Inesperado revés judicial para Mónica Oltra y su equipo de colaboradores en la antigua Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La Audiencia de Valencia ha ordenado al juzgado de Instrucción número 15 de Valencia la reapertura de la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano del Botànic por la gestión del caso de los abusos a una menor tutelada cometidos por su exmarido, condenado en firme por estos hechos. El tribunal, presidido por el magistrado Pedro Castellano, entiende que no puede "descartarse claramente" la existencia de un delito y que, frente al criterio para archivar el caso del instructor, que afirmó que los indicios se habían "desvanecido por completo", hay motivos para seguir investigando y, en su caso, llegar a juicio oral.
La Audiencia estima así, parcialmente, los recursos de la acusación particular (la víctima de los abusos sexuales) y de las dos acusaciones populares (Vox y la asociación Gobierna-te liderada por Cristina Seguí) contra el archivo provisional decretado el pasado 2 de abril. Este caso le costó el cargo a Oltra tras ser imputada por encubrir presuntamente los hechos desde su puesto como responsable del área social del Consell que conformaban el PSPV de Ximo Puig, Compromís (la formación que entonces ella lideraba) y Unides Podem.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Sala toma esta decisión "discrepando del criterio del instructor". Además, la Fiscalía también respaldó el archivo al no observar indicios de criminalidad en ninguno de los investigados, en su mayoría cargos políticos, de confianza, técnicos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad. "No puede descartarse claramente la comisión de infracción penal, siendo posible identificar, en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento", señalan los magistrados.
Tal y como señala el auto de apelación, que ha sido notificado este jueves a las partes, es posible sostener como una "hipótesis plausible" el hecho de que las personas bajo cuya tutela y protección se encontraba "habrían pretendido ocultar el abuso sexual". Para ello, "se habrían valido de un informe ficticio, pues se emite un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso sexual cuando ni siquiera se preguntó a la menor sobre los abusos que se conocía que había relatado a terceras personas", precisan los magistrados. Así, a juicio del Tribunal, se habría omitido "tanto la denuncia como la obligación de comunicar el hecho al Ministerio Fiscal, evitando así que pudiera ejercer el control previsto" en el artículo 209 del Código Civil.
En estas diligencias previas figuraban como investigados, hasta que se sobreseyeron provisionalmente, la exvicepresidenta del Gobierno valenciano y técnicos y altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, así como trabajadores del centro concertado donde la entonces menor se hallaba acogida cuando sufrió los abusos sexuales, entre 2016 y 2017.
"Resulta indiciariamente de la instrucción que no se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo, colocándola por el contrario en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida", recoge la resolución.
La Audiencia recuerda que no fue hasta tres meses después, cuando la chica relató lo ocurrido a unos policías que estaban en el centro de forma circunstancial por otros motivos, cuando estos dieron cuenta a la Fiscalía, que sí apreció indicios de la comisión de los abusos sexuales e interpuso la correspondiente denuncia.
Deber de denunciar y expediente informativo
Para la Sección Cuarta, "en este momento procesal no puede descartarse, de una manera clara, la comisión de infracción penal derivada del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida".
Del mismo modo, el Tribunal cree que tampoco puede descartarse el carácter delictivo de la decisión de la Conselleria de abrir un expediente informativo, una vez que el asunto ya estaba judicializado, "con la finalidad de determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor".
Ese expediente "parece dirigido a determinar la falta de credibilidad del testimonio de la menor, a la que se hace pasar, de manera indiciariamente ilegal, por una entrevista y una prueba pericial, cuando el asunto estaba ya judicializado, con la victimización secundaria que ello supone y con la finalidad indiciaria de desacreditar su testimonio o influir en su ánimo acusador", afirman los magistrados.
Por todo ello, la Sala considera que tampoco "puede descartarse en este momento procesal la comisión de infracción penal, como consecuencia de haberse dictado, de manera arbitraria e injustificada, una resolución con la finalidad de iniciar el referido expediente informativo, utilizando recursos públicos, con fines particulares".
Apuntan al juicio oral
De acuerdo con este auto, contra el que no cabe recurso, ha de ser el acto del juicio oral "donde se dilucide, con la mayor amplitud que proporcionan los principios procesales que rigen la prueba en el juicio, las cuestiones relativas a las concretas circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos y el juicio de tipicidad que los mismos merecen".
Igualmente, ha de ser en la vista, tras la práctica de la prueba, donde se ha de determinar qué persona ordenó la formación del expediente y quién decidió tomarle declaración a la menor y someterla a un nuevo examen psicológico, así como las circunstancias en que ello se produjo.
De este modo, según apuntan fuentes judiciales, todo indica que la causa se verá en una sala penal de la Audiencia de Valencia en cuanto las partes, la acusación particular y las dos populares, concreten los delitos que se atribuyen a cada procesado. La única posibilidad de no ir a juicio pasaría porque ninguna de las acusaciones presente escrito de acusación, algo altamente improbable. Los propios magistrados ya apuntan a los posibles delitos de prevaricación, malversación, abandono de menores u omisión del deber de perseguir delitos.
La reapertura contra el criterio del instructor, salvando las distancias, tiene un precedente en un caso muy mediático, el del accidente del metro de Valencia de 2006 que dejó 43 muertos y 47 heridos. Tras una larga instrucción, la Audiencia de Valencia ordenó a la instructora retomar la causa para la práctica de nuevas diligencias al entender que no quedaba totalmente acreditada la inexistencia de responsabilidad penal en el trágico siniestro.
Silencio de la exvicepresidenta
Oltra ha guardado un prudente silencio desde el archivo de la causa por parte del juzgado de instrucción. Dos años después de su imputación, la que fuera referente político de Compromís era sabedora de que quedaba por sustanciarse el recurso de las acusaciones. No obstante, su presencia en algún acto público, como los Premis Llibertat d'Expressió de la Unió de Periodistes Valencians y un congreso de Iniciativa del Poble Valencià, su partido integrado en Compromís, le habían vuelto a dar algo de notoriedad y se especulaba con su regreso a la política si prosperaba el archivo. Ahora, con el caso reabierto y la probable práctica de nuevas diligencias o incluso la apertura de juicio oral, el futuro político de Mónica Oltra vuelve a quedar en el aire.
Díaz manda su apoyo y "respeto" de Mazón
Ante la decisión de reabrir la causa de Oltra, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dedicado este jueves un mensaje de "cariño" y "afecto" a la que fuera vicepresidenta del Gobierno valenciano.
.@Yolanda_Diaz_ manda su apoyo y solidaridad a Oltra tras la reapertura de la causa contra ella https://t.co/fSPQWk2J01 pic.twitter.com/e1c2sGearL
— Europa Press TV (@europapress_tv) June 20, 2024
"Quiero hoy enviar un mensaje fortísimo a Mónica Oltra, mandarle todo el cariño y todo el afecto, y decirle también que no van a ganar", ha asegurado Díaz ante los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados. "Esta manera de hacer política no va a prosperar por tanto todo el afecto toda la solidaridad y no van a ganar", ha añadido.
Compromís, la coalición que lideró Oltra hasta su dimisión, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe ya ante el lawfare, ante la "infamia" que supone la reapertura de la causa judicial contra la exconsellera de Igualdad, pues es el momento de decir "basta ya" a esta "tortura" y "persecución" política y judicial.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha manifestado su "absoluto respeto a las decisiones judiciales en cualquier caso" después de la reapertura de la causa contra Oltra y ha pedido no hacer "excepciones" a este respeto.
Comentarios