El Gobierno defiende la aplicación de la ley de amnistía después de que el juez Joaquín Aguirre, magistrado del caso Volhov, haya pedido al Tribunal Supremo investigar por alta traición y malversación al expresidente catalán Carles Puigdemont por la supuesta injerencia rusa en el procés. "Creo que la amnistía es muy clara y, en particular, con los delitos que se están hablando en este procedimiento", ha manifestado este viernes el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios en Zaragoza, en las que ha instado aplicar la medida de gracia con "literalidad" y respetando la voluntad del legislador.

Pocos días antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía, la Audiencia de Barcelona impidió al mismo juez seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo en Rusia, en una causa que apuntaba al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de alta traición. Ahora, y con la amnistía ya en vigor, Joaquín Aguirre pide al Tribunal Supremo implicar, entre otros, a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas.

Al respecto, Bolaños ha remarcado el pronunciamiento de la Audiencia de Barcelona, anulando "parcialmente" la investigación, que ahora ha vuelto al Juzgado de Instrucción. Además, puntualiza que los casos en los que se excluye la alta traición de la ley de amnistía son "clarísimos", en alusión a que solo quedan fuera de su alcance aquellos en los que haya una amenaza "real y efectiva" del uso de la fuerza contra la "integridad territorial" o la independencia política de España en los términos establecidos en la Carta de Naciones Unidas. 

"Lo que hace [la amnistía] es reflejar y estar en línea con la Carta de Naciones Unidas, ni más ni menos", ha señalado Bolaños, que espera que "funcione" el Estado de Derecho y la separación de poderes en este sentido y que cuando el Congreso apruebe las leyes de forma "democrática", los jueces las apliquen.

"En este sentido, estoy convencido que los jueces y tribunales de este país aplicarán la literalidad y lo que el legislador ha querido con la ley de amnistía", ha remarcado.

En concreto, el juez ha abierto una nueva pieza para investigar, a instancia del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores, además de las actividades realizadas por éstos que, a su juicio, habrían facilitado la infiltración de ciudadanos rusos en territorio español para "influir" en las estructuras financieras y en actividades de "desinformación, desestabilización, y alteración de la paz social".

Se investiga por ello hasta a 11 personas, entre los que se encuentran el jefe de gabinete de Puigdemont y a su abogado, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye, respectivamente; el diputado Francesc de Dalmases; la exconsellera Elsa Artadi, y el exencargado de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas, entre otros.

El juez se centra en una conversación en la que se mencionaba a "10.000 soldados rusos" para ayudar a Cataluña a conseguir la independencia.