La breve reforma legal que servirá para que los funcionarios de prisiones comiencen a ser considerados como agentes de la autoridad echó a andar este martes en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PSOE y el PP. Socialistas y populares unieron fuerzas para dar luz verde al inicio de la tramitación de esta medida, que no obstante tiene por delante al menos unas semanas más de trámites parlamentarios hasta ser aprobada definitivamente. Vox también apoyó la reforma legal, mientras Sumar se abstuvo y los habituales socios parlamentarios del Gobierno se dividieron: el PNV votó a favor y EH Bildu y ERC lo hicieron en contra.
Se trata de la segunda vez en menos de un mes que el PSOE ve como sus socios le dejan solo en el Congreso, en el caso de este martes para iniciar la tramitación de una reforma legal extremadamente sencilla. El texto impulsado por los socialistas apenas cuenta con un solo artículo en el que se establece que los funcionarios de prisiones tendrán, cuando la ley entre en vigor, "a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad, pudiendo identificar tal condición por su número de registro profesional, en procesos administrativos y judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional". Los socialistas justifican este cambio asegurando que "dará seguridad jurídica al trabajo que realizan" los funcionarios de prisiones.
A efectos prácticos, el hecho de dar a los funcionarios de prisiones tratamiento de agentes de la autoridad supondrá que, "en los procedimientos disciplinarios sancionadores" que se instruyan, "los informes emitidos por los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de Instituciones Penitenciarias en el ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario", aunque estos funcionarios deberán "aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles".
En resumen, se trata de dar a los trabajadores de las prisiones el mismo tratamiento que se otorga, por ejemplo, a los policías, por el cual su palabra vale más en un juzgado que la de un acusado a no ser que haya una prueba en contra que la desacredite. Además, la reforma establece que, en caso de un procedimiento penal seguido contra un funcionario de prisiones, "se garantizará su separación del resto de los detenidos en caso de detención y, en el supuesto de ser ingresados en prisión y en los traslados bajo custodia, se realizarán con separación de otros reclusos".
La última de las medidas que incluye la reforma cuya tramitación se aprobó iniciar este martes es la que garantiza a los funcionarios de prisiones que la Administración estará obligada a resarcirles económicamente "cuando sufran daños personales o materiales en acto o con ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia graves.
Críticas de los socios del Gobierno
La toma en consideración salió adelante gracias a que PSOE y PP sumaron sus votos pese a lanzarse algunos dardos desde la tribuna. Vox, por su parte, también compartió el apoyo a la medida, aunque afeó a los socialistas que en el pasado no hubiera respaldado otras iniciativas suyas "sustancialmente idénticas" y avisó de que, en el trámite de enmiendas que ahora comienza, pedirá una equiparación salarial entre personal penitenciario e impulsar un estatuto propio o el reconocimiento del trabajo de los funcionarios de prisiones como una profesión de riesgo.
Por el contrario, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, sostuvo que "este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones se ha insertado en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles o ya sea fuera de ellas". Ese es el motivo por el que Sumar decidió abstenerse, ya que, según Santiago, la medida fomenta "un discurso que provoca una sensación de inseguridad que no se ajusta a la realidad".
Por su parte, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu afirmó que la proposición de ley impulsada por el PSOE supone seguir la senda del "autoritarismo" y abandonar "la vía de la reinserción y de rehabilitación" en favor de la "vía punitiva". Similares argumentos utilizó ERC, que sostuvo que conceder a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad no va a solucionar que las cárceles "sean más inseguras" por el hecho de que el "perfil del interno ha cambiado".
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