La Fiscalía francesa se ha pronunciado este miércoles en favor de que la exdirigente etarra Soledad Iparraguirre, Anboto, pueda ser juzgada en España por su responsabilidad en el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola de 2002. Este causó la muerte de dos personas y se saldó con 55 heridos. "Esta demanda responde a las exigencias legales", ha subrayado la fiscal de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París que ha examinado la euroorden de la Audiencia Nacional de Madrid por la que se reclama a Iparraguirre por los delitos de asesinatos terroristas, tentativas de asesinato y estragos terroristas.
El abogado de la defensa, Romain Ruiz, ha pedido, por el contrario, el rechazo de la entrega de la exdirigente etarra, entre otras cosas por una incoherencia entre el número de delitos citados en la euroorden (cuatro) y los descritos (tres). Al respecto, el letrado se ha encargado del proceso debido a que la interesada no quiso ser extraída de la prisión para estar presente en la audiencia.
Otro motivo es la "incertidumbre" sobre las penas a las que se expone en caso de sentarse en el banquillo en España. La razón es que aunque en el suplemento de información que la Audiencia Nacional envió en febrero se señalan las penas máximas que se le podrían imponer (30 años de cárcel por cada uno de los dos asesinatos, 20 por cada uno de los 55 heridos y 20 años por los estragos terroristas), no se precisa la gravedad de las heridas.
Eso es relevante, según el letrado, porque la legislación española distingue las posibles penas que se pueden imponer por tentativa de asesinato en función de la gravedad de las heridas: entre 10 y 15 años o entre 15 y 20 años. Ruiz también se quejó de que la Justicia española no ha clarificado la cuestión de la pena máxima efectiva a la que se expone Iparraguirre Guenechea con las actuales inculpaciones.
Las condenas
La etarra ha sido ya condenada en España a cientos de años de cárcel por diversos hechos, y eso se suma a las seis condenas que se le han impuesto en Francia, la mayor a 20 años de cárcel. Como fue detenida en Francia (en 2004), en aplicación del llamado principio de especialidad, España debe solicitar una extensión de la autorización de entrega cada vez que la quiere sentar en el banquillo por una nueva causa.
En el caso del atentado con un coche bomba junto a la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto de 2002, en el que murió un hombre que se encontraba en las proximidades y la hija de seis años de un agente, Anboto no está acusada de ser autora material de los hechos. Por eso ya fueron sentenciados en 2012 los etarras Oscar Zelarain y Andoni Otegi a 843 años de prisión. Ella, no obstante, está imputada en tanto que responsable de ETA como jefa de las estructuras de la extorsión y de las finanzas, en virtud de lo cual formaba parte del comité ejecutivo, la instancia suprema de la banda.
La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París deberá pronunciarse sobre su entrega el próximo 3 de julio, y ese día también dictaminará sobre el caso de Antonio Olarra Guridi, al que la Audiencia Nacional de Madrid también ha reclamado para juzgarlo por los mismos hechos de Santa Pola. El examen de la euroorden de Olarra Guridi no ha hecho en la audiencia pública de este miércoles porque el etarra -que se encuentra encarcelado en España- dio a sus instrucciones a sus abogados para que se limitaran a presentar las alegaciones por escrito.
Comentarios