestos.

"La Constitución no ampara un régimen fiscal especial aplicable solo en una determinada comunidad autónoma, en este caso Cataluña, por mucho que quieran decir que este territorio tiene una singularidad fiscal", han manifestado los inspectores. Además, señalan que un trato diferenciado podría provocar que otras regiones que aportan más recursos tuvieran incentivos para pedir un trato similar.

De llevarse a cabo, los expertos sostienen que el sistema de financiación actual podría quebrar y limitar la capacidad del Estado de cohesionar el territorio a través de sus recursos. "Se quedaría sin fondos para lograr las funciones que le atribuye la Constitución. Tendríamos 17 comunidades recaudando 250.000 millones, los gastos se pagarían entre todos. En la práctica supone la desaparición del Estado".

La medida tampoco ha convencido a la oposición y el portavoz del PP, Borja Sémper, ha exigido la convocatoria "urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera como foro multilateral autonómico donde neutralizar la posibilidad de una "independencia fiscal" para Cataluña. "Reclamamos la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que se tiene que dirimir este tipo de decisiones, no entre Sánchez e independentistas, este es el marco legal y lo contrario está condenado al fracaso", ha recalcado.