Sentada en el sofá de su casa de Martorell, a 34 km de Barcelona, Mari Carmen Gómez atiende el teléfono acompañada de su perrillo recién operado, Odi. "Si no fuera por Odi que lo tengo conmigo aquí... Es mi compañero de piso y de peleas”, declara esta pensionista de 54 años, antigua dependienta con una discapacidad del 65% que le ha dejado sin posibilidad de trabajar actualmente y con una pensión de 700 euros mensuales. "Me han tenido que dejar el dinero para poder operarle porque si no, pues imagínate, yo con 700 euros".
El calor no ha empezado aún a apretar este año, pero nada va a cambiar en la casa de Maria Carmen cuando comience la canícula en el Bajo Llobregat. No hay aire acondicionado y tampoco se encenderá este año ningún ventilador si, finalmente, el Gobierno no prorroga el descuento ampliado del bono social del que viene disfrutando desde el 2022 y que decae el próximo 30 de junio.
"Ahora, me vienen las facturas bajitas y hago un esfuerzo por pagar, a pesar de tal y como está el nivel de vida, que vas a comprar y no has comprado nada y te dejas un dineral”, declara Gómez. “Pero si se acaba el descuento, voy a tener que dejar de comer para poder pagar, porque no quiero volver a generar deuda".
El de Mari Carmen es uno de los 1,6 millones de hogares que se han beneficiado de un descuento extra en la factura de la luz aprobado el 18 de octubre de 2022. Ese día, el Congreso anunciaba un decreto ley con numerosas medidas destinadas a combatir la inflación provocada por el inicio de la invasión rusa de Ucrania y su vigencia termina el día 30 de este mes de junio. El Gobierno no ha aclarado hasta la fecha si las medidas se prorrogarán y los cientos de miles de beneficiarios, todos ellos en situación de vulnerabilidad económica, temen que sus facturas lleguen a triplicarse a partir del mes que viene.
Concretamente, Mari Carmen ha podido disfrutar de una rebaja adicional en la factura de la luz para aquellos que ya se beneficiaban del llamado bono social, un descuento para "personas vulnerables" de entre el 25% y el 40% aprobado en 2009 para personas que cumplan ciertos requisitos de renta o de pertenencia a grupos como víctimas de la violencia de género o familias numerosas. El decreto de 2022 amplió esos descuentos al 65% y 80%, respectivamente y creó uno adicional del 40% para familias trabajadoras con pocos ingresos al que solo se han adscrito unas 100.000 personas en toda España.
Cortes de luz por impago
Mari Carmen recuerda perfectamente el viernes en el que llegó a su casa de Cubelles, en la costa del Garraf, y al pulsar el interruptor, la bombilla permaneció apagada. Era 2016. Había abandonado un trabajo en Galicia para volver a Cataluña a cuidar de sus padres enfermos junto a su hermana y se había quedado con su pensión como único ingreso. Las facturas empezaron a ser inasumibles y tuvo que elegir entre comer y pagar. Entonces optó por comer y endeudarse.
"En principio, no pensé que me habían cortado porque tampoco me habían dado un aviso de corte ni nada de nada, simplemente, pues me la cortaron", relata Gómez, ocho años después. "Servicios Sociales estaba cerrado, así que llamé a la compañía y me dijeron que sí, que se me había cortado por impago".
La pensionista no conocía entonces que, desde hacía un año, los cortes de suministros estaban prohibidos a personas vulnerables -solo en Cataluña- ni tampoco que existía la posibilidad de adscribirse a un bono social para poder ver rebajada su factura de la luz. Esa información no le llegó a través de los servicios sociales, sino de un colectivo que ha protagonizado la mayor parte de las movilizaciones sociales en defensa del acceso universal a los servicios básicos de agua y energía: la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).
"Me puse en contacto con ellos y me dijeron que, con mis ingresos y mi discapacidad por derecho me correspondía tener un 40% de descuento", explica Gómez, que acudió a su asistente social para que le hiciera un informe de vulnerabilidad que le permitiera acceder al bono social eléctrico. Estuvo diez días sin luz hasta que la compañía le devolvió el servicio, aunque empresas de cobros no han dejado de llamarla insistentemente a diario durante años reclamando la deuda e incluso amenazando con un nuevo corte de suministros, a pesar de ser ilegal.
"La ansiedad fue en aumento, tuve que subir la medicación, cogí una depresión muy grande", asegura la pensionista catalana. "Me ha afectado físicamente también porque tu cuerpo está en tensión continuamente, porque ves que no llegas a final de mes ,no sabes cómo vas a llegar y afecta, afecta".
Familias que acumulan deudas impagables
Mari Carmen y otros 1,3 millones de ciudadanos se beneficiaban del bono social eléctrico en 2022, lo que, sin embargo, no pudo evitar que 3,5 millones de españoles arrastran retrasos en el pago de sus facturas Según el informe de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024 elaborado por Economía.
La situación se agravó especialmente con la llegada de la inflación en 2021 y que se agravó en 2022 con la guerra en Ucrania, haciendo que se disparasen los precios de los suministros. Para contrarrestar esta situación, el Gobierno de coalición del PSOE y, entonces, Unidas Podemos, aprobó un paquete de medidas que incluían el citado descuento adicional para las personas que tuvieran el bono social eléctrico y la ampliación de la prohibición de cortes de suministros de Cataluña a toda España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de esta semana que sí se prorrogará el IVA reducido, del 10 y 5%, para alimentos básicos, por lo que el Gobierno tendrá que anunciar necesariamente un nuevo decreto ley este próximo martes en el Consejo de Ministros. Se desconoce, sin embargo, si este decreto incluirá o no la prórroga del descuento ampliado y la prohibición de cortes en un momento en el que los Gobierno europeos comienzan a revertir las medidas extraordinarias contra la inflación aprobadas desde 2022. Diversas fuentes del ministerio competente, para la Transición Ecológica, evitan de momento pronunciarse sobre la continuidad de estas ayudas.
"La gente que tenía problemas para pagar sus facturas ahora, con estos descuentos, ampliados, están consiguiendo más o menos ir pagando sus facturas, pero si te caen estos descuentos, es posible que vuelvan otra vez al punto de partida, que era tener problemas para poder pagar esas facturas y pueden enfrentarse a la posibilidad de que les corten el suministro que es lo peor que le puede pasar a una familia", declara María Campuzano, portavoz de la APE, asociación que asesora a miles de personas en riesgo de pobreza energética.
"¿Qué hacen muchas veces las familias para intentar evitar eso?", añade Campuzano. "Pues dejar de consumir otros bienes básicos como, por ejemplo, comer dignamente o, por ejemplo, en verano no poner ni el ventilador y estar asfixiados en su casa, etc. O sea, dejar de utilizar energía o dejar de cubrir otras necesidades básicas por no dejar de pagar esas facturas".
El trauma psicológico
Tras el fallecimiento de sus padres, Mari Carmen Gómez abandonó Caselles y se mudó a Martorell para estar cerca de su hermana. También cambió de compañía eléctrica y empezó a controlar al máximo su consumo con un único fin: intentar no acumular deuda de nuevo.
"Gasto lo menos que puedo y lo necesario. En invierno lo que tengo claro es que no voy a pasar frío, o sea, la calefacción sí que la pongo, pero si estoy en casa por la tarde, pues no enciendo la luz del comedor, solo una lamparita y, en verano, no tengo aire, estoy a base de ventiladores. Sin descuento, pues ya ni eso", declara Gómez, que asegura que el descuento ampliado de este último año medio ha supuesto un desahogo para ella. "Lo que he notado es en el tema de la alimentación. Si me viene una factura de 15 euros en lugar de la de 40 euros que me llegaba antes, pues he podido poder comer un poquito mejor, gastar un poquito más en comida".
La APE defiende un modelo alternativo, basado en una "tarifa social de energía" que se active de manera automática en función de los ingresos familiares, pero defiende, en la coyuntura actual, la permanencia de las medidas anti-inflación aprobadas en 2022. "Ahora mismo, tal y como está la situación, lo que nos parece imprescindible es prohibir esos cortes y que estos descuentos ampliados se conviertan también en descuentos estructurales", declara Campuzano.
Para Mari Carmen, el fin de este descuento significa reavivar viejos temores y ansiedades generadas en la época en la que su deuda con la compañía energética terminó con un corte de luz en su vivienda. "Ya me he curtido mucho, pero, aún así, el miedo a que me vuelvan a cortar está ahí", afirma Gómez. "Si un día he ido a encender la luz y he visto que no va digo: 'Ostras, no, por favor, otra vez no'. Y a lo mejor es porque estaban haciendo arreglos, pero ya ese miedo lo tienes ahí. No estás nunca tranquila de que realmente estés protegida".
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