Bruselas excluye a España del brazo sancionador por déficit excesivo pese a incumplir el límite del 3% en 2023

España no estará en la lista de países expuestos a sanciones por superar los niveles máximos de déficit público que permite la Unión Europea en 2024 y 2025, pese a que sí excedió ese límite en 2023. Tampoco formará parte del grupo de Estados miembros a los que la Comisión vigila con lupa por presentar desequilibrios económicos. Así lo ha trasladado oficialmente la Comisión Europea este miércoles en la presentación de su paquete de primavera, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo adelantara esta mañana en el Congreso.  

El Gobierno ha peleado en Bruselas para quedar fuera de la lista de siete países que se verán sometidos a un procedimiento por déficit excesivo. Se trata de Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia, cuyos niveles de déficit público está previsto que superen el máximo del 3% este año. La Comisión Europea y el Gobierno coinciden en que España se situará dentro de los límites permitidos tanto en 2024 como en 2025, un factor que ha pesado más que el hecho de que el desequilibrio registrado en 2023 (3,6%) sobrepasara el umbral máximo.

Los países inmersos en procesos correctores por déficit elevado reciben una vigilancia especial desde Bruselas y se les exige el cumplimiento de las recomendaciones específicas que formula la Comisión para ellos cada primavera. Si no logran reconducir la situación, se exponen a multas que pueden ser milmillonarias, si bien es cierto que nunca en la historia de la UE se han llegado a ejecutar sanciones económicas a los países incumplidores. 

Fuentes del Ministerio de Economía trasladan que Bruselas ha tenido muy en cuenta la reducción sustancial y continua del déficit público desde el pico alcanzado en 2020 (10,1% sobre el PIB) hasta el 3,6% registrado el año pasado. Aunque España incumplió el límite del 3% el año pasado y este año la previsión es que el desequilibrio ronde los límites máximos, Bruselas cree que se alcanzarán los objetivos. Las mismas fuentes agregan que haber esquivado el brazo corrector de Bruselas deja a España en muy buena posición para poner en marcha el plan de ajuste que exigen las nuevas reglas fiscales europeas.

España sabe bien lo que es estar sometido al brazo corrector de Bruselas y el estigma que acarrea. El país estuvo inmerso en un procedimiento de déficit excesivo entre 2009 y 2019 por el roto en las cuentas públicas que generó la gran crisis financiera y que se agravó durante la crisis de deuda soberana.

La otra buena noticia que deja la Comisión Europea es que España queda fuera también del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos por primera vez desde que se creara este mecanismo en el punto álgido de la crisis de deuda soberana. Este hito, que tiene un poder más simbólico que práctico, se ha logrado gracias a la reducción de la deuda exterior de hogares y empresas y a la reducción de las tasas de desempleo que, no obstante, sigue siendo la más elevada de toda la UE.

El verdadero problema es la deuda

Aunque España se ha librado de la vigilancia especial de Bruselas al menos este año, los problemas fiscales que deberá enfrentar el Gobierno en el futuro siguen siendo grandes. El verdadero reto es la deuda pública, que se situaba todavía a finales del año pasado en el 108% del PIB. Una cifra superior a la anterior a la pandemia y muy por encima del máximo del 60% que permite Bruselas.

Para reconducir la situación, el Gobierno deberá presentar un plan de ajuste a varios años ante la Comisión Europea que garantice que la deuda pública se reducirá en el futuro. La fecha límite para hacerlo es el 20 de septiembre y por ahora el Ejecutivo no ha dado detalles sobre el contenido del mismo ni ha aclarado si repartirá el esfuerzo entre cuatro o siete años (las dos posibilidades que permite Bruselas).

Las cifras concretas todavía no se conocen, pero la Airef estima que el ajuste anual que sería necesario oscilará entre 0,4 y 0,6 puntos de PIB en función de si se presenta un plan a cuatro o siete años. En euros, estaríamos hablando de entre 6.300 y 9.200 millones de ajuste fiscal cada año, que pueden ejecutarse recortando gasto público o reforzando los ingresos (a menudo, subiendo los impuestos o creando otros nuevos). 

Se trata de un ajuste considerable que supondría reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos entre 37.000 y 44.000 millones de euros. Una reducción muy notable del déficit que difícilmente podrá ejecutarse sin reducir gasto público. De hecho, para lograrlo, España debería encadenar superávits presupuestarios primarios (la diferencia entre ingresos y gastos, pero sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda) durante décadas. Aun con ese esfuerzo, la deuda pública se situaría 20 puntos por encima del máximo legal en el año 2041, estima la Airef.