La Junta de Fiscales de Sala ha avalado, tras un debate de más de cinco horas, amnistiar la malversación del procés, tal y como proponía el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo ha hecho, eso sí, muy dividida y por la mínima. Los 37 fiscales que han participado en la Junta -que reúne a la cúpula de la carrera- han enfrentado dos tesis opuestas: la de los fiscales del procés, que han defendido la imposibilidad de amnistiar a Carles Puigdemont y el resto de imputados o juzgados por malversación en la causa del Tribunal Supremo, y la del fiscal general. La votación ha sido ajustada: 19 fiscales, incluyendo a García Ortiz, han abogado por informar a favor de la amnistía; 17 han votado en sentido opuesto, y uno de ellos se ha abstenido -el fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher-.
Ahora la Fiscalía deberá elaborar un informe en respuesta a las providencias en las que el Supremo preguntó por la aplicación de la amnistía a la causa del procés. Ese informe lo elaborarán la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala Jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez-Covisa, según han informado fuentes de la institución. Los cuatro fiscales del procés -Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno- han aceptado ser relevados de la causa al oponerse al criterio marcado por el García Ortiz. Ellos ya habían adelantado que no aceptarían firmar un informe que fuese en contra de su posición.
Según informaron al fiscal general la semana pasada, consideran que en la malversación del procés hubo "ánimo de lucro" y aprecian también una posible afección a los intereses financieros de la Unión Europea. Estas dos condiciones, según reza la propia ley de amnistía, dejaría estos hechos fuera de la medida de gracia. De todas formas, son los magistrados del Supremo los que tendrán la última palabra sobre la aplicación de la amnistía.
De los 36 miembros de la Junta, 34 fiscales han asistido presencialmente al debate y otros dos han votado telemáticamente. Se trata de un órgano compuesto por fiscales de distinto signo, pero en los últimos años tanto García Ortiz como su predecesora, Dolores Delgado, han aupado a lo más alto de la carrera a varios pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación a la que pertenece el propio fiscal general. Ahora hay un total de 18 fiscales de dicha asociación, entre ellos la propia Delgado, quien fue cesada por el Supremo como fiscal de Sala hace unas semanas pero ese cese aún no ha sido ejecutado por el Consejo de Ministros, con lo que ha acudido al debate.
Los primeros en intervenir en la reunión han sido los cuatro fiscales del procés, que han defendido la imposibilidad de amnistiar la malversación en la causa que lleva el Tribunal Supremo. Al culminar las cuatro intervenciones, el fiscal general ha dado paso a un debate en el que otros fiscales han intervenido por orden inverso de nombramiento, es decir, de la última fiscal de Sala nombrada a la más antigua.
Según detallan fuentes fiscales, el debate ha sido "estrictamente jurídico" y en él han intervenido todos los presentes menos 13. La división de criterio se ha resuelto con una escasa mayoría en favor de la tesis de García Ortiz, que ha adelantado el sentido del informe que la Fiscalía trasladará en respuesta a las preguntas planteadas por el juez instructor Pablo Llarena y por el tribunal presidido por Manuel Marchena que se hizo cargo del juicio del procés.
El fiscal general, al contrario de los fiscales de esta causa, entiende que los líderes del procés procesados por malversación no incurrieron en ánimo de lucro y que el delito no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Teniendo en cuenta estos dos factores, la conclusión que ha trasladado García Ortiz es que la institución informará a favor de amnistiar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de investigados o condenados de la causa.
El desencuentro con los fiscales del 'procés'
Los fiscales del procés ya comunicaron sus impresiones al fiscal general antes de la aprobación de la ley de amnistía, en el curso de una serie de reuniones que convocó García Ortiz para tratar este asunto. Pese a que en aquel encuentro los fiscales entregaron un informe general sobre la norma, tras su entrada en vigor el martes pasado, García Ortiz dio un plazo de 24 horas para que entregaran un nuevo documento en respuesta a las providencias del Supremo. El informe, según reflejó en un decreto el fiscal general, se extralimitaba de lo "meramente jurídico" y ponía en un compromiso "la imagen de neutralidad de la institución".
El pasado viernes, por tanto, García Ortiz ordenó a los fiscales obrar en contra de su criterio: informar a favor de la amnistía a la malversación del procés y pedir el alzamiento de las órdenes de detención dictadas por el juez Llarena.
Ante las discrepancias del fiscal general, los fiscales decidieron acudir al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Público, forzando la convocatoria de la Junta de fiscales de Sala que se ha reunido este martes a las 9.30 horas. La mayoría de fiscales de la Junta han avalado las consideraciones del fiscal general, si bien ha sido una mayoría muy ajustada. Según fuentes fiscales, la votación no se ha dividido en bloques, sino que fiscales pertenecientes a la misma asociación han votado en sentidos distintos. El Tribunal Supremo, que dio un plazo de cinco días a las partes para pronunciarse sobre este asunto, será quien tome la decisión final sobre la aplicación de la amnistía en la causa del procés.
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