Alberto Núñez Feijóo se presentó a sus primeras elecciones generales con un plan armado que pondría fin a la histórica batalla financiera entre comunidades: dándoles voz y con criterios de población ajustada. El objetivo era activarlo nada más alcanzar la Moncloa. Casi un año después, y desde la oposición, el líder del PP retoma aquel proyecto que planeó con su gurú económico, Juan Bravo, como alternativa a los planes del Gobierno de dar una financiación singular a Cataluña sin tan siquiera convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, sin consensuarlo con el resto de territorios. No obstante, fuentes del PP ya avisan que se guardarán su plan para cuando asuman la Presidencia porque ahora lo importante —dicen— no es la propuesta de la oposición sino descubrir la "ausencia" de proyecto del Gobierno en esta materia.

La alternativa de Feijóo parte de la premisa de que cada territorio tiene sus propias necesidades, privilegios y desventajas. De ahí que los criterios que se apliquen a la hora del reparto deban de ser técnicos y no políticos, como creen que hará Sánchez en Cataluña en plena negociación para la investidura de Salvador Illa. De este modo, una de las principales medidas que recoge el documento es diseñar un criterio de población ajustada. Esto es cruzar todos los datos de las administraciones públicas para determinar si una zona tiene alta o baja natalidad, más o menos jubilados o si los servicios básicos están dispersos. En definitiva realizar un estudio exhaustivo de cada territorio para concretar si aun teniendo menos población que otro necesite más financiación para los servicios públicos.

Precisamente porque cada territorio tiene unas necesidades diferentes a otras, los populares proponen reformular los fondos Next Generation de tal forma que cada comunidad pueda gastar las ayudas europeas en lo que realmente necesite su población y en lugar de lo que le exija el Gobierno. Para ello, el PP pide que se deje participar a las comunidades en la configuración de estos fondos en función de cada conferencia sectorial. Así, la comunidad podría elegir gastar el dinero que le corresponde en Educación en reformar bibliotecas en lugar de abrir escuelas infantiles como le exigen desde el Gobierno y evitar que "devuelvan el dinero" tal y como le reprochó la ministra de Hacienda María Jesús Montero al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. 

Del mismo modo, el PP cree que el Estado debe de compensar los nuevos gastos que asumen las comunidades, bien por transferencias de competencias, por ejemplo las residencias, o por aceptar otras responsabilidades que le pide el Estado, como puede ser acoger a inmigrantes. "¿Quién paga esos gastos", se preguntan de forma retórica en el PP, al tiempo que exigen que el Gobierno devuelva esa parte a las comunidades. También plantean que el plan incluya medidas en positivo, como es premiar a las comunidades que cumplen con los objetivos marcados previamente. Por ejemplo, si todos los territorios se marcan como meta la vivienda, aquella que mejore sus índices perciba una recompensa.

Entre otros puntos, los populares dan relevancia a los retos futuros. Esto es diseñar fórmulas dentro del plan de financiación que tenga también en cuenta cómo va a evolucionar cada una de las comunidades en función de su población y así crear una hucha para fomentar la natalidad o en su caso las pensiones y la sanidad. Todo ello, bajo la exigencia de que el Gobierno respete la autonomía de los territorios, es decir, que no entre a valorar si retiran impuestos como el de sucesiones.

Al fondo del plan se suman las formas. El equipo de Feijóo censura la falta de consenso con la que el Gobierno aspira a repartir el dinero entre territorios. Tal y como explican fuentes conocedoras de esta alternativa, el PSOE de Pedro Sánchez es el único que quiere cambiar el sistema sin hacerlo de forma multilateral. Recuerdan incluso cómo el Gobierno de Mariano Rajoy con el ex ministro Cristóbal Montoro al frente de Hacienda reunió a todas las comunidades para consensuar una reforma del sistema negociado con el PSOE. Un plan que nunca llegó a efectuarse con la moción de censura del ahora ex presidente Rajoy.