La Asamblea de Madrid despide el curso con la ley para convertir oficinas en pisos de alquiler

La Asamblea de Madrid se despide este jueves de otro curso político. La actividad parlamentaria y el debate se suspenden hasta mediados de septiembre, cuando dé comienzo el segundo periodo de sesiones de esta legislatura. Así, los diputados han despejado sus escaños, no sin antes aprobar la Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida. Los votos del Partido Popular y Vox han permitido que la medida supere la votación que ha contado con la negativa del PSOE y Más Madrid.

El presidente de la Cámara regional, Enrique Ossorio, ha comenzado la sesión plenaria con un emotivo recordatorio a Tatiana Recoder, secretaria general de la Asamblea, y para proponer un minuto de silencio por su fallecimiento al que se han unido todos los diputados. Tras ellos, ha comenzado la ronda de preguntas de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios. Durante las intervenciones y réplicas, el tono en la cámara ha seguido la tónica general con la que inició el curso: confrontación. En esta ocasión, uno de los temas protagonistas ha sido el encuentro entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, previsto este viernes.

Uno de los puntos centrales del orden del día ha sido la aprobación de la nueva normativa sobre medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida. Esta ley permitirá a la Comunidad de Madrid recalificar el suelo terciario destinado a oficinas para destinarlo a pisos que "serán puestos a disposición de los más jóvenes en régimen de alquiler protegido", ha remarcado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo. El Gobierno regional registró este proyecto de ley por el procedimiento de lectura única para agilizar la aprobación y poder aplicar esta medida, de carácter temporal, desde este mismo mes. La modificación simplificará los trámites y permitirá liberar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo destinado a oficinas, una superficie que se podrá destinar a habilitar nuevos pisos en los municipios de la región.

"Queremos avanzar en el derecho de todos los madrileños a disponer de una vivienda. A partir de su publicación podremos tener hasta 20.000 pisos en régimen de alquiler con precio protegido y, además, se van a eliminar barreras burocráticas", ha expresado el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. El cambio de uso se podrá realizar mediante una simple licencia que los ayuntamientos podrán solicitar en el plazo de dos años y deberán haber construido las viviendas en un margen de tres años.

Asimismo, se incluye la exención de aprobar planes especiales para la implantación de vivienda protegida de nueva construcción en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos, con una disminución del plazo para su construcción de entre ocho y 12 meses. También se recoge un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las viviendas públicas de protección, situando el número de plazas en una por inmueble.

Vox ha sido el único partido de la oposición que ha votado a favor de la ley. Su portavoz, Rocío Monasterio, ha manifestado su apoyo a que se aproveche el espacio de oficinas desocupadas en la región para crear nuevos inmuebles, ya que "nos hace falta vivienda". Sin embargo, Monasterio ha destacado que el proyecto de ley debería haberse realizado con el consenso de todos los grupos políticos y con los agentes del sector: "Nos arriesgamos a un recurso y que se paralice. Podríamos haber habilitado julio para aprobarla eliminando la lectura única".

Durante la votación de la ley de medidas urbanísticas, la oposición ha votado en contra al considerarla un mero "parche". Desde Más Madrid, la portavoz, Manuela Bergerot, ha considerado que con este cambio legislativo no se solventa el problema de fondo con la vivienda en la Comunidad. "Está muy bien movilizar infraestructura para incorporarla al parque de vivienda público", ha expresado Bergerot, aunque ha advertido que "conociendo al Partido Popular van a hacer otro pelotazo para un beneficio económico".

Por su parte, el portavoz del PSOE-M, Juan Lobato, ha manifestado que los puntos que recoge la nueva normativa "no llegan ni a parche" para solventar la escasez de vivienda pública y equiparar a Madrid con Europa, donde hay un 20% de inmuebles de esta categoría. Asimismo, Lobato ha detallado que esta solución que propone el PP generará problemas para los inquilinos. "Cuando se diseña un municipio y se establece que en una zona habrá oficinas, no se hacen equipamientos para viviendas, se hacen para oficinas. Nos vamos a encontrar con casas sin parques infantiles, sin zonas habilitadas para que las familias puedan desarrollar su vida con normalidad, no tiene ningún sentido", ha manifestado.