La Fiscalía ha contestado este jueves al juez Manuel García Castellón, que la semana pasada preguntó por la aplicación de la amnistía en la causa de Tsunami Democtràtic. A juicio del Ministerio Público, los hechos encajan en la ley de amnistía y por tanto "procede declarar la extinción de la responsabilidad penal" y "decretar el sobreseimiento libre" de la causa. En conclusión, el escrito firmado por el fiscal Miguel Ángel Carballo reclama aplicar la amnistía a Marta Rovira y los demás investigados por delitos de terrorismo.
Tres de ellos -Oleguer Serra, Oriol Soler y Josep Capmajó- ya pidieron al instructor que archivara la causa a penas unas horas después de aprobarse la ley de amnistía, el pasado 11 de junio. La norma en cuestión establece que se debe amnistiar el terrorismo siempre que no se haya producido "de forma intencionada una grave violación de los derechos humanos", en concreto de los recogidos en "los artículos 2 y 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos".
Atendiendo a estas especificaciones, la Fiscalía ha informado en favor de archivar la causa de Tsunami dado que "no se aprecia que los hechos hayan causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos, en particular los regulados en el artículo 2 y 3" del mencionado convenio.
El instructor García Castellón reactivó a finales del 2023 esta causa que llevaba años dormida. El objeto de la investigación son las protestas que se celebraron en 2019 bajo el paraguas de la plataforma Tsunami Democràtic y en contra de la sentencia del procés. Al continuar la instrucción, el juez infirió que "Tsunami Democràtic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia [...] cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".
Concluyó, aún más, que las acciones de Tsunami podrían enmarcarse en los delitos del terrorismo, dado que incluían el "bloqueo de infraestructuras críticas del Estado" -el Aeropuerto de El Prat-. El instructor explicó que durante las protestas en El Prat había fallecido un ciudadano francés e indicó que cabía indagar en esa muerte ante la posibilidad de que guardara relación con las movilizaciones.
El ciudadano falleció en una terminal distinta a la que alojaba las protestas y, según determinaron los servicios médicos, la muerte la provocó un infarto. "Ningún avance se constata en la investigación ni se ha imputado a personas concretas sobre estos hechos", señala el escrito del Fiscal Miguel Carballo. Y añade: "Respecto de la muerte no se ha acreditado nexo de causalidad con la actividad convocada por Tsunami y desde luego no podría atribuirse en ningún caso con carácter doloso, dada la absoluta imprevisibilidad del fallecimiento.
A lo largo del escrito, el fiscal cuestiona el control de Tsunami Democràtic sobre "las consecuencias de los incidentes" y señala que en algunos casos la plataforma no convocó los actos, sino que "se habría sumado a la convocatoria". Finalmente, la Fiscalía defiende que "resulta manifiesto, sin necesidad de esfuerzo o desarrollo intelectual alguno, que los hechos encuentran acomodo claro en el ámbito de aplicación de la ley".
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