Las diez monjas díscolas de la comunidad de clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Vizcaya) han comunicado vía burofax al Arzobispado de Burgos su "unánime e irreversible posición" de abandonar de la Iglesia católica y han asegurado que cualquier pena o sanción canónica, como la excomunión, son "nulas", ya que para ellas "no tiene poder sobre las almas" y "carece de efectividad".
En un comunicado fechado en Belorado este viernes y divulgado a través de las redes sociales, las clarisas han insistido en que su decisión de salir de la Iglesia es fruto de una "madura, meditada y consciente reflexión". "Nos separamos libre y voluntariamente, con unanimidad y con alegría de espíritu", reiteran en su manifiesto, en el que hacen hincapié una vez más en que el Manifiesto Católico del 13 de mayo, firmado por la abadesa, ha sido "refrendada por todas".
Además, las monjas han nombrado una comisión mediadora para negociar una solución "pacífica y extrajudicial" al conflicto que mantienen con el Arzobispado de Burgos, tras ratificar su decisión de salir de la Iglesia. La comisión, que está formada por el bufete de Santander Sarabia y Asociados, GTRS y el abogado Florentino Alaez, se han puesto este viernes a disposición del Arzobispado para entablar una negociación. Los abogados buscarán una solución a la situación que están atravesando las monjas, que, según sus representantes, "se encuentran indefensas y sin ningún tipo de recursos".
Las religiosas tenían hasta las 14:00 de este viernes para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico, para declarar por un delito de cisma, pero no se han presentado, lo que da vía libre al Arzobispado de Burgos para conforme al Derecho Canónico declarar su excomunión, un decreto que tendrá que firmar el arzobispo, Mario Iceta.
La entrega de llaves
Entre ellas se encuentra la exabadesa sor Isabel de Trinidad, una de las firmantes de la denuncia contra el arzobispo Mario Iceta por abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho a la libre asociación.
Diez de las quince monjas debían responder este viernes a la acusación de cisma y para ello se les impuso un plazo, desde el 7 de junio hasta el 16 y 21 de junio. En concreto, la religiosa que ejercía de abadesa y otras dos más que firmaron la denuncia contra el arzobispo tenían diez días para aclarar si ratificaban su salida, que comunicaron el 13 de mayo a través de un manifiesto de 70 páginas.
Por otro lado, el Arzobispado de Burgos, al que acusan de intentar imponer el Derecho Canónico para disolver la congregación mediante la excomunión, había dado un plazo de dos días para que entregaran una copia de las llaves del monasterio. El tiempo llegó a su fin el 10 de junio y la entrega de llaves no se produjo.
El proceso de excomunión les es familiar a las monjas, puesto que ya lo sufrió en 2019 el falso obispo al que ahora siguen, Pablo de Rojas, fundador de la llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli.
Cabe recordar que el origen de este conflicto está vinculado a una operación inmobiliaria fallida. Las clarisas denuncian que Roma les ha impedido vender un convento que tienen en propiedad y que está vacío en Derio (Vizcaya).
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