Fuenlabrada tendrá un centro de primera acogida para menores migrantes. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid ha decidido que las obras en La Cantueña continúen debido a la "presión migratoria en alza" que hay en la región y a la situación de desbordamiento de los recursos de atención. De esta forma, la justicia suspende el decreto que dictó el Ayuntamiento del municipio para clausurar el centro e impedir los trabajos y permite que la Comunidad de Madrid continúe con la habilitación de las instalaciones.
"La continuidad de las obras se juzga beneficiosa para el interés general, dado que permitirá proporcionar asistencia básica vital a unos menores en situación de desamparo materia", argumenta el juzgado. En el auto se expone que las obras no comprometen el uso público del espacio, ya que el edificio está deteriorado y en él "no se lleva a cabo actividad alguna desde hace décadas". Por ello, el juez descarta las razones planteadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada para decretar la paralización de las obras.
Tras recibir las alegaciones de ambas partes, el auto expone que el decreto municipal podría causar un prejuicio de difícil reparación para los menores que lleguen en los próximos meses a la región "dentro de un contexto de intensificación de presión migratoria y falta de recursos". Para el juzgado, los intereses que el Ayuntamiento esgrima "deben ceder" en favor de los intereses de la Comunidad de Madrid.
"Necesitamos esos recursos y eso es lo que ha dicho el auto, que existe una necesidad de incorporar recursos por la grave crisis migratoria que estamos sufriendo", ha declarado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, este viernes tras conocer la noticia. La consejera ha detallado que trabajan en un proyecto de actividades para que los vecinos de Fuenlabrada y Parla puedan acudir La Cantueña.
La disputa entre administraciones se produjo por el uso de las instalaciones donde se pretende ubicar el futuro centro de menores. El Ayuntamiento cedió el espacio hace 20 años a la Comunidad de Madrid para crear un centro de difusión ambiental que nunca se llegó a materializar. Ahora, debido a la llegada de más de mil menores migrantes no acompañados este año, el Gobierno regional decidió aprovechar las instalaciones para habilitar cien plazas de atención y así descongestionar el conjunto de la red.
Ante esto, el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Francisco Javier Ayala, decretó el pasado 19 de marzo la paralización de las obras y la clausura del centro. Sin embargo, el Gobierno Regional recurrió la orden y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid suspendió de manera cautelar la decisión del Consistorio hasta resolver el fondo del conflicto.
El auto del juzgado no entra a valorar quién debe ostentar la propiedad de La Cantueña. Sin embargo, el Contencioso-Administrativo manifiesta que el caso de que se determine que la propiedad de las instalaciones debe revertir de nuevo en el Consistorio, "este recibiría un inmueble remodelado y en condiciones de utilización considerablemente mejores que las que ahora presenta".
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