La Fiscalía ha pedido este miércoles a la magistrada del Tribunal Supremo que instruye la investigación de las protestas de Tsunami Democrátic que se aplique la amnistía a Carles Puigdemont, al considerar que "ninguno de los hechos" que se analizan en esta causa "ha causado de forma intencionada una grave violación de los Derechos Humanos" regulados en el Convenio Europeo o en el Derecho internacional. Por eso, considera que la ley es aplicable en este caso.
Según expone el Ministerio Público, en un escrito firmado por la número dos de la Fiscalía, el auto de aceptación de la causa "no imputa a ninguno de los investigados la causación de muerte, aborto, lesiones al feto o pérdida o la inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o la grave deformidad, ni delitos tipificados como torturas o tratos inhumanos o degradantes", que son las excepciones que establece la norma para aplicar la amnistía.
La teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, ha presentado este informe ante la instructora del Supremo Susana Polo, que es quien dirige la investigación contra Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg por estar aforados. El resto de los encausados por las protestas de Tsunami Democrátic, entre ellos la dirigente republicana Marta Rovira, están imputados en la Audiencia Nacional, aunque es previsible que la Fiscalía se pronuncie en ese órgano judicial en los mismos términos y pida aplicar también la amnistía para ellos.
Para Sánchez Conde "no hay duda de que los hechos investigados" en la causa de Tsunami Democràtic "son incardinables en el ámbito objetivo" de la ley de amnistía. La norma en cuestión establece que se debe amnistiar el terrorismo siempre que no se haya producido "de forma intencionada una grave violación de los derechos humanos", en concreto de los recogidos en "los artículos 2 y 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos". Es un criterio que, a juicio de la teniente fiscal, cumplen los hechos investigados por la magistrada Susana Polo.
Según relata el escrito del Ministerio Público, el auto que dio apertura a la causa en el Tribunal Supremo indica que Tsunami Democràtic tenía por objetivo la "subversión del orden constitucional y la desestabilización grave de las instituciones democráticas". Esta finalidad "no coincide en gran medida" con lo que el Derecho de la UE "considera imprescindible para que los hechos sean calificados de terroristas", concluye la fiscal.
Sánchez Conde rechazó imputar a Puigdemont
La teniente fiscal del Supremo, número dos de García Ortiz, ha sido la encargada de contestar a Susana Polo porque asumió a principios de año la posición de la Fiscalía sobre la imputación a Carles Puigdemont por terrorismo. La causa de Tsunami Democràtic se abrió a raíz de las protestas contra la sentencia del procés, en 2019. Quedó en manos del juez Manuel García Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, y pasó años estancada.
A finales de 2023, cuando García Castellón avanzó en sus pesquisas, apreció indicios de terrorismo e identificó a Carles Puigdemont como posible responsable tras la plataforma Tsunami Democtràtic. En noviembre pidió al Supremo que asumiera la investigación contra el expresident y contra Rubén Wagensberg por estar ambos aforados. Y el tribunal, a su vez, pidió a la Fiscalía que se pronunciase.
En febrero, la mayoría de los fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo votó a favor de la solicitud de García Castellón, pero ante la discrepancia de los dos fiscales jefes, se elevó la decisión a la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde. La susodicha razonó a lo largo de 31 folios la falta de indicios para atribuir a Carles Puigdemont un delito de terrorismo.
La fiscal sostuvo que la relación del expresident con Tsunami se deducía de "conjeturas" y no dio por acreditado que la plataforma tuviese la estructura y jerarquía de una organización terrorista. Finalmente, el Tribunal Supremo discrepó de estas consideraciones, avaló la investigación y la dejó en manos de Susana Polo, que deberá tomar la última decisión sobre el encaje de la amnistía en la causa.
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