Barcelona no tendrá pisos turísticos a partir de 2029 y ganará así 10.001 viviendas para destinar al alquiler, la venta o para uso residencial. Lo ha explicado este viernes el alcalde, Jaume Collboni, en una rueda de prensa, junto a la primera teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, y el teniente de alcalde de Promoción Económica, Jordi Valls, para anunciar nuevas medidas en materia de vivienda en la ciudad, una vez pasado el veto de anuncios por la campaña electoral.
Asimismo, el alcalde ha detallado que entre las medidas se incluye la modificación de la normativa que implementó la exalcaldesa Ada Colau que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social y que está vigente desde 2018. Collboni ha explicado que estos cambios estructurales forman parte de Pla Viure y que tienen como objetivo principal "garantizar el acceso a la vivienda" en Barcelona, sobre todo, para los jóvenes que se ven "obligados a abandonar la ciudad" y para la clase trabajadora.
"Necesitamos que la oferta crezca para que la gente no tenga que irse de la ciudad y para que los precios de la vivienda no suban y empiecen a bajar", ha dicho el primer edil. Según datos del consistorio, el precio del alquiler en la capital catalana ha subido un 68% en los últimos 10 años, mientras que el de compraventa lo ha hecho un 38%. No obstante, las dos medidas tendrán que contar con el apoyo político del pleno municipal para que salgan adelante.
Las licencias no se renovarán
Collboni ha explicado que Barcelona extinguirá los 10.101 pisos turísticos existentes a día de hoy en la ciudad para recuperar su uso residencial. Para ello, el gobierno municipal prevé aplicar el Decreto ley aprobado por la Generalitat de Catalunya el pasado 7 de noviembre que regula las viviendas de uso turístico en una serie de municipios catalanes -en el que está incluido Barcelona- que se encuentran en situación de emergencia habitacional. Ante esta posibilidad, el alcalde socialista ha detallado que a partir de noviembre de 2028 no se renovarán las licencias en pisos turísticos y que en 2029 desaparecerán de la ciudad.
Por otra parte, el gobierno municipal ha destacado que la labor inspectora de los últimos años ha permitido imponer 10.500 sanciones y 9.700 órdenes de cese de la actividad de pisos turísticos desde 2016. Ha apuntado también que de unos 6.000 pisos ilegales se ha pasado a solo entre 300 y 400 anuncios mensuales que el equipo de inspección detecta y requiere en las plataformas que desactive. Además, se han recuperado para uso residencial habitual hasta 3.473 pisos que realizaban actividad turística ilegal.
Una reserva del 30% "real" y "efectiva"
Collboni también ha explicado cambios en la reserva de un 30% de las promociones a vivienda protegida para que sea una normativa "real y efectiva". El gobierno municipal lamenta que desde la aprobación de la medida solo se han obtenido 93 viviendas, de acuerdo con las licencias otorgadas, y que de estas solo se han ejecutado ocho. Por otra parte, afirma que la media de licencias de obra nueva bajó de 1.100 a 60 viviendas.
Para solucionar esta situación, proponen nuevas opciones para que los promotores privados hagan efectivo el 30%. Por un lado, con la transferencia de las viviendas protegidas a otros solares o barrios adyacentes sin desterritorializar el 30%, y por otro, abrir la posibilidad de que sea un promotor social el encargado de ejecutar estas viviendas.
Por último, la reforma de la reserva del 30% prevé también facilitar la rehabilitación de viviendas, elevar su número y garantizar así la calidad del parque residencial. En los últimos años, se ha detectado que la medida ha impactado en la dinámica de rehabilitación, ya que debe aplicarse en casos de grandes rehabilitaciones y de cambio de uso a vivienda. La propuesta plantea ahora que solo sea de aplicación en aquellos casos en que la rehabilitación se asimile a la obra nueva, es decir, en aquellos casos que solo se preserve la fachada.
Junts y PP cargan contra la medida
Tras el anuncio del alcalde de Barcelona, el concejal de JuntsxBCN, Damià Calvet, ha tildado la medida de no renovar las licencias turísticas como "improvisada e ideológica". "No se sustenta ni en la legalidad ni en la regulación de los propios alquileres", ha insistido.
Según Calvet, "la mitad" de las 10.000 licencias de pisos turísticos no operan y, por tanto, "pretender que estas entrarán en usos residenciales es un dato que no se basa en la realidad". "Es una medida que se orienta mal y que agrava la problemática", ha criticado. Por otra parte, ha remarcado que es precisamente la reserva del 30% de vivienda protegida la que ha causado "la reducción y el encarecimiento" de la oferta de alquiler. A su juicio, esta medida ha paralizado al sector y ha conducido a la reducción "drástica" del número de proyectos y licencias impulsados en la capital catalana.
Por su parte, el presidente del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento, Dani Sirera, ha acusado a Collboni de intentar resolver el problema de vivienda al grito de “exprópiese”. Sirera ha denunciado que las medidas en materia de vivienda anunciadas suponen un freno a la construcción, perjudicarán al turismo y lanzan un mensaje muy perjudicial para los empresarios. "Las viviendas de uso turístico significan casi el 25% del turismo en la ciudad y, por lo tanto, eliminarlas solo perjudicará al tejido económico y al turismo de Barcelona, además de generar inseguridad jurídica”, ha declarado.
ERC reivindica que la medida es posible
La concejala de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha reivindicado que la no renovación de las 10.000 licencias de pisos turísticos que existen en la ciudad ha sido posible por el decreto aprobado por el Gobierno hace unos meses. "Barcelona necesita ambición y respuestas urgentes en vivienda, lo entendió el Govern con ERC poniendo en marcha el decreto de pisos turísticos que permite medidas como las que anuncia hoy el Ayuntamiento", ha afirmado en un mensaje en la red 'X'.
BComú dice que le obliga la ley
BComú ha reprochado al alcalde de Barcelona que la extinción de licencias para pisos turísticos prevista para noviembre de 2028 que ha planteado este viernes "no es ningún anuncio" porque le obliga la ley catalana.
Fuentes de los Comuns han dicho que Collboni está "obligado a hacerlo" por el Decreto de la Generalitat y la Ley de Vivienda, que declaran Barcelona como área tensionada.
Para ellos, la medida es "una cortina de humo para esconder crisis como la Fórmula 1 o el desfile de Louis Vuitton".
Les preocupa que, "viendo el modelo de Collboni para la ciudad, con más privatizaciones, masificación turística y eventos de lujo", estos pisos se conviertan en alquileres de temporada o apartamentos de lujo.
Las mismas fuentes también han lamentado que el 2028 está muy lejos: "¿No hará nada hasta 2028 para bajar los alquileres?".
Han señalado que, aunque Collboni sí modificará el 30%, una política para ganar Viviendas de Protección Oficial (VPO), "siempre baila al ritmo de lo que le marcan los 'lobbies', a quienes no les gusta este 30%".
Críticas de Apartur
La asociación de apartamentos turísticos de Barcelona (Apartur) asegura que Collboni "se equivoca y está condenando la ciudad a la pobreza y al paro" . En un comunicado, la organización ha cargado contra el consistorio y ha avisado de que la medida "provocará un efecto llamada a la proliferación de pisos turísticos ilegales". Por otro lado, han afirmado que la prohibición no solucionará el problema de la vivienda en Barcelona, porque los pisos turísticos representan un 0,77% del total del parque de vivienda.
La asociación ha dicho que el anuncio de Collboni "condena al sector del turismo familiar a muerte". La patronal "considera irresponsable y de una auténtica demagogia" la decisión de cerrar los 10.000 pisos legales de la ciudad.
Por otro lado, Apartur ha alertado "del peligro creciente de la turismofobia" y ha denunciado que "esta madrugada han empezado los primeros sabotajes a pisos turísticos alertados por la propuesta de hace unos días de la CUP".
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