El Supremo archiva una denuncia contra Ayuso por las muertes en residencias durante la pandemia

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido una denuncia presentada por un ciudadano contra Isabel Díaz Ayuso por las 7.291 muertes que se produjeron en las residencias de mayores regionales durante las primeras semanas de la pandemia de Covid-19, en el año 2020. En un auto fechado el 12 de junio, la Sala de lo Penal (Sala Segunda) acuerda la inadmisión, que también fue solicitada por la Fiscalía, porque la denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid está planteada en unos términos "genéricos e indeterminados".

El particular, que registró la denuncia el pasado abril, atribuía a la jefa del Ejecutivo madrileño supuestos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y delito de prevaricación con la agravante de premeditación por los llamados 'protocolos de la vergüenza'. Según esgrimía la querella, estas decisiones impidieron el traslado a centros hospitalarios de miles de personas mayores enfermas de Covid que vivían en residencias provocando el fallecimiento de muchas de ellas.

"No disponemos, ni la denuncia los proporciona, datos precisos para concluir en qué medida los criterios de derivación hospitalaria que en la denuncia se denominan 'protocolos de la vergüenza' fueron acertados y rigurosos médicamente en función de la situación epidemiológica y hospitalaria de cada momento", sostiene el auto del Alto Tribunal al respecto. También añade que no se precisa "cuál fue el verdadero grado de cumplimiento de esos protocolos o de qué concretos pacientes pudieron fallecer por su aplicación".

Los magistrados de la Sala Segunda subrayan que la atribución de responsabilidad penal a Díaz Ayuso por las muertas de mayores en las residencias "exigiría apreciar con nitidez la existencia de una relación de causalidad concreta y precisa entre los fallecimientos y enfermedades producidos y las medidas adoptadas o las no adoptadas pero que debieron serlo". "Es cierto que la denunciada era la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por tanto, la máxima responsable de esa Administración, pero en el ámbito penal no caben atribuciones objetivas de responsabilidad por el solo dato del cargo o posición que la persona ocupe dentro de una estructura organizativa, aun cuando este fuera el de mayor relevancia", apunta el tribunal. 

El auto, en cualquier caso, resalta que solo puede leerse esta decisión de los magistrados en términos estrictamente judiciales, porque no se entra al contenido de las decisiones del Ejecutivo regional cuestionadas. "El archivo de la denuncia y el rechazo de la incoación de un procedimiento penal es compatible con el cuestionamiento crítico de las decisiones que en ámbito sanitario se pudieron tomar por los responsables de la Comunidad Madrid, como también por el resto de Comunidades Autónomas o del Gobierno estatal durante la gestión de la pandemia", aseguran los magistrados en su decisión, que subraya: "El eventual archivo del procedimiento ni es un aval a las políticas sanitarias que se aplicaron en relación con las residencias de personas mayores, ni lo contrario".

Las reacciones del PP a la decisión del Supremo no se han hecho esperar. "Ya he perdido la cuenta", ha dicho Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid que preside Díaz Ayuso en referencia a otros archivos judiciales de denuncias sobre los 'protocolos de la vergüenza'. "Seguramente que a quienes juegan con el dolor de las familias les importará poco saber que sus miserables acusaciones no tienen fundamento", ha agregado el 'número 2' de la dirigente 'popular'. "Quizá por eso el PSOE quiere controlar la Justicia, no solo para absolver a socialistas sino para condenar adversarios", ha concluido.

A otras causas abiertas en otros tribunales también se refiere el auto del TS conocido este jueves. Los magistrados afirman que tienen constancia de que de que se han presentado "numerosas denuncias" ante la Fiscalía y ante los juzgados de Instrucción de la Comunidad por estos mismos hechos y la diferencia es que en esas causas hay una relación de "residencias determinadas y personas concretas". 

Algunos de esos procedimientos, más de una veintena según el PP, se han archivado ya, pero otros siguen en trámite. Es en estos procesos en los que se puede "esclarecer lo ocurrido", según la Sala de lo Penal del Supremo, "determinando qué fallecimientos pudieron estar asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y cómo, por quién y de qué manera se tomaban las decisiones de no derivación hospitalaria".