El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha acordado con las comunidades el reparto de más de 738 millones de euros para Dependencia, la misma cantidad de la anterior legislatura, y ha reafirmado su compromiso de seguir aumentando su presupuesto hasta alcanzar el 50 % de la financiación del sistema.
Bustinduy ha presidido el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado este lunes en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), donde se ha abordado la próxima reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley de Discapacidad, así como la gestión de las tarjetas monedero para familias vulnerables con hijos.
Respecto a la financiación del sistema de atención a la dependencia, el ministro ha explicado que va a repartir este año la misma cantidad que en la anterior legislatura -783.197.420 euros-, "una cifra récord", a lo que se suma el compromiso retirado por el ministro de continuar con el incremento presupuestario iniciado por el Gobierno de coalición, destaca Derechos Sociales.
Se trata de "corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido este sistema agravada en la década pasada con los recortes", explica el Ministerio, que reitera la meta de la Administración General del Estado de alcanzar el 50 % del total de la financiación en Dependencia, como recoge el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.
Durante su intervención, Bustinduy ha recordado el necesario compromiso por parte de las comunidades de mantener su inversión para fortalecer la dependencia e iniciar la transición al nuevo modelo de cuidados y les ha reclamado "una política de estado de amplios consensos para blindar los recursos y evitar nuevos recortes".
También para adaptar la ley de dependencia y la de discapacidad a la reforma del artículo 49 de la Constitución en torno a un anteproyecto que quiere llevar a la mesa del Consejo de Ministros este verano.
Trabajo conjunto en las tarjetas monedero
El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado una propuesta a los gobiernos autonómicos para seguir trabajando de forma conjunta y facilitar así que el sistema de tarjetas monedero siga operando más allá de 2024, cuando finaliza la gestión transitoria del Gobierno de España.
Según Derechos Sociales, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad por todas las partes, aunque la consejera de Madrid, Ana Dávila, ha mantenido este lunes sus críticas a la gestión de Bustinduy y le ha pedido que solicite a Bruselas el aumento en los importes del Fondo europeo destinado a este programa.
Actualmente, ya hay seis comunidades que han comenzado a derivar a familias a Cruz Roja para que puedan recibir estas tarjetas, y está previsto que el grueso de las demás comunidades autónomas inicie las derivaciones de forma inminente, explica el Ejecutivo.
Por su parte, La Xunta de Galicia ha lamentado que esta reunión haya servido para anunciar una reforma de la ley de dependencia pero sin abordar la financiación estructural de este mecanismo, en el que el ejecutivo autonómico aporta el 70 por ciento de la financiación.
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