La nueva deducción en el tramo autonómico del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la Comunidad de Madrid con la que Isabel Díaz Ayuso espera atraer a la región a unos 30.000 inversores procedentes del extranjero pone rumbo a la Asamblea regional. El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el proyecto de ley con la bonificación en su reunión de este miércoles y espera que la Cámara lo apruebe antes de que acabe el año para que el incentivo se pueda aplicar con efecto retroactivo a fecha 1 de enero.
Esta es la segunda vez que el PP regional intenta aprobar esta rebaja fiscal. El año pasado se quedó sobre el papel por el rechazo de Vox a apoyarla si no había unos beneficios equivalentes a los inversores que ya residían en España. Díaz Ayuso ya anunció que no renunciaba a esta iniciativa y el pasado abril la relanzó, unos trámites que culminan ahora. En esta ocasión, el proyecto de ley tiene asegurada su viabilidad gracias a la mayoría absoluta con la que cuentan los 'populares' en el parlamento autonómico (tienen 70 escaños de los 135 que hay en el hemiciclo).
"El objetivo es generar empleo y riqueza en la región gracias a este incentivo", han trasladado desde el Ejecutivo regional sobre la normativa que han impulsado. Las bonificaciones alcanzarán el 20% de la inversión realizada y serán aplicables a todas las operaciones que se hayan hecho a partir del 1 de enero de este año siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos.
Las aportaciones que se podrán desgravar los contribuyentes tendrán que ser en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras. Además, para acogerse a la bonificación se exigirá que se mantenga tanto la inversión como la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años.
Los contribuyentes deberán presentar sus declaraciones en la región y no pueden haber sido residentes en España durante los cinco años anteriores al cambio de residencia fiscal. Además, no se podrán acoger al incentivo las inversiones en entidades domiciliadas en paraísos fiscales y los beneficiarios tampoco podrán ejercer funciones ejecutivas ni de dirección, o mantener una relación laboral alguna, con la entidad en la que hagan sus aportaciones.
La nueva normativa ha sido denominada por algunos como 'ley Mbappé', en referencia a la próxima llegada del jugador francés a la capital y a la conocida 'ley Beckham'. "Se pretende la atracción de talento a nuestro país, así como profesionales que cubran las necesidades en determinados sectores", han subrayado desde el Ejecutivo regional, que también asegura que esta medida fiscal persigue facilitar el retorno de quienes emigraron en el pasado fuera de España.
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