La ley de paridad impulsada por el Gobierno avanza en el Congreso hacia su aprobación final. La Comisión de Igualdad ha dado luz verde este jueves al dictamen del proyecto, el cual solo ha recibido el rechazo de Vox y del Partido Popular, que ha alegado que habría votado a favor de no haber sido por una enmienda que los socialistas y Sumar han introducido en la ley en el último momento para eliminar el veto del Senado al techo de gasto.
La norma, que entre otras cosas obliga a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales, deberá ser ahora ratificada en el Pleno del Congreso antes de ser enviada al Senado para su aprobación final.
Durante su tramitación parlamentaria se han incorporado varias enmiendas, como una del PSOE y Podemos que rompe la paridad en favor de las mujeres al establecer que ellas sí que podrán superar el 60% de representación en espacios concretos, como las listas electorales, el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los órganos de administración de empresas cotizadas, siempre y cuando se justifique.
La portavoz socialista de Igualdad, Andrea Fernández, ha celebrado el avance de "la primera ley de esta legislatura en materia de igualdad" que, como ha recordado, supone también una trasposición de una directiva europea. "Hablamos de una ley justa, ponderada y que sin duda ahonda en la calidad de nuestra democracia", ha destacado en la Cámara Baja.
El texto, sin embargo, no ha recibido el apoyo del PP, cuyo portavoz Jaime Miguel de los Santos ha asegurado que habría votado a favor de no haber sido por la introducción de la enmienda que retira al Senado la capacidad de bloquear la senda de déficit. La intención inicial de los populares era apoyar la tramitación de la ley, porque nace de una directiva europea que fue impulsada por el Partido Popular en Bruselas. Sin embargo, la ley no ha contado finalmente con el 'sí' del PP por la "indecente instrumentalización del feminismo" que considera De Santos que ha hecho el PSOE, al que también ha acusado de "enfangarlo todo" colando esa enmienda.
Además, este mismo jueves ha trascendido que una letrada envió un informe a la Comisión de Igualdad expresando sus dudas sobre la constitucionalidad de usar la ley de paridad para quitar ese veto del Senado al techo de gasto, que es una medida ajena al objeto de la ley. Según la letrada, las enmiendas incluyen contenidos que "nada tienen que ver con la regulación de la representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres".
Sin "cuota de hombres"
De los Santos ha advertido también sobre los posibles efectos de la enmienda transaccional del PSOE y Podemos, que podría acarrear una inhabilitación de la ley al ir en contra de la directiva europea, de obligado cumplimiento, que especifica que debe haber un mínimo del 33% del sexo infrarrepresentado.
Desde Podemos, pese a que la diputada Ione Belarra ha asegurado que la ley está "muy lejos de cumplir con las aspiraciones, los objetivos y las necesidades reales" del movimiento feminista, ha celebrado la aprobación de la enmienda pactada con los socialistas que, según defiende, consigue "eliminar el handicap" de "la cuota de hombres que quería imponer" el PSOE y que "iba en la dirección contraria del objetivo de la ley". Con la redacción inicial, ha señalado, el gabinete ministerial de la exministra de Igualdad Irene Montero "habría tenido que despedir a mujeres".
Más críticos han sido las portavoces de Podemos, EH Bildu, ERC, Junts y Sumar, que han criticado que la ley luche por romper los "techos de cristal" pero que, sin embargo, no impulse medidas para acabar con los "suelos pegajosos" de las mujeres en situaciones de mayor precariedad.
Pilar Vallugera, de ERC, ha lamentado la "falta de ambición" y de "medidas coercitivas" que, según ha advertido, harán más complicado el cumplimiento de la ley por parte de las grandes empresas. "Nos hartamos de explicar que estamos haciendo leyes fantásticas, pero como no prevemos ningún sistema de aseguramiento del cumplimiento, se quedan en palabras y luego no se ven traspasadas a la realidad", ha aseverado.
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